MAS VOCES SILENCIADAS Sábado 13 de octubre de 2012
Las presiones y amenazas del Gobierno a organizaciones de consumidores para que no difundan subas de precios es otro atentado a la libertad de expresión
La instrucción del Gobierno a una asociación de consumidores para que deje de publicar sus estudios de seguimiento de precios de alimentos y de otros artículos porque sus datos no coinciden con los del Indec, suma un nuevo atropello del área manejada por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, al derecho constitucional de libertad de expresión.
Esa nueva amenaza a actores de la sociedad para que no se conozcan datos que contradicen las falaces cifras oficiales se concretó cuando la subsecretaria de Comercio Interior, María Lucila Colombo, pidió a Adelco dejar de publicar los precios tal cual lo viene haciendo desde hace 20 años, por entender que viola el deber de informar al consumidor.
Las mediciones de Adelco toman en cuenta 22 productos de alimentación y seis de higiene y tocador. Según estudios de esa entidad, los valores relevados en agosto pasado subieron 1,44 por ciento respecto del mes anterior si se toman en cuenta las marcas líderes, mientras que, en las segundas marcas, la suba fue del 1,05%. Para el Indec, el aumento de precios de agosto fue del 0,9 por ciento.
Las autoridades cuestionaron a Adelco que no identificara esas marcas. En sendas notas enviadas en julio y agosto pasados, se le pidió detallar la metodología de su relevamiento, cosa que la entidad realizó. No obstante ello, recibieron una tercera nota de Colombo ya con el pedido de que no publiquen más los índices como lo hacían (precios promedios y porcentajes de variación), sino sólo los valores, con lo cual se pierde todo tipo de comparación que indique cómo se han ido modificando.
Lamentablemente, la presión a Adelco ha dado resultado, pues anunció que dejará de publicar esos datos. Hace un mes, el Gobierno suspendió a Consumidores Libres, entidad liderada por el ex diputado Héctor Polino, del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, con lo que preventivamente le ha quitado la habilitación que la ley del consumidor exige para poder actuar como tal.
Se han suprimido así dos históricas y valiosas fuentes de información. Como argumento, el Gobierno sostiene que las asociaciones privadas que denuncian mayores subas confunden al consumidor. Sin embargo, es por medio de una información variada y no sesgada que los consumidores pueden orientarse. El silencio o la información unidireccional provocan el efecto contrario.
Pero no han sido esos dos actos los únicos tendientes a amedrentar a las asociaciones de consumidores.
"Van a decir lo que yo diga", les espetó Guillermo Moreno a esas entidades con las que se había reunido en la sede de la Secretaría de Comercio, a fines del mes pasado, para participar de la primera reunión del Consejo Asesor para Evaluar el Comportamiento Ético de las Asociaciones de Consumidores, cuya finalidad se orienta, por lo visto, a censurar a las entidades que no están dispuestas a recitar la letra oficial.
En aquella oportunidad, fue literalmente sacada de la reunión -pues dos personas la "invitaron" a salir tomándola del brazo- Sandra González, directora de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la República Argentina (Adecua). Ocurrió tras la pregunta realizada por González a Moreno respecto de qué es lo que ese funcionario entendía como "ética".
El maltrato del funcionario no se hizo esperar. En esa reunión dijo frases como: "Acá defienden a las corporaciones y, por eso, vamos a crear este registro de ética que voy a manejar yo, porque acá mando yo", "llega la sintonía fina a este sector" y "vamos a pasarle el peine fino a las organizaciones de consumidores".
Con lo ocurrido con la entidad que lidera Polino y con la decisión de Adelco de no publicar más los precios del modo que lo pide el Gobierno, el objetivo del amedrentamiento se está cumpliendo. El miedo, lamentablemente, va cundiendo. El Gobierno logra que la gente -sea desde el ámbito que fuere- deje de hacer cosas que, como en el caso de las asociaciones de consumidores, las realizan sin fines de lucro, para que la gente tenga más herramientas comparativas y elija y adquiera mejor.
Otro tanto ya sucede con las consultoras que han sido conminadas a dejar de dar a conocer los índices privados de inflación bajo amenaza de multas millonarias e, incluso, acciones penales.
Las consultoras han decidido canalizar esos índices a través del Congreso -del sector opositor, claro está-, que mensualmente da a conocer ese indicador sobre la base de los trabajos de las entidades a las que el Gobierno ha decidido silenciar.
En los últimos días, tras la decisión de Adelco, la diputada Patricia Bullrich propuso para el caso de las asociaciones de consumidores una solución similar a la que la oposición adoptó con las consultoras: que sea el Congreso el que difunda la variación de precios de alimentos y otros productos de consumo masivo.
Es una salida, pero también la confirmación de que quedan cada vez menos caminos para conocer diversos aspectos de la realidad económica del país, para que el ciudadano se informe en la cantidad y calidad de fuentes que quiera y no de las que le son impuestas, para que, en definitiva, la libertad no siga siendo cercenada. Como ya hemos dicho desde estas columnas, estas políticas institucionales no deben ser aceptadas por la ciudadanía, dado que atacan el corazón de nuestro sistema democrático.
Las mediciones de Adelco toman en cuenta 22 productos de alimentación y seis de higiene y tocador. Según estudios de esa entidad, los valores relevados en agosto pasado subieron 1,44 por ciento respecto del mes anterior si se toman en cuenta las marcas líderes, mientras que, en las segundas marcas, la suba fue del 1,05%. Para el Indec, el aumento de precios de agosto fue del 0,9 por ciento.
Las autoridades cuestionaron a Adelco que no identificara esas marcas. En sendas notas enviadas en julio y agosto pasados, se le pidió detallar la metodología de su relevamiento, cosa que la entidad realizó. No obstante ello, recibieron una tercera nota de Colombo ya con el pedido de que no publiquen más los índices como lo hacían (precios promedios y porcentajes de variación), sino sólo los valores, con lo cual se pierde todo tipo de comparación que indique cómo se han ido modificando.
Lamentablemente, la presión a Adelco ha dado resultado, pues anunció que dejará de publicar esos datos. Hace un mes, el Gobierno suspendió a Consumidores Libres, entidad liderada por el ex diputado Héctor Polino, del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, con lo que preventivamente le ha quitado la habilitación que la ley del consumidor exige para poder actuar como tal.
Se han suprimido así dos históricas y valiosas fuentes de información. Como argumento, el Gobierno sostiene que las asociaciones privadas que denuncian mayores subas confunden al consumidor. Sin embargo, es por medio de una información variada y no sesgada que los consumidores pueden orientarse. El silencio o la información unidireccional provocan el efecto contrario.
Pero no han sido esos dos actos los únicos tendientes a amedrentar a las asociaciones de consumidores.
"Van a decir lo que yo diga", les espetó Guillermo Moreno a esas entidades con las que se había reunido en la sede de la Secretaría de Comercio, a fines del mes pasado, para participar de la primera reunión del Consejo Asesor para Evaluar el Comportamiento Ético de las Asociaciones de Consumidores, cuya finalidad se orienta, por lo visto, a censurar a las entidades que no están dispuestas a recitar la letra oficial.
En aquella oportunidad, fue literalmente sacada de la reunión -pues dos personas la "invitaron" a salir tomándola del brazo- Sandra González, directora de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la República Argentina (Adecua). Ocurrió tras la pregunta realizada por González a Moreno respecto de qué es lo que ese funcionario entendía como "ética".
El maltrato del funcionario no se hizo esperar. En esa reunión dijo frases como: "Acá defienden a las corporaciones y, por eso, vamos a crear este registro de ética que voy a manejar yo, porque acá mando yo", "llega la sintonía fina a este sector" y "vamos a pasarle el peine fino a las organizaciones de consumidores".
Con lo ocurrido con la entidad que lidera Polino y con la decisión de Adelco de no publicar más los precios del modo que lo pide el Gobierno, el objetivo del amedrentamiento se está cumpliendo. El miedo, lamentablemente, va cundiendo. El Gobierno logra que la gente -sea desde el ámbito que fuere- deje de hacer cosas que, como en el caso de las asociaciones de consumidores, las realizan sin fines de lucro, para que la gente tenga más herramientas comparativas y elija y adquiera mejor.
Otro tanto ya sucede con las consultoras que han sido conminadas a dejar de dar a conocer los índices privados de inflación bajo amenaza de multas millonarias e, incluso, acciones penales.
Las consultoras han decidido canalizar esos índices a través del Congreso -del sector opositor, claro está-, que mensualmente da a conocer ese indicador sobre la base de los trabajos de las entidades a las que el Gobierno ha decidido silenciar.
En los últimos días, tras la decisión de Adelco, la diputada Patricia Bullrich propuso para el caso de las asociaciones de consumidores una solución similar a la que la oposición adoptó con las consultoras: que sea el Congreso el que difunda la variación de precios de alimentos y otros productos de consumo masivo.
Es una salida, pero también la confirmación de que quedan cada vez menos caminos para conocer diversos aspectos de la realidad económica del país, para que el ciudadano se informe en la cantidad y calidad de fuentes que quiera y no de las que le son impuestas, para que, en definitiva, la libertad no siga siendo cercenada. Como ya hemos dicho desde estas columnas, estas políticas institucionales no deben ser aceptadas por la ciudadanía, dado que atacan el corazón de nuestro sistema democrático.