ESTADÍSTICAS MENTIROSASMiércoles 29 de febrero de 2012 | Publicado en edición impresa
Editorial
La decisión de The Economist de dejar de lado las cifras del Indec prueba la falta de credibilidad de este organismo
Si algo faltaba para terminar de desacreditar al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y confirmar que nadie cree en las cifras oficiales sobre inflación, era la decisión de la prestigiosa revista The Economist de dejar de publicar las estadísticas surgidas de aquel organismo sobre la Argentina.
Entre los fundamentos de la determinación adoptada por el reconocido semanario inglés, se señala: "Estamos cansados de ser parte involuntaria de lo que parece ser un intento deliberado de engañar a los votantes y estafar a los inversores". En un artículo publicado recientemente, con el título " Don't lie to me, Argentina" ("No me mientas, Argentina"), The Economist afirma algo que todos los argentinos sabemos: "Desde 2007, el gobierno argentino publica cifras de inflación en las que prácticamente nadie cree".
La publicación destaca que los consultores privados y las oficinas de estadísticas provinciales dan cuenta de cifras de inflación que duplican las oficiales.
En efecto, mientras que el Indec midió un aumento del costo de vida para todo 2011 del 9,5 por ciento, el índice que difundió el Congreso de la Nación sobre la base de estudios de consultoras e institutos privados arrojó un incremento del 22,8 por ciento.
La propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner, involuntariamente, les dio la razón a quienes no dudan en calificar como mentirosas las estadísticas oficiales. Fue cuando la primera mandataria dijo públicamente que los créditos del Bicentenario orientados a la producción y concedidos a una tasa anual fija del 9,9 por ciento, eran otorgados a tasa negativa. Algo que indica que ni para la jefa del Estado resulta creíble la inflación anual del 9,5 por ciento de la cual da cuenta el Indec.
Lo doloroso es que la propia revista The Economist reconoce que el Indec fue alguna vez "una de las mejores oficinas de estadísticas de América latina". Hoy, en cambio, admite que está "envilecido" y cita como ejemplos de su falta de independencia los despidos de muchos de sus técnicos y la contratación de empleados "cristinistas". Y de ningún modo cree que esta situación pueda revertirse durante el actual gobierno nacional, por cuanto -según afirma- el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien dirigió el asalto contra el Indec en 2007, continúa siendo uno de los más cercanos consejeros de la presidenta de la Nación.
El falseamiento de las estadísticas oficiales tiene una clara finalidad política: hacerles creer a todos que el país está mucho mejor de lo que está, que la inflación es un problema menor, habitualmente disfrazado por expresiones equívocas como "tensión de precios" o "reacomodamientos temporarios", y que los niveles de pobreza e indigencia son incluso mejores que los sufridos por los principales países del mundo desarrollado. Esconde también el propósito de pagarles menos a los tenedores de bonos del Estado nacional ajustables por un coeficiente basado en la variación del costo de vida.
La contracara de esos supuestos beneficios reside en las consecuencias derivadas de vivir en un país sin estadísticas oficiales confiables. Un país donde reina la incertidumbre a la hora de elaborar diagnósticos sociales para la correcta formulación de políticas públicas, donde la confusión suele guiar las negociaciones salariales y donde la percepción de ausencia de seguridad jurídica y de reglas de juego estables desalienta las inversiones. La persecución de economistas y consultoras que pretenden estudiar la realidad socioeconómica con un rigor del que carece el Indec constituye otro atropello a las instituciones que aumenta la incertidumbre.
En síntesis, la crisis estadística acelera la desconfianza del mundo en la Argentina y en su gobierno. Y la decisión tomada por el semanario The Economist es el mejor indicador.
La publicación destaca que los consultores privados y las oficinas de estadísticas provinciales dan cuenta de cifras de inflación que duplican las oficiales.
En efecto, mientras que el Indec midió un aumento del costo de vida para todo 2011 del 9,5 por ciento, el índice que difundió el Congreso de la Nación sobre la base de estudios de consultoras e institutos privados arrojó un incremento del 22,8 por ciento.
La propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner, involuntariamente, les dio la razón a quienes no dudan en calificar como mentirosas las estadísticas oficiales. Fue cuando la primera mandataria dijo públicamente que los créditos del Bicentenario orientados a la producción y concedidos a una tasa anual fija del 9,9 por ciento, eran otorgados a tasa negativa. Algo que indica que ni para la jefa del Estado resulta creíble la inflación anual del 9,5 por ciento de la cual da cuenta el Indec.
Lo doloroso es que la propia revista The Economist reconoce que el Indec fue alguna vez "una de las mejores oficinas de estadísticas de América latina". Hoy, en cambio, admite que está "envilecido" y cita como ejemplos de su falta de independencia los despidos de muchos de sus técnicos y la contratación de empleados "cristinistas". Y de ningún modo cree que esta situación pueda revertirse durante el actual gobierno nacional, por cuanto -según afirma- el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien dirigió el asalto contra el Indec en 2007, continúa siendo uno de los más cercanos consejeros de la presidenta de la Nación.
El falseamiento de las estadísticas oficiales tiene una clara finalidad política: hacerles creer a todos que el país está mucho mejor de lo que está, que la inflación es un problema menor, habitualmente disfrazado por expresiones equívocas como "tensión de precios" o "reacomodamientos temporarios", y que los niveles de pobreza e indigencia son incluso mejores que los sufridos por los principales países del mundo desarrollado. Esconde también el propósito de pagarles menos a los tenedores de bonos del Estado nacional ajustables por un coeficiente basado en la variación del costo de vida.
La contracara de esos supuestos beneficios reside en las consecuencias derivadas de vivir en un país sin estadísticas oficiales confiables. Un país donde reina la incertidumbre a la hora de elaborar diagnósticos sociales para la correcta formulación de políticas públicas, donde la confusión suele guiar las negociaciones salariales y donde la percepción de ausencia de seguridad jurídica y de reglas de juego estables desalienta las inversiones. La persecución de economistas y consultoras que pretenden estudiar la realidad socioeconómica con un rigor del que carece el Indec constituye otro atropello a las instituciones que aumenta la incertidumbre.
En síntesis, la crisis estadística acelera la desconfianza del mundo en la Argentina y en su gobierno. Y la decisión tomada por el semanario The Economist es el mejor indicador.