SIN POLÍTICAS CONTRA EL LAVADO
Sábado 17 de septiembre de 2011
El Gobierno sigue sin mostrar una verdadera voluntad de luchar contra el reciclado de dinero de origen ilegal
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados inició el análisis del proyecto correctivo de la ley que reprime el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo con objeto de alcanzar un despacho de comisión antes de las próximas elecciones presidenciales.

Cabe recordar que un trabajoso acuerdo parlamentario destrabó en mayo pasado una reforma del sistema vigente con el propósito de evitar que nuestro país fuera sancionado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En esa oportunidad todo el arco opositor decidió facilitar la sanción de la ley para evitar castigos que afectaran la situación argentina en los mercados internacionales, a cambio de la incorporación de nuevos sujetos obligados a reportar operaciones inusuales o sospechosas y la prohibición de actuar como querellante para el director de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Sin embargo, el acuerdo alcanzado en la comisión fue efímero. En el recinto, a instancias de un grupo de diputados del oficialismo en el cual se destacaba el principal asesor de Hugo Moyano, Héctor Recalde, se eliminaron los sindicatos, partidos políticos y obras sociales como sujetos obligados y, al promulgar la ley, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mediante un veto, restituyó la facultad de querellar a la UIF.
En medio del debate parlamentario, el kirchnerismo eliminó otros sujetos exigidos por el organismo internacional, como las remesadoras de fondos y las loterías, entre otros, al tiempo que tornaba particularmente gravoso el deber de informar para los profesionales en ciencias económicas. Del mismo modo, se obligó a las empresas automotrices a brindar información de muy difícil cumplimiento, por cuanto buena parte de sus proveedores y clientes son del exterior. En tanto, entidades bancarias y aseguradoras, al igual que el Colegio de Escribanos, han cuestionado por inconstitucional la doble imposición de multa por una misma conducta, en tanto se procura sancionar al oficial de cumplimiento en solidaridad con todos los directores y a la persona jurídica a la cual pertenecen.
Tamaño desaguisado parlamentario exigió el impulso de la ley correctiva que hoy se encuentra en tratamiento.
Por su parte, los empresarios organizados en el Grupo de los Seis exhibieron una súbita preocupación por la posibilidad de mayores obstáculos a las operaciones financieras y cambiarias, y enviaron una misiva al presidente del GAFI en la que ponderan las pseudoiniciativas y los avances del kirchnerismo en la materia.
Las situaciones descriptas revelan la compleja situación de la Argentina con vistas al próximo plenario del GAFI.
A estas alturas del debate, y reseñando los acontecimientos del último año, debemos preguntarnos si es intención del Gobierno perseguir y sancionar las prácticas de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo o se trata de meras y nuevas formalidades legales sin compromiso efectivo con la problemática internacional. Se desconoce si un nuevo acuerdo parlamentario quedará a salvo de un veto presidencial y si finalmente serán recogidas las inquietudes de los sectores involucrados que necesariamente deben colaborar con los objetivos propuestos.
La realidad nacional no se desenvuelve en compartimentos estancos. Debe ser observada en cada una de sus manifestaciones, y en tal sentido debemos recordar la amenaza de paro general frente a un requerimiento de información financiera respecto del titular de la CGT o las declaraciones efectuadas por el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni en ocasión de hacer un descargo por la inexplicable circunstancia de que inmuebles de su propiedad fueran utilizados para ejercer la prostitución. En palabras de este magistrado, el GAFI pretendía perjudicar a su persona o al país, ya que en razón de las normas emanadas de dicho organismo fue obligado a cerrar una cuenta en un banco suizo por no haber informado que era una persona políticamente expuesta.
En otro ámbito público no menos oprobioso se produjeron las declaraciones de Sergio Schoklender al acusar a la titular de la fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, de poseer cuentas bancarias en el exterior con depósitos millonarios y no declarados a la AFIP y la imputación de haber financiado con fondos públicos la campaña del ministro de Economía y candidato a vicepresidente, Amado Boudou. El ex apoderado de la fundación informó que puso a disposición del juez Norberto Oyarbide la documentación que respalda su denuncia sin que ello provocara actividad procesal alguna tendiente a corroborar tales imputaciones.
Tampoco la Justicia ha demostrado interés en averiguar cómo se financiaron los gastos de la campaña proselitista de la Presidenta en 2007.
En definitiva, nuestro país se debe un debate serio en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que establezca objetivos concretos, dicte regulaciones razonables, organice un organismo de control independiente del poder político, con personal idóneo, conducido por un funcionario probo y capaz que aplique la ley a todos y resguarde la información colectada. Las acusaciones gravísimas que se realizan a diario contra funcionarios del Gobierno y la pretensión de que un rotundo resultado electoral favorable los exima de la obligación de responder ante la Justicia, como la indemnidad garantizada por la inacción de jueces que se comportan como cortesanos del Poder Ejecutivo, sólo contribuyen a deslegitimar la democracia y menoscabar las alicaídas instituciones de la República.