Trama política
La causa sobre lavado de dinero K tomó un ritmo inesperado. El juez Casanello recibió un correo de aliento desde el Vaticano. Pero tuvo en cuenta la crispación social por la corrupción.
• Eduardo van der Kooy
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El kirchnerismo maldice ahora contra Sebastián Casanello.
El juez llegó a su sillón impulsado durante los tiempos de apogeo de La Cámpora. Valdría recordar su recorrido: se presentó en concurso para cubrir cuatro vacantes en los juzgados federales de primera instancia. Quedó en el último lugar de la lista que confeccionó el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el dedo de Cristina Fernández lo empinó. El espaldarazo se lo terminó brindando el acuerdo del Senado. No hizo daño a los K mientras gobernó la ex presidenta. Ahora revuelve la ruta del dinero kirchnerista y acumula pruebas sobre lavado de dinero en la “década ganada”. Leonardo Fariña es en ese esquema un engranaje vital. Encarceló además, de modo sorpresivo, a Lázaro Báez antes de su declaración.
Ese viraje de Casanello no constituye una excepción. Son muchos los jueces dispuestos a acomodarse al nuevo tiempo político. Aunque algunos no tendrían salvación. Ya renunció Norberto Oyarbide, razón de un pequeño cisma en Cambiemos. Elisa Carrió pretendía su enjuiciamiento. Mauricio Macri prefirió sacárselo de encima. La lupa estaría posada ahora mismo sobre Rodolfo Canicoba Corral. Había prometido, luego de lograr el nombramiento de su hijo en la Justicia, solicitar la jubilación. Pero corcovea.
Casanello orilla apenas los 40 años y tiene entre manos una de las dos causas de corrupción más trascendentes del kirchnerismo. La otra reposa todavía en la oficina del tímido Daniel Rafecas: es la de Hotesur, la empresa que administra la cadena hotelera de la familia Kirchner en El Calafate. Entre una y otra existe el mismo hilo argumental: la sospecha sobre lavado de dinero. Para aliviar su mochila Casanello desechó otra carga: sobreseyó a Macri en la causa por las escuchas ilegales.
Ese juez seguiría cultivando, a diferencia de varios de sus colegas, una vida pública y privada austera. Habría observado con entusiasmo los cuatro años de gestión de Néstor Kirchner. Nadie sabe asegurar si tal entusiasmo se enfrió con el segundo ciclo de Cristina. No hizo, al menos, ninguna demostración explícita. Tampoco poseería vías de conexión desmalezadas con el macrismo. ¿Qué habría producido entonces su súbito cambio de conducta? ¿Un brote de conciencia para paliar la corrupción en la Argentina infectada?
Casanello habría tenido dos estimulantes. La divulgación de los videos en los cuales apareció el hijo de Lázaro, Martín Báez, contando millonadas de dólares presuntamente mal habidos junto a varios compinches. Una imagen que generó enardecimiento en la opinión pública y despertó sed de venganza. El juez tenía la causa domesticada desde el 2013. Pero el motor verdadero habría sido un mensaje enviado desde el Vaticano por Francisco, el Papa. Su correo fue el legislador porteño Gustavo Vera, de la ONG La Alameda, amigo personal de Su Santidad. Casanello y Vera se encontraron.
Vera habría transmitido primero una invitación. La posibilidad de que el magistrado participe a comienzo de junio en un congreso sobre justicia, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado. Lo inaugurará el propio Francisco en la Academia Pontificia de Ciencias. Casanello se tiró de cabeza. Formará parte de un grupo selecto que integrarán también Ricardo Lorenze-tti, titular de la Corte Suprema, María Servini de Cubría y otros jueces y fiscales que no parecieran haber sido elegidos al azar. Figurarán en la comitiva Federico Delgado, que tiene imputado a Macri por el llamado Panamá Papers, y Carlos Vera Barros, juez federal de Rosario. Narcotráfico, corrupción y lavado de dinero van de la mano la mayoría de las veces.
Esa enunciación sería posible escucharla también con frecuencia en boca del Papa. El pensamiento fue transmitido por Vera a Casanello. Amén de otros menesteres en los cuales ocupa su tiempo el legislador porteño. La entrega de bendiciones papales, de rosarios y estampitas con la imagen de Francisco. En la confección de aquel listado participó Vera. Hizo rondas con dirigentes políticos oficialistas y opositores para escuchar opiniones.
Casanello sintió de manera inequívoca las espaldas cubiertas a resguardo de cualquier furia kirchnerista. O de las maniobras que pudiera ensayar el macrismo para que este reverdecer de la transparencia judicial no se convierta en un búmeran contra una realidad, por infinidad de motivos, endemoniada. El juez habría empezado a aplicar una de las hipótesis de Francisco en la causa de la ruta del dinero K. ¿Cuál sería? Que gran parte del lavado de dinero se habría concretado con fondos extraídos del Estado. Hurtados a la sociedad. Por otro andarivel correría la cuestión del narcotráfico.
Después de las aluvionales confesiones del valijero Fariña, el juez Casanello hizo una primera composición de lugar. Báez habría constituido sólo uno de los “plataductos” organizados por el kirchnerismo. Quizás el más voluminso. Pero de ninguna manera excluyente. Estaría obligado a rastrear también en cada provincia y en cada gobernador. En todos los casos el origen de los fondos habría tenido una misma usina: el ex ministerio de Planificación que durante los doce años ejerció Julio De Vido. El hombre que adquirió fueros con su diputación. La gigantesca recaudación habría provenido, sobre todo, de la obra pública. Pero de otras yerbas también. A raíz de esa conclusión, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó su imputación en la causa de la ruta del dinero K. Junto a Cristina. Son brasas que arden en las manos de Casanello.
El juez recibió una advertencia que le impediría trastocar esa trama. La Sala II de la Cámara Federal le aconsejó con firmeza que no circunscriba la investigación de Báez al dinero que apareció apilado en los videos. Que hurgue también en posibles escondites o cuentas bancarias camufladas aquí y en el exterior. Eduardo Farah, Martín Irurzun y Horacio Cattani sospecharían que el del empresario K estaría lejos de ser el único apellido clave de la historia.
La tarea de Casanello y Marijuan no es menuda. El magistrado y el fiscal escucharon, a veces con incredulidad, el pormenorizado relato de Fariña que enchastró bastante a la propia Cristina. El valijero tiró otros nombres que estarían tiñendo la historia de Báez con un matiz tenebroso. Habló de Jorge Chueco, abogado influyente en los negocios del empresario K. Los funcionarios judiciales lo tenían apuntado. Ese hombre desapareció bajo un manto de misterio en Misiones. Los dichos de Fariña servirían para reponer algunas anécdotas que circularon como ráfagas las semanas posteriores a la muerte de Kirchner, en octubre del 2010. Podrían dejar de ser anécdotas. Encajarían como piezas de una maquinaria que funcionó de manera insaciable sólo para acumular fondos. Destinados al financiamiento de la política o al enriquecimiento personal. O a ambas cosas. Esa mañana de la tragedia –se narró– una camioneta que había recogido fondos de la ANSeS y se dirigía a Río Gallegos detuvo la marcha en una estación de servicio de Bahía Blanca, al enterarse sus conductores del deceso del ex presidente. Pidieron instrucciones y continuaron viaje. Otro episodio meneado por entonces fue la visita del ex secretario de Kirchner, Daniel Muñoz, tocado ahora por el Panamá Papers, a la casa de Cristina, días después del entierro. Habría sido para mostrarle una libretita en la cual, al parecer, existían registros de fondos ocultos. La fiscalización corrió por cuenta de Máximo, el hijo de la ex presidenta, atrapado un instante por un ataque de ira. Al punto que esa libreta habría volado por el aire. En tal contexto fue convocado Báez para que aportara mayores precisiones.
Nadie en la Justicia está todavía en condiciones de calibrar hasta dónde el escándalo que cobró vuelo por los videos y las confesiones de Fariña podría desmoronar a la familia Kirchner. El tiempo que insumirá el desarrollo de la engorrosa investigación parece una ventaja con que contaría aún Cristina. De allí su reaparición pública desafiante para afrontar un mal comparativamente menor: la causa por la venta del Banco Central de dólares a futuro, en el final de su mandato.
La ex presidenta prefirió no enfrentarse con Claudio Bonadio, pero lo denostó con una declaración escrita. Y lo recusó. El juez sabía que eso iba a suceder. Quizá no imaginó la recriminación previa que también le formuló la Sala II de la Cámara Federal por el manejo de aquella causa. Lo disminuyó políticamente. Bonadio venía bosquejando argumentos para considerar si podría caberle el procesamiento a Cristina. Ahora habría preferido detenerse en la recusación que le formuló ella misma.
Cristina aprovechó la excusa de la citación para abandonar el largo refugio en el Sur –desde el 10 de diciembre– e intentar rehacer un liderazgo que está internamente en tela de juicio. Modeló su teatro en Comodoro Py ante un gentío tradicional, congregó a sus diputados aún leales y a dirigentes de organismos de derechos humanos. Pero fue notoria también su lejanía con el peronismo. Que en sus dos mandatos, mansamente, le ofreció soporte para gobernar.
Cristina llamó a construir un frente ciudadano para resistir contra Macri. Un telegrama poco alentador para el PJ. La novedad podría estrellarse a lo mejor contra su falta de destreza. Cuando manejó el poder del Estado fracasó en cada armado político. La derrota del 2015 sería una demostración elocuente. ¿Cómo se las arreglaría ahora, desde el llano?
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