DEL ANTITERRORISMO A LA EXTORSIÓN
Lunes 23 de enero de 2012 | Publicado en edición impresa
Aunque en el Gobierno aseguran que no se perseguirá a la prensa con la nueva ley, persisten las sospechas y el rechazo
Una de las más graves amenazas actuales a las libertades individuales y a los derechos humanos de los ciudadanos argentinos es la norma recientemente sancionada y promulgada en tiempo récord, conocida como "ley antiterrorista", a través de la cual se criminalizan "los actos que aterroricen a la población u obliguen a las autoridades públicas o gobiernos extranjeros a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Como presunta definición de terrorismo, convengamos, esa fraseología es muy poco feliz. Es, por lo demás, amenazadora. Y puede transformarse en instrumento de extorsión. Ocurre que esa ambigua definición puede hasta calificarse de norma penal en blanco.
Su sanción fue impulsada por el Gobierno a instancias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que la exigió como una herramienta para combatir el lavado de dinero. Pero, curiosamente, no coincide con la definición de terrorismo del propio GAFI, lo que sugiere que la finalidad perseguida al sancionarla bien puede haber sido otra que la de satisfacer a ese organismo.
Como si ello fuera poco, la nueva norma posibilita que se argumente que hay terrorismo "local", esto es terrorismo sin conexiones o vínculos con el exterior, que es -natural y precisamente- aquel que preocupa esencialmente al GAFI por su propia razón de ser.
La norma, además, deja a todos los argentinos expuestos a la discrecionalidad de sus funcionarios o magistrados, en momentos en que el Estado de pronto se ha vuelto cuasi policial. Por esto, el rechazo, duro y generalizado, que ha provocado en los organismos de derechos humanos y sindicatos, entre otros.
Es tan abstracto el alcance de esa modificación a la ley penal argentina que su aplicación puede resultar muy peligrosa. Ya se han alzado muchas voces para alertar que en el futuro pueda ser aplicada por el Gobierno o por algunos de los jueces que le responden como instrumento de persecución.
Una de las primeras en oírse, aunque más tarde varios miembros del gabinete trataron de acallar sus efectos, fue la del titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) local, José Sbattella, quien aseguró que por la nueva ley se podrá encarcelar a empresarios que el gobierno nacional considere que "aterrorizan a la población o afectan la gobernabilidad" ante "una corrida bancaria o un ataque a la moneda".
De ahí a entender que los medios de prensa se verán impedidos de informar cuestiones relativas a la actividad económico-financiera so pena de estar cometiendo un acto de terrorismo sólo hay un paso. Rápidamente, el presidente del bloque de senadores nacionales del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, sostuvo que "ninguna nota periodística puede ser considerada una acción terrorista". Otro tanto hizo el ministro del Interior, Florencio Randazzo, al tildar de "disparate" la advertencia del jefe de la UIF.
Lo que no dijo Sbattella es que, sin perjuicio de la difusa norma sancionada a fines del año pasado, un país en el que la corrupción pública se investiga en juicios sospechosos y de inocultable lentitud que de pronto terminan por prescripción, las sombras de existencia de manejos turbios seguirán flotando, más allá de la retórica. Tampoco que, pese a ello y a las posteriores desmentidas de miembros del oficialismo, el Poder Ejecutivo se ha munido de una norma con la que su capacidad de presión sobre todos los ciudadanos ha crecido peligrosa y notablemente.