VATICANO RESPONDERA POR ABUSOS SEXUALES
Internacional - Miércoles, 15 de Enero de 2014 13:08
AP
ROMA— El Vaticano se prepara para un careo rudo en relación con el escándalo de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes en el que deberá defenderse en público de las acusaciones de que fomentó la violación de niños al proteger a clérigos pedófilos, y su propia reputación, en perjuicio de las víctimas. El jueves un representante de la Santa Sede será interrogado en Ginebra por un comité de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia. Entre otros aspectos, ese acuerdo pide a los firmantes que tomen las medidas necesarias para proteger a los niños de peligros y pongan su bienestar por encima de todo.
 
El Vaticano ratificó el tratado en 1990 y cuatro años después envió un informe de su puesta en marcha. Pero durante cerca de una década no reportó los progresos y apenas en 2012 envió uno, cuando estaba siendo criticado por las denuncias de abusos sexuales cometidos en Europa y otros sitios del mundo.
 
Grupos defensores de las víctimas y organizaciones de derechos humanos se unieron para pedir al comité de Naciones Unidas que cuestionara a la Santa Sede por los abusos cometidos presentando testimonios escritos y evidencia en la que se destacaba la escala global del problema.
 
Sus informes hablan de casos en México y Gran Bretaña, investigaciones de jurados de instrucción en Estados Unidos e investigaciones gubernamentales de Canadá a Irlanda y Australia que detallan cómo las políticas del Vaticano, que promueven la cultura del secreto y el miedo al escándalo, contribuyeron al problema.
 
Los testimonios hacen referencia a documentos del Vaticano en los que se muestra que las autoridades conocían las andanzas de un conocido acosador mexicano décadas antes de que decidieran corregirlo.
 
Citan la correspondencia de un cardenal del Vaticano que elogia la decisión de un obispo francés de proteger a un sacerdote acusado de abusos sexuales y la instrucción girada a los obispos irlandeses de desistir de la obligación de denunciar a los acosadores a la policía. Las pruebas citan a un antiguo secretario de Estado vaticano quien dijo que no se esperaba que los obispos entregaran a sus sacerdotes.
 
"Por demasiados años los sobrevivientes fueron los únicos que hablaron de esto y fueron criticados por hacerlo", dijo Pam Spees, una abogada especializada en derechos humanos en el Centro de Derechos Constitucionales, que entregó un informe clave al comité.
 
"Por eso, este momento es muy importante para muchas personas que están en Ginebra y alrededor del mundo, quienes estarán pendientes mientras la Santa Sede responde preguntas sobre este tema por primera vez".
 
Hasta la fecha el Vaticano no ha tenido que defenderse de su proceder en estos casos porque ha sostenido exitosamente que es inmune a demandas por ser un Estado soberano y que si bien los obispos pudieron ser responsables de sacerdotes pedófilos bajo su mando, el papa y sus políticas no lo son.
 
El comité de la ONU, que está formado por expertos independientes, no representantes de los Estados, presentará sus observaciones y recomendaciones el 5 de febrero. Éstas no son vinculantes, y el comité no tiene poder para sancionar al Vaticano por cualquier falta.
 
El Vaticano estará representado por su más alta autoridad en el tema, el reverendo Charles Scicluna, quien durante una década investigó estos crímenes por orden de la Santa Sede. Se le conoce por ser quien elaboró los procedimientos para castigar mejor a los pedófilos internamente.
 
Pero hasta la fecha el Vaticano se ha negado a instruir a sus obispos para denunciar presuntos casos de abuso a la policía, arguyendo que sólo deben hacerlo cuando las leyes locales los obliguen.
 
El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, dijo el miércoles que la Santa Sede ratificó el tratado por su compromiso para proteger a los niños en las áreas de educación, cuidado de la salud, atención a refugiados y otros apoyos a familias desprotegidas.
 
Dijo que aunque los abusos hubieran sido cometidos por sacerdotes era importante distinguir dónde está la responsabilidad de la Iglesia y cuándo deben intervenir las autoridades locales.
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