Fecha: 03/11/16
Muchos militantes de la Resistencia peronista solían explicar que, cuando apelaban a la violencia contra la dictadura apodada Revolución Libertadora, ejercían violencia contra las cosas y no contra las personas. Los “caños” trataban de dañar edificios o monumentos pero no herir ni matar. La referencia a sesenta años atrás puede parecer historia antigua: a los fines de esta nota se resalta que esa lucha se entablaba contemplando una escala de valores (la vida o la integridad física son más importantes que la propiedad).
Los códigos penales contemporáneos en países capitalistas de Occidente defienden acendradamente la propiedad privada sin dejar de jerarquizar, en general, la vida como más importante. Las penas por homicidio, simplificamos, tienden a ser más severas que las de hurtos o robos.
La valoración social de los derechos vulnerados ilegalmente muda o se rectifica en diferentes etapas: en el siglo XXI, en la Argentina y otras comarcas se castiga con mucha severidad los delitos sexuales o la violencia de género. Una ética compartida organiza ese esquema. Por si hace falta aclararlo: este cronista la comparte.
En la esfera de la opinión pública y usualmente en medios dominantes se razona (y ranquea) distinto. La propiedad raya muy alto, a menudo sobre la vida misma. La igualdad ante la ley se relativiza o suprime: los juicios de valor sobre quienes son sospechosos varían según su clase, condición social, color de la tez, país de origen. Cada una de esas selectividades contraviene los principios de la Constitución, lo que no se percibe como un obstáculo.
Si una persona considerada “normal”, “de bien” mata a un “delincuente” la vindicta pública se inclina, con frecuencia a justificarla a priori, cuando no a ensalzarla. “Mató a un chorro, en defensa propia” se transforma en algo distinto a un eximente o atenuante que debe probarse sino a una argumentación de autoridad que no debe ser corroborada. La defensa propia debe estudiarse caso por caso, se sustituye ese criterio igualitario y casuista por una presunción que no admite prueba en contrario.
Otro tanto sucede si un conjunto de personas enardecidas lincha a un ladrón o arrebatador. Son héroes civiles, no ciudadanos cuya conducta debe ser analizada, con imparcialidad, por los Tribunales.
La libertad personal es otro bien jurídico importante, que las dictaduras agreden con frecuencia. Penosamente, durante la democracia recuperada hay miles de personas privadas de libertad durante años sin condena, transformando una excepción en tendencia masiva. El tremendo caso de Fernando Carrera, resuelto hace días por la Corte Suprema, es un ejemplo llamativo aunque para nada único.
En general, las presas y presos sin condena pertenecen a un estamento social, considerado sospechoso (filo culpable) por su apariencia o el lugar en donde vive. La praxis, perversa, no comenzó con la llegada al gobierno del presidente Mauricio Macri, para nada.
Durante los gobiernos kirchneristas hubo tensiones internas, hasta intra gubernamentales, entre funcionarios garantistas y preocupados por corregir o atenuar esos males y compañeros mano dura. O entre reparticiones con orientaciones diferentes La ex ministra Nilda Garré por ejemplo y el ex secretario Sergio Berni, fueron ejemplos de las dos posturas. El ministro del gobierno provincial de Daniel Scioli, Ricardo Casal, no hubiera tenido discrepancias con el macrismo en ese aspecto.
Este conflicto no existe dentro Cambiemos, una fuerza de derecha homogénea en lo económico, lo social y la política criminal.
Milagro Sala es presa política desde hace meses. Se parece mucho a encarceladxs sin condena pero se la privó de libertad como escarmiento por su militancia social, también como aviso para lo que podía esperar a otras personas que se movilizaran en defensa de derechos.
El senador Ernesto Sanz lo reconoció: se la detuvo para proteger “la gobernabilidad”. Traduzcamos: lo que su correligionario radical, el gobernador jujeño Gerardo Morales interpreta como gobernabilidad. Un motivo que nada tiene que ver con la competencia de los tribunales: una decisión política, autoritaria, sin arraigo legal.
El dispositivo montado el lunes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en las inmediaciones de los tribunales federales respondió a una lógica similar. Una cohorte de uniformados prepeó a personas que se manifestaban pacíficamente. Las empujaron con escudos, las prepearon. Lastimaron a la diputada nacional Juliana Di Tullio. Uno imagina que en el “mundo”, que tanto se alaba, sería un escándalo. Para los medios dominantes y sus intelectuales orgánicos no tuvo interés.
Bullrich, que gusta disfrazarse poniéndose uniformes o pecheras (tal vez un revival de sus años juveniles), justificó la barbarie aduciendo que el control de la calle es del Estado y no de la militancia. Colemos dos líneas sobre como usa el oficialismo la palabra “militancia”: como sinónimo de delincuentes, muertos civiles a los que se puede golpear, despedir arbitrariamente y varios etcéteras. Volvamos al eje de esta columna.
La calle, el espacio público en general es territorio de la sociedad civil, para transitarlo, expresarse y manifestarse en libertad.
El control abusivo y violento escapa a las prerrogativas del Estado y del gobierno. Dejarle manos libres a las fuerzas de Seguridad es promover la represión. Quienes formaron parte del equipo del presidente Fernando de la Rúa deberían saberlo y recapacitar acerca de cómo terminó su noción de orden.
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En Comodoro Py se sustancian pilas de causas contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el oficialismo se discute, con alta dosis de cinismo, si conviene o no que Cristina vaya presa. Charlas de quincho, mesas de arena, consultas de encuestas. Los operadores judiciales y los magistrados aliados (que los hay en todas las instancias del Poder Judicial) esperan atentos dictamen oficial.
La diputada Margarita Stolbizer, aliada culposa del Gobierno, franqueó la lógica del debate. Si Fernández de Kirchner llega a estar libre en 2019 existe el riesgo de que gane las elecciones. Si eso no es proscripción latente, la proscripción donde está…
La sinceridad de Stolbizer y de Sanz, menos guionados que los voceros habituales de PRO, explica las desviaciones institucionales del Gobierno. Sus tres objetivos principales por ahora son Cristina, Milagro Sala y la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Tres mujeres, redundemos, a las que se quiere correr de escena sin apego a derecho. Esa coincidencia de género también remite a la escala de valores del oficialismo, cuyos preocupantes derrapes a la violencia física son congruentes con sus designios a mediano y largo plazo.
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