TEHERÁN ESCONDE LA VERDAD
Andrés Cisneros
Para LA NACION   19 de julio de 2011
La respuesta iraní es obvia, pero, al mismo tiempo, asombrosa. Si no se tratase de un tema tan grave, el comentario se prestaría a la ironía. Afirma ese comunicado: "El gobierno de Irán se ha cerciorado de que ningún ciudadano iraní estuvo implicado, directa o indirectamente, en la explosión de la AMIA". Hasta el último censo, Irán contaba con 65.875.223 habitantes y parece que sus autoridades ya los han investigado a todos, incluidos los que se mueven muy activamente fuera de su territorio. No se conocía la existencia de una pesquisa tan exhaustiva y, sobre todo, tan concluyente: la nota oficial no manifiesta que, hasta ahora, hasta aquí, no ha encontrado elementos que permitan acusar a ninguno de sus ciudadanos, sino que es terminante, ya que parece que ningún ciudadano iraní estuvo implicado. Y punto final.

Una certeza tan absoluta por la negativa sólo puede manifestarse si se conoce la respuesta por la afirmativa. Si Teherán se exhibe tan concluyente, sólo puede ser a causa de que sí conoce la identidad de quienes efectivamente perpetraron el atentado. Para afirmar algo de manera tan concluyente, se tiene que estar previamente en posesión de datos e informaciones que Irán nunca nos ha facilitado ni a nosotros ni a las Naciones Unidas, organismo en el cual eligió presentar esta nota, en la que acusa a la Argentina de numerosas violaciones del derecho diplomático, entre ellas la escucha de comunicaciones de la embajada iraní en Buenos Aires.
Se comprende que la posibilidad, no probada, de que se hubieran investigado las comunicaciones de sus representantes haya producido una especie de shock ético en el gobierno iraní, que, de todas maneras, atribuye a nuestras autoridades el "haber colaborado con grupos terroristas, en particular con la conocida Organización Mujaidines", a la que el gobierno argentino, además, le ha "prestado apoyo financiero". Todo, según Irán, en una sociedad como la nuestra, en la que se violan los derechos de las personas "sobre la base de su nacionalidad y religión", como aparentemente sucedería con "la comunidad musulmana, que continúa aislada y discriminada en la Argentina".
Puntillosamente, nos recuerda: "No existe un instrumento vinculante sobre cooperación judicial [entre ambos gobiernos]", e indica que la Argentina "se ha negado sistemáticamente a negociar un marco jurídico de cooperación en cuestiones judiciales". Alguna concepción ideológica está mostrando el orillo: lo que esos instrumentos vinculan es a los Estados, que son (o deberían ser) distintos de los gobiernos. Irán no necesita de esos convenios para cumplir sus obligaciones con la resolución 1373/Sep. 2001 y concordantes de las Naciones Unidas, obligatorias conforme el Capítulo VII de la Carta de la ONU, que compromete a los países miembros a colaborar en la lucha contra el terrorismo.
Si uno hace a un lado nuestro indigno papel en el caso Apablaza, nadie en su sano juicio va a creer que el gobierno argentino protege a terroristas o financia a los mujaidines, pero, para tranquilidad de sus adherentes, cabe consignar que esa organización, propia de la política interna iraní, fue oportunamente declarada no terrorista por el más alto tribunal de la Unión Europea y, consecuentemente, no es tenida por tal ni en las Naciones Unidas ni en los Estados cuya organización institucional y jurídica los argentinos respetamos. No ocurre lo mismo en Irán, claro.
No todo es malo: este comunicado podría indicar la voluntad iraní de reanudar un diálogo. Pero la generosa oferta de la Presidenta para encausar a los sospechosos en la justicia de un tercer país subsiste sin respuesta de Teherán.