AL CAJÓN DE LAS CAUSAS PERDIDAS
 Por Joaquín Morales Solá | LA NACION
Ley de Medios
Miércoles 17 de octubre de 2012 | Publicado en edición impresa  

La Corte Suprema abrió un cajón y depositó un escrito del Poder Ejecutivo. Luego lo cerró y les deseó a esos papeles un buen y largo sueño. Sucedió ayer. Era el planteo anunciado por el ministro de Justicia, Julio Alak, para que el máximo tribunal de justicia "intervenga" en el conflicto que tiene trabado al Consejo de la Magistratura con la designación de un juez clave. La Corte tomó, así, prudente distancia del conflicto político por la ley de medios en el que el Gobierno la quería meter de cabeza. "Quieren hundir a la Corte en el barro", dijo un funcionario judicial con acceso a esos decisivos jueces.

En la misma reunión, la casi unanimidad de los miembros de la Corte decidió reelegir a Ricardo Lorenzetti como presidente por tres años más. Lorenzetti es el magistrado que mejor expresa la voluntad política de la Corte, que podría sintetizarse en un solo párrafo: el tribunal no quiere ser un referente opositor al Gobierno, pero tampoco quiere estar a su servicio. La única excepción fue Enrique Petracchi, viejo aspirante a la presidencia, que por segunda vez consecutiva votó contra la continuidad de Lorenzetti. Ayer, el resto de sus pares volvió a dejarlo absolutamente solo.

Aquel escrito, presentado con las firmas del jefe de Gabinete, Abal Medina, y del propio Alak, fue una nueva y brutal presión sobre los máximos jueces del país. También esos funcionarios políticos escribieron otro capitulo sobre su propia ineptitud. Había un obstáculo insalvable para que la Corte interviniera en el conflicto del Consejo de la Magistratura. No era muy complicado advertirlo. La cabeza del Poder Judicial no tiene atribuciones ni jurisdicción sobre el Consejo, que es una institución con jerarquía constitucional. "Es como si le pidieran a la Corte que resuelva un problema del Senado", explicaron fuentes cercanas al tribunal. Semejante absurdo fue, sin embargo, escrito y firmado por dos ministros que sólo responden a las órdenes directas de Cristina Kirchner. ¿Sabían lo que hacían? ¿O simplemente no le pudieron decir que no a su presidenta?

El planteo tenía un segundo pedido, tan disparatado como el primero. Le reclamaba a la Corte que recuperara sus atribuciones para designar jueces subrogantes sólo para el caso del juzgado donde se tramita el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Clarín contra dos artículos de la ley de medios. La Corte delegó hace varias décadas esas facultades en las cámaras. Las recuperó sólo en casos excepcionales, cuando constató que las cosas no se hacían bien o se hacían muy mal. Pero esas excepciones fueron decisiones sobre cuestiones internas del Poder Judicial, nunca fueron consecuencias de un pedido de otro poder del Estado. "Si se aceptara un pedido de esa naturaleza, sería el Poder Ejecutivo el que estaría ejerciendo indirectamente las funciones de superintendencia que le corresponde a la Corte", dijeron en el tribunal.

El Gobierno no puede nombrar a un juez propio en el caso Clarín porque la minoría se lo impide en el Consejo de la Magistratura. Tampoco quiere que la Cámara Federal Civil y Comercial siga con el sistema de sorteos para designar a un juez interino. Ya promovió la renuncia del juez Raúl Tettamanti y ahora recusó al siguiente magistrado, Roberto Torti. En ese juzgado crucial, el número 1 del fuero Federal Civil y Comercial, quiere un juez propio. O a nadie. Por eso, le pidió a la Corte que nombrara directamente ella a ese juez subrogante. El segundo planteo encontró también, como el primero, su lugar en un cajón oportuno y cómodo del máximo tribunal.

Dos magistrados de la Corte, el propio Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, dieron anteayer el paso más largo que podían dar. Hicieron una gestión de buenos oficios ante los miembros del Consejo de la Magistratura que son, a la vez, jueces. Se reunieron por separado con Ricardo Recondo, que integra el bloque opositor, con el oficialista Mario Fera y con Alejandro Sánchez Freytes, que fue elegido por la oposición, pero que terminó en el oficialismo. Si bien Highton de Nolasco suele llamarle mediaciones a esta clase de reuniones, lo cierto es que el resto de los jueces de la Corte se negó, en este caso, a darle ese nombre.

De todos modos, no hubo resultados buenos. Recondo se mantuvo intransigente en la posición de anular todo el concurso del que surgió la candidata del Gobierno a titular de ese fundamental juzgado, María Lorena Gagliardi. Gagliardi recusó a Recondo con un acta falsa. Los otros dos jueces estuvieron de acuerdo en apartar a Gagliardi, sobre la que recae ya una seria impugnación moral, pero propusieron buscar otro candidato dentro del propio concurso. Ese concurso fue impugnado en su momento sólo por el diputado radical Oscar Aguad, miembro del Consejo. Recondo no cedió ante esa propuesta. "Es lamentable que la designación de un juez se haya convertido en un triunfo o en una derrota política", dijeron en la cima de la Justicia.

Cuando se cayó la gestión de buena voluntad de esos jueces de la Corte, la flamante jefa de los fiscales propuesta por el kirchnerismo, Alejandra Gils Carbó, denunció penalmente a los miembros de la minoría del Consejo por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y por "abuso de poder". Es decir, las minorías abusan de poder, según Gils Carbó, cuando no siguen la dirección de las mayorías. Una teoría propia de un régimen absolutista. La respuesta quedó en manos de la oposición política; de ella depende ahora que esos cinco miembros del Consejo terminen abandonados a una pobre suerte.

El problema de fondo es que Cristina Kirchner cree que la Justicia y la Corte Suprema son dependencias a su cargo. Ya acusó a la Corte de "golpista" y aludió a una "conspiración judicial" cuando el tribunal se negó a cambiar las decisiones de la jueza María José Sarmiento en el proceso que terminó abruptamente con la gestión de Martín Redrado al frente del Banco Central. La Presidenta sabe que el caso que se tramita ahora concluirá irremediablemente en la Corte, la única institución en condiciones de establecer si una ley es constitucional o inconstitucional.

Tal vez por eso, sus ministros comenzaron ya con las presiones directas al tribunal. El tribunal no les contestó. Tampoco les contestará. El planteo quedó, guardado, en el cajón de las causas perdidas.
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