CORRUPCIÓN: ¿Y AHORA QUIÉN PODRÁ DEFENDERNOS?
Fernando Laborda 01 de julio de 2011
Desde un principio, la dimensión del escándalo por las viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo residió en algo mucho más grave que la supuesta existencia de un administrador infiel. Lo verdaderamente terrible del caso es que hay fondos públicos que fueron a parar adonde no debían ir, que no fueron controlados ni auditados por nadie y que, como si nada hubiese pasado, todavía se le siguen girando desde el Estado a la organización que no supo, no pudo o no quiso administrarlos como se debía. Frente al escándalo, existe una sensación generalizada de que el Gobierno intenta desligarse de cualquier responsabilidad, que los órganos de contralor no están para controlar nada, sino para encubrir todo lo que se pueda y que el principal juez a cargo de la investigación, a quien la suerte siempre favorece en los sorteos de causas comprometedoras para el kirchnerismo, está cometiendo todos los errores necesarios para que, en un futuro no muy lejano, prosperen diversos pedidos de nulidad de las actuaciones judiciales.
Para colmo, quienes podían aclarar algo las cosas, como los intendentes cuyos distritos tienen contratos para la construcción de viviendas a cargo de la fundación presidida por Hebe de Bonafini, acordaron callarse y no presentarse a la convocatoria que les realizó la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados.
Como en la vieja serie mexicana en la que el popular Roberto Gómez Bolaños encarnaba al Chapulín Colorado, cabe preguntarse: "¿Y ahora quién podrá defendernos?".
La Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, por iniciativa de legisladores de la oposición, tomó el toro por las astas y le encargó a la Auditoría General de la Nación , dependiente del Poder Legislativo, un informe integral sobre las transferencias de fondos públicos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para el programa de viviendas sociales denominado Sueños Compartidos.
Los representantes del oficialismo, al ser minoría en la comisión, acompañaron el pedido de la oposición para no quedar en offside y pagar un eventual costo político.
Pero no hay muchas esperanzas de que la Auditoría General de la Nación, presidida por un representante de la oposición como el radical Leandro Despouy, pero dominada por el oficialismo, pueda emitir un dictamen contundente contra funcionarios del Gobierno.
Uno de los principales argumentos del gobierno nacional es que las obras a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo debían ser auditadas y controladas por las autoridades de los municipios. Desde algunas intendencias, sin embargo, se dejó trascender que eran las autoridades nacionales las que les imponían qué obras desarrollar y a quién contratar para hacerlas, a cambio de aportar los recursos del Estado nacional.
Según especialistas en obra pública, la eficacia de un plan de viviendas sociales no depende de que la gestión sea pública, privada o a cargo de organizaciones no gubernamentales, sino de la calidad de la administración de los fondos que se aplican y de la transparencia en la operatoria. El problema se presenta cuando, al transferirse fondos públicos a entidades de naturaleza no estatal, que no están sujetas a las pautas de contratación y control que rigen en el Estado, se producen desvíos escandalosos, como en el caso que nos ocupa.
En cualquier caso, nadie puede usar el escudo de los derechos humanos para brindar impunidad frente al delito a funcionarios o a otros responsables de la organización que deberían ser investigados.
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