Singapur 11 OCT 2018 - 18:48    CEST

El Gobierno paraliza 1.200 ejecuciones pendientes y prevé presentar un proyecto de ley este mes

El nuevo Gobierno de Malasia empieza a cumplir sus promesas en el campo de los derechos humanos. El Ejecutivo de Mahathir Mohamad, ganador de las elecciones del pasado mayo, ha acordado abolir la pena capital para todos los delitos y paralizar las más de 1.200 ejecuciones pendientes. La decisión supone un notable cambio de tónica en una región que ha dado varios pasos en dirección contraria en los últimos años, y se enmarca dentro del plan anunciado por las autoridades malasias de derogar una serie de leyes calificadas de “opresivas”.

“La pena de muerte para todos los casos será abolida. Punto final”, anunciaba este miércoles el ministro de Justicia, Datuk Liew Vui Keong. Lo hacía en declaraciones a la prensa después de participar en un evento en la Universidad de Malaya, en Kuala Lumpur, en coincidencia con el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Según Liew, la propuesta de ley será presentada en la próxima sesión parlamentaria del 15 de octubre. “Ya que vamos a abolirla, ninguna ejecución debe ser llevada a cabo”, añadió el ministro.

El anuncio tiene un impacto directo sobre los más de 1.200 reos que se encuentran en el patíbulo en Malasia, país que hasta ahora contemplaba la pena de muerte por ahorcamiento para casos de asesinato, levantamiento militar, secuestro o tráfico de drogas, entre otros. “Informaremos al Comité de Indultos para que examine la lista de convictos y ver si sus penas son conmutadas (por otras) o son puestos en libertad”, agregó Liew, según recoge el diario malasio The Star.

La decisión también afectará a los acusados de crímenes castigados con la pena de muerte que aguardan sentencia, como es el caso de dos ciudadanos chilenos juzgados por presunto asesinato en Malasia. Fernando Candia, de 30 años, y Felipe Osiadacz, de 27, están acusados de asesinar a Yusaini Bin Ishak, de nacionalidad malasia, tras una trifulca en un hotel de Kuala Lumpur, crimen del que se declaran inocentes, alegando que actuaron en defensa propia, según ha informado la agencia Efe.

El secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, aplaudió la abolición en un comunicado divulgado este jueves, calificando la decisión de “un gran paso hacia delante para aquellos que han luchado durante años para poner fin a la pena de muerte en Malasia”. Naidoo urgió al país a formalizar la derogación cuando el Parlamento se reúna la próxima semana. “El nuevo Gobierno de Malasia ha prometido cumplir con los derechos humanos y este es un paso esperanzador, pero debe hacerse mucho más”, remarcó.

Se trata de una de las medidas más significativas en el campo de los derechos humanos anunciadas por el Gobierno de Mahathir desde que ganó las elecciones el pasado mayo, dando por primera vez en seis décadas la victoria a la oposición. Lo hizo presentando un manifiesto que incluía la promesa de abolir una serie de “leyes opresivas”, entre ellas la pena capital.

En esa misma línea, el Gobierno malasio decretó este jueves la suspensión de la ley de sedición, que data del periodo colonial británico y había sido ampliamente utilizada contra políticos y activistas, con especial virulencia antes de las elecciones de mayo. Con su victoria, Mahathir, que ya gobernó Malasia entre 1981 y 2003, retiró del cargo a su exaliado Najib Razak, acusado ahora de abuso de poder y corrupción por el desfalco de miles de millones de dólares de un fondo de inversión estatal.

Las medidas del dirigente malasio, de 93 años, suponen un cierto giro con respecto a su anterior etapa como líder del Gobierno, caracterizada por su desprecio hacia libertades y derechos que consideraba patrimonio occidental, y contrastan con la situación de la pena de muerte en otros países d
el sureste asiático.

Solo Camboya y Filipinas han abolido formalmente el castigo capital, aunque el presidente filipino, Rodrigo Duterte, ha abogado por restablecerlo para dar legitimidad a su guerra antidroga, que ha dejado miles de muertos desde que llegó al poder en 2016. Tailandia llevó a cabo el pasado junio su primera ejecución desde 2009, la de un preso condenado a muerte por un robo con asesinato cometido en 2012. Hace dos años, Indonesia amplió la aplicación de la pena de muerte a casos de pederastia. Y Singapur, el país más desarrollado de la región, mantiene un oscuro régimen de ejecuciones que afectan sobre todo a acusados por tráfico de drogas, muchos de ellos precisamente de la vecina Malasia.

https://elpais.com/internacional/2018/10/11/actualidad/1539264331_326102.html