ESTO QUE PASA Argentina, un país intoxicado de desequilibrio geopolítico
Fecha Publicación: Viernes, 18 de Noviembre de 2011
El Gobierno central se maneja con las provincias y con el distrito autónomo de la ciudad de Buenos Aires con una sorprendente unidireccionalidad en el manejo de su palanca todopoderosa, la asignación discrecional de los presupuestos
Todo comienza y termina aquí, lo bueno y lo malo, lo lógico y lo irracional. Solo cuando (algún día) la Argentina reconfigure un nuevo mapa del poder y recursos, este país con dimensiones de mediana potencia eventual, merecerá ser considerado como una nación integrada al mundo.
Por ahora, y al estar con los avatares de la agenda cotidiana, las palpitaciones galopantes o cansinas de la Capital Federal revelan que esta cabecera del embudo metropolitano evidencia su potencia distorsiva.
Esa distorsión macrocefálica se advierte a simple vista, empezando por la lógica demencial de un esquema de transporte aéreo y fluvio-marítimo que concentra su logística en un radio que no supera los 10 km desde la Casa Rosada.
Colapsada ya de manera crónica la circulación vehicular metropolitana, una foto desde un helicóptero revela la sin razón de una realidad funcionalmente bloqueada. El país entero puede infartarse si alguien o algo cortan simultáneamente sólo dos o tres nudos de superficie que vinculan el río de la Plata, el aeroparque y los accesos que vinculan a la Capital con el resto del país.
Concentrado el macizo estratégico aeroportuario en un nudo cada vez más saturado de cintas de asfaltos y pasos ferroviarios a nivel, la producción, el comercio y los desplazamientos de personas están a merced de im-ponderables. Un piquete de sindicalistas, un cierre parcial del aeroparque o un bloqueo del acceso al puerto, condenan al caos en pocas horas a una economía que desemboca en la Capital Federal como un trágico embudo.
En vísperas de 2012, la Argentina es un país intoxicado de desequilibrio geopolítico. Si esta certeza se apoya en las realidades de una ciudad en donde se concentra y decide todo lo estratégico, la direccionalidad del poder político ha incrementado hasta la desmesura la conducción vertical del país.
La propia Capital Federal es rehén de un modo de mandar que implica la liquidación de las autonomías más elementales.
Días atrás, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri ha venido tratando de metabolizar la decisión de la presidenta Cristina Kirchner, de entregarle la administración de los subtes y el Premetro. Eso sí, todo fue de golpe, sin mucho debate, y -claro- sólo con menos de la mitad de los recursos económicos para costearlo.
Fue un caso más del kirchnerismo de libro de texto, proverbial y blindado: el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, desembarcó en los nu-merosos medios que maneja el Gobierno para anunciar la “decisión”, cuando Macri recién se anoticiaba de la movida al ser citado por los ministros Amado Boudou y Julio de Vido.
El Gobierno central se maneja con las provincias y con el distrito autónomo de la ciudad de Buenos Aires con una sorprendente unidireccionalidad en el manejo de su palanca todopoderosa, la asignación discrecional de los presupuestos.
Obliga a los gobiernos locales a pulsear, negociar y conceder, nada da porque corresponda, sino como parte de un trapicheo.
Gobiernos peronistas, como el de Juan Schiaretti en Córdoba, son dejados “stand by” por la Casa Rosada, con fondos legítimos de la provincia, retenidos a cambio de alineamiento político. Ni el bonaerense Daniel Scioli se libra del implacable torniquete oficial.
Macri, por ejemplo, tuvo que firmar recientemente, en disidencia parcial, el dictamen oficial de Presupuesto 2012 del Gobierno en una comisión de la Cámara de Diputados, y además se vio obligado a darle la luz verde en el Consejo de la Magistratura a una lista de candidatos a vacantes delicadas y estratégicas en juzgados federales vacantes.
La asfixiante centralidad del poder ejercido desde la Casa Rosada se revela en el sufrimiento de las provincias argentinas que dependen del servicio de Aerolíneas Argentinas, la empresa manejada por La Cámpora y cuyos conflictos seriales con sus numerosos sindicatos son permanentes.
Cada una de las crónicas y ya sistemáticas demoras y cancelaciones de vuelos, repercute de manera directa y muy grave en las cabeceras de provincia para las que a menudo, la falta de conectividad aérea confiable implica aislamiento y perjuicios.
Desprovista de toda elemental autonomía administrativa y enganchada al pulmotor oficial, sin cuya manguera de recursos abierta no podría subsistir un día, la nomenclatura política que maneja hoy Aerolíneas Argentina debe reportar a la Casa Rosada, donde Juan Manuel Abal Medina funciona como el comisario “responsable” de las prácticas cotidianas de Mariano Recal-de, el titular formal de esta económicamente inviable compañía.
Todo empieza y todo vuelve a un círculo muy estrecho en el que no siempre abunda la profesionalidad técnica a secas.
Un caso similar es el del Banco Central, cuya presidenta, Mercedes Marcó del Pont, ha tolerado la ignominia de ocupar un puesto tan delicado, sin que el oficialismo haga designar por el Se-nado, al solo efecto de que siga siendo una funcionaria dependiente de los hu-mores puntuales del Ejecutivo.
El problema que se agrava con esta forma de gobernar al país no deriva solo del agobiante peso que supone para las provincias y municipalidades el constante apremio de vivir temiendo las imposiciones y caprichos del gobierno central, sino también del pernicioso efecto de esta manera de gestionar sobre el conjunto de la vida nacional.
Con un plano inclinado en dirección a la Casa Rosada, la Argentina se va habituando a que las nuevas promociones de funcionarios y administradores to-men como natural el modo imperial de gobernar, que consiste en establecer vasallajes.
Lejos de las ensoñaciones federales y su folklórico legado, la Argentina es hoy un país fuertemente unitario, un vasto territorio nacional donde todo lo que importa se resuelve a pocas cuadras del puerto.
Los datos analíticos sobre la cantidad de siniestros registrados en 2010 en el país por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, revelan que Santa Cruz es la segunda provincia más beneficiada de la Argentina, detrás de Corrientes. Santa Fe, el distrito con la mayor cantidad de accidentes registrados recibirá, casi $23.000 por siniestro, mientras que Santa Cruz recibirá $423.000 por cada uno de ellos.
Además, en 2012, Santa Cruz recibirá $7.566 para obras viales por cada vehículo matriculado en la provincia, mientras que la provincia de Buenos Aires, con el mayor parque automotor del país, sólo recibirá migajas: $306 por ro-dado.
Además, el Presupuesto 2012, que el Congreso debería aprobar dentro de pocos días, convierte a Santa Cruz en la segunda provincia más premiada con el dinero de Vialidad Nacional, sólo su-perada por Buenos Aires: la provincia de los Kirchner ha sido galardonada con $1.017 millones.
Eso quiere decir que los 272.524 santacruceños (censo de 2011), que son el 0,68% de la población argentina, recibirán el 11% de lo entregado por la Nación a los 24 distritos, que suma $ 9.293 millones.
Son números que cancelan toda especulación: hablan por sí solos. En materia de ejecución del gasto, reina también la arbitrariedad más impresionante: entre 2004 y 2011, Santa Cruz recibió más dinero de Vialidad de lo que marcaba el Presupuesto Nacional. En 2007 y 2008, la provincia austral recibió 416% y 224% más, respectivamente, de lo que el Congreso había decidido.
El gasto previsto para 2011, finalmente no aprobado por el Congreso, fijaba $521 millones para Santa Cruz, pero a la hora de redactar esta columna, ya se habían gastado $747 millones de Vialidad, superando incluso a la provincia de Buenos Aires. Entre 2004 y 2011, la Casa Rosada le dio a Santa Cruz $4.350 millones para obras viales, mientras que a la provincia de Buenos Aires le entregó $5.300 millones.
Por ahora, y al estar con los avatares de la agenda cotidiana, las palpitaciones galopantes o cansinas de la Capital Federal revelan que esta cabecera del embudo metropolitano evidencia su potencia distorsiva.
Esa distorsión macrocefálica se advierte a simple vista, empezando por la lógica demencial de un esquema de transporte aéreo y fluvio-marítimo que concentra su logística en un radio que no supera los 10 km desde la Casa Rosada.
Colapsada ya de manera crónica la circulación vehicular metropolitana, una foto desde un helicóptero revela la sin razón de una realidad funcionalmente bloqueada. El país entero puede infartarse si alguien o algo cortan simultáneamente sólo dos o tres nudos de superficie que vinculan el río de la Plata, el aeroparque y los accesos que vinculan a la Capital con el resto del país.
Concentrado el macizo estratégico aeroportuario en un nudo cada vez más saturado de cintas de asfaltos y pasos ferroviarios a nivel, la producción, el comercio y los desplazamientos de personas están a merced de im-ponderables. Un piquete de sindicalistas, un cierre parcial del aeroparque o un bloqueo del acceso al puerto, condenan al caos en pocas horas a una economía que desemboca en la Capital Federal como un trágico embudo.
En vísperas de 2012, la Argentina es un país intoxicado de desequilibrio geopolítico. Si esta certeza se apoya en las realidades de una ciudad en donde se concentra y decide todo lo estratégico, la direccionalidad del poder político ha incrementado hasta la desmesura la conducción vertical del país.
La propia Capital Federal es rehén de un modo de mandar que implica la liquidación de las autonomías más elementales.
Días atrás, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri ha venido tratando de metabolizar la decisión de la presidenta Cristina Kirchner, de entregarle la administración de los subtes y el Premetro. Eso sí, todo fue de golpe, sin mucho debate, y -claro- sólo con menos de la mitad de los recursos económicos para costearlo.
Fue un caso más del kirchnerismo de libro de texto, proverbial y blindado: el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, desembarcó en los nu-merosos medios que maneja el Gobierno para anunciar la “decisión”, cuando Macri recién se anoticiaba de la movida al ser citado por los ministros Amado Boudou y Julio de Vido.
El Gobierno central se maneja con las provincias y con el distrito autónomo de la ciudad de Buenos Aires con una sorprendente unidireccionalidad en el manejo de su palanca todopoderosa, la asignación discrecional de los presupuestos.
Obliga a los gobiernos locales a pulsear, negociar y conceder, nada da porque corresponda, sino como parte de un trapicheo.
Gobiernos peronistas, como el de Juan Schiaretti en Córdoba, son dejados “stand by” por la Casa Rosada, con fondos legítimos de la provincia, retenidos a cambio de alineamiento político. Ni el bonaerense Daniel Scioli se libra del implacable torniquete oficial.
Macri, por ejemplo, tuvo que firmar recientemente, en disidencia parcial, el dictamen oficial de Presupuesto 2012 del Gobierno en una comisión de la Cámara de Diputados, y además se vio obligado a darle la luz verde en el Consejo de la Magistratura a una lista de candidatos a vacantes delicadas y estratégicas en juzgados federales vacantes.
La asfixiante centralidad del poder ejercido desde la Casa Rosada se revela en el sufrimiento de las provincias argentinas que dependen del servicio de Aerolíneas Argentinas, la empresa manejada por La Cámpora y cuyos conflictos seriales con sus numerosos sindicatos son permanentes.
Cada una de las crónicas y ya sistemáticas demoras y cancelaciones de vuelos, repercute de manera directa y muy grave en las cabeceras de provincia para las que a menudo, la falta de conectividad aérea confiable implica aislamiento y perjuicios.
Desprovista de toda elemental autonomía administrativa y enganchada al pulmotor oficial, sin cuya manguera de recursos abierta no podría subsistir un día, la nomenclatura política que maneja hoy Aerolíneas Argentina debe reportar a la Casa Rosada, donde Juan Manuel Abal Medina funciona como el comisario “responsable” de las prácticas cotidianas de Mariano Recal-de, el titular formal de esta económicamente inviable compañía.
Todo empieza y todo vuelve a un círculo muy estrecho en el que no siempre abunda la profesionalidad técnica a secas.
Un caso similar es el del Banco Central, cuya presidenta, Mercedes Marcó del Pont, ha tolerado la ignominia de ocupar un puesto tan delicado, sin que el oficialismo haga designar por el Se-nado, al solo efecto de que siga siendo una funcionaria dependiente de los hu-mores puntuales del Ejecutivo.
El problema que se agrava con esta forma de gobernar al país no deriva solo del agobiante peso que supone para las provincias y municipalidades el constante apremio de vivir temiendo las imposiciones y caprichos del gobierno central, sino también del pernicioso efecto de esta manera de gestionar sobre el conjunto de la vida nacional.
Con un plano inclinado en dirección a la Casa Rosada, la Argentina se va habituando a que las nuevas promociones de funcionarios y administradores to-men como natural el modo imperial de gobernar, que consiste en establecer vasallajes.
Lejos de las ensoñaciones federales y su folklórico legado, la Argentina es hoy un país fuertemente unitario, un vasto territorio nacional donde todo lo que importa se resuelve a pocas cuadras del puerto.
Los datos analíticos sobre la cantidad de siniestros registrados en 2010 en el país por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, revelan que Santa Cruz es la segunda provincia más beneficiada de la Argentina, detrás de Corrientes. Santa Fe, el distrito con la mayor cantidad de accidentes registrados recibirá, casi $23.000 por siniestro, mientras que Santa Cruz recibirá $423.000 por cada uno de ellos.
Además, en 2012, Santa Cruz recibirá $7.566 para obras viales por cada vehículo matriculado en la provincia, mientras que la provincia de Buenos Aires, con el mayor parque automotor del país, sólo recibirá migajas: $306 por ro-dado.
Además, el Presupuesto 2012, que el Congreso debería aprobar dentro de pocos días, convierte a Santa Cruz en la segunda provincia más premiada con el dinero de Vialidad Nacional, sólo su-perada por Buenos Aires: la provincia de los Kirchner ha sido galardonada con $1.017 millones.
Eso quiere decir que los 272.524 santacruceños (censo de 2011), que son el 0,68% de la población argentina, recibirán el 11% de lo entregado por la Nación a los 24 distritos, que suma $ 9.293 millones.
Son números que cancelan toda especulación: hablan por sí solos. En materia de ejecución del gasto, reina también la arbitrariedad más impresionante: entre 2004 y 2011, Santa Cruz recibió más dinero de Vialidad de lo que marcaba el Presupuesto Nacional. En 2007 y 2008, la provincia austral recibió 416% y 224% más, respectivamente, de lo que el Congreso había decidido.
El gasto previsto para 2011, finalmente no aprobado por el Congreso, fijaba $521 millones para Santa Cruz, pero a la hora de redactar esta columna, ya se habían gastado $747 millones de Vialidad, superando incluso a la provincia de Buenos Aires. Entre 2004 y 2011, la Casa Rosada le dio a Santa Cruz $4.350 millones para obras viales, mientras que a la provincia de Buenos Aires le entregó $5.300 millones.
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