ANÁLISIS- REPSOL INICIA UNA LARGA OFENSIVA LEGAL POR YPF
martes 15 de mayo de 2012
MADRID (Reuters) - La petrolera española Repsol inició formalmente el martes la batalla legal contra el Gobierno argentino, al que podría reclamar cerca de 10.000 millones de dólares por la expropiación de un 51 por ciento de su filial YPF en un proceso que promete ser largo y complejo.
La española ha notificado al tribunal de arbitraje internacional CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) que ha remitido a la Presidenta argentina la declaración de controversia necesaria para abrir el proceso en el tribunal internacional.
martes 15 de mayo de 2012
MADRID (Reuters) - La petrolera española Repsol inició formalmente el martes la batalla legal contra el Gobierno argentino, al que podría reclamar cerca de 10.000 millones de dólares por la expropiación de un 51 por ciento de su filial YPF en un proceso que promete ser largo y complejo.
La española ha notificado al tribunal de arbitraje internacional CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) que ha remitido a la Presidenta argentina la declaración de controversia necesaria para abrir el proceso en el tribunal internacional.
"Repsol anuncia formalmente el comienzo inmediato de acciones legales bajo el Derecho Internacional para que se declaren ilícitos y se condene a Argentina a la reintegración y/o a la reparación integral de los daños y perjuicios que hayan podido ocasionar", explicó la petrolera.
Aunque en la nota Repsol no hace mención al importe de la demanda, al margen de otras posibles compensaciones, ya ha dicho que valora en más de 10.000 millones de dólares su 57 por ciento en YPF.
Una vez remitida la misiva se abre un plazo de seis meses para que Repsol y el Gobierno argentino negocien un posible acuerdo antes de que el CIADI tome las riendas del caso.
Fuentes jurídicas explicaron a Reuters que el equipo legal de Repsol - al que se suma un número indeterminado de despachos de abogados en Buenos Aires y Nueva York contratados al efecto- está estudiando una batería de acciones judiciales contra el Gobierno argentino, aunque añadieron que la principal es la del tribunal internacional.
"La demanda principal de Repsol se centrará en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) y este tribunal no se pone en marcha si hay otras demandas pendientes sobre la expropiación, así que la relativa a la expropiación irá exclusivamente por esta vía", explicó una fuente jurídica.
Transcurrido el plazo de seis meses para una teórica negociación y si no hubiese acuerdo, el CIADI tomará las riendas del caso en un proceso que podría demorarse más de un año aunque, según fuentes jurídicas, podría acelerarse a la vista del elevado importe de la reclamación.
"El CIADI toma años en las resoluciones, pero estamos hablando del caso más importante de su historia y no sería de extrañar que hubiese interés en dinamizar el proceso, aunque va a ser largo y farragoso", explicó un abogado, que también señaló que la sentencia podría no suponer el fin del proceso.
El CIADI, formado en 1965 al amparo del Banco Mundial para resolver con arbitraje disputas entre los estados e inversores extranjeros, tiene pendientes de resolución alrededor de 150 casos, de los cuales 25 tienen a Argentina como demandado.
El pasado mes de marzo, el presidente estadounidense Barack Obama anunció que suspendería beneficios comerciales al país sudamericano que se negó a pagar más de 300 millones de dólares en dos disputas con compañías estadounidenses en concepto de compensaciones dictadas por el tribunal de arbitraje.
"La cuestión es que, incluso con el fallo definitivo podría darse el caso de que Argentina hiciese caso omiso de la sentencia, alegando que sus tribunales no la reconocen, hay varios precedentes notables en este sentido", explicó el abogado.
LAS OTRAS BAZAS
Ante esta expectativa, expertos consultados coinciden en señalar la importancia de otros procesos que podrían iniciarse por parte tanto de Repsol como de accionistas particulares por otras supuestas ilegalidades ajenas a la estricta nacionalización.
"No se pueden iniciar procedimientos que sean incompatibles con la demanda en el CIADI, pero hay márgenes para otras demandas tanto en Nueva York como en Buenos Aires en las que los accionistas particulares pueden jugar un papel vital", explicó un abogado de un despacho español.
Tanto esta fuente como otros abogados explicaron que los ejecutivos de Repsol, incluso el presidente, podrían presentar demandas en Argentina de carácter individual en contra de supuestas irregularidades en la junta de accionistas de YPF (Argentina suspendió hasta junio la convocatoria que habría de ratificar las cuentas) o, incluso, un allanamiento de morada del domicilio bonaerense del presidente de Repsol, Antonio Brufau.
Las posibles demandas de accionistas particulares podrían basarse también en la abrupta caída bursátil como consecuencia de las noticias sobre la expropiación o una supuesta obligatoriedad de lanzar OPA por parte del Gobierno argentino.
La propia Repsol, que acusa a Argentina de violar las normas de los conocidos como Tratados de Promoción y Protección de Inversiones, hace referencia el martes a la caída del precio de su acción incluso desde antes de la nacionalización al afirmar que "previamente al anuncio de la expropiación sometió a los activos de YPF a ciertas medidas dirigidas a erosionar o destruir su valor".
Diversos provincias confiscaron en los últimos meses las concesiones de YPF antes de la expropiación sobre la que se viene especulando desde primeros de año. La acción de Repsol ha perdido un 42 por ciento de su valor desde principios de este año.
"YPF sigue cotizando en Estados Unidos y pueden ser presentadas reclamaciones en la SEC (regulador estadounidense) por supuestas manipulaciones en el precio de la acción o por la OPA que, según la Ley argentina, habría de haber lanzado el Gobierno después de expropiar el 51 por ciento a Repsol", explicó otro abogado.
La principal asociación de accionistas minoritarios en España, AEMEC, asesorada por el despacho Cremades y Calvo Sotelo y por el ex ministro de Justicia argentino Rodolfo Barra, ya anunció a finales de abril que va a iniciar acciones legales por lo que considera "un acto arbitrario e ilegítimo que está causando graves perjuicios a los accionistas de Repsol".
La asociación, que hace referencia a la fuerte caída del precio de la acción, sostiene que la mayoría de los accionistas de Repsol compraron sus títulos con la participación de la española en YPF - que representaba el 50 por ciento de su producción de crudo, el 40 por ciento de las reservas y 25 por ciento del beneficio.
"La expropiación o pérdida forzada de la mayoría en YPF supone una expropiación a cientos de miles de accionistas minoritarios por valor de miles de millones de euros", dice la asociación que asegura que interpondrá demanda ante la jurisdicción argentina sin descartar la arbitral internacional.
ADVERTENCIAS A OTRAS PETROLERAS, ACCIONES UE
Dentro de la amplia estrategia legal de Repsol se incluye también una reciente misiva de la petrolera a otras competidoras "susceptibles de ser contactadas" por el Gobierno argentino para tomar posición en YPF o sus proyectos, reconocen fuentes oficiales de la española.
"Se trata de informar a otras compañías del proceso de reclamaciones contra Argentina, que puede afectar a aquellos que entren en el negocio", dijo un portavoz.
Por otra parte, una fuente oficial del Gobierno español - que ha tensado sus relaciones con Argentina y limitado la importación de biocarburantes del país sudamericano - dijo que la Unión Europea presentará una denuncia contra las restricciones a las importaciones en Argentina ante la Organización Mundial de Comercio.
/Por Carlos Ruano/
Aunque en la nota Repsol no hace mención al importe de la demanda, al margen de otras posibles compensaciones, ya ha dicho que valora en más de 10.000 millones de dólares su 57 por ciento en YPF.
Una vez remitida la misiva se abre un plazo de seis meses para que Repsol y el Gobierno argentino negocien un posible acuerdo antes de que el CIADI tome las riendas del caso.
Fuentes jurídicas explicaron a Reuters que el equipo legal de Repsol - al que se suma un número indeterminado de despachos de abogados en Buenos Aires y Nueva York contratados al efecto- está estudiando una batería de acciones judiciales contra el Gobierno argentino, aunque añadieron que la principal es la del tribunal internacional.
"La demanda principal de Repsol se centrará en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) y este tribunal no se pone en marcha si hay otras demandas pendientes sobre la expropiación, así que la relativa a la expropiación irá exclusivamente por esta vía", explicó una fuente jurídica.
Transcurrido el plazo de seis meses para una teórica negociación y si no hubiese acuerdo, el CIADI tomará las riendas del caso en un proceso que podría demorarse más de un año aunque, según fuentes jurídicas, podría acelerarse a la vista del elevado importe de la reclamación.
"El CIADI toma años en las resoluciones, pero estamos hablando del caso más importante de su historia y no sería de extrañar que hubiese interés en dinamizar el proceso, aunque va a ser largo y farragoso", explicó un abogado, que también señaló que la sentencia podría no suponer el fin del proceso.
El CIADI, formado en 1965 al amparo del Banco Mundial para resolver con arbitraje disputas entre los estados e inversores extranjeros, tiene pendientes de resolución alrededor de 150 casos, de los cuales 25 tienen a Argentina como demandado.
El pasado mes de marzo, el presidente estadounidense Barack Obama anunció que suspendería beneficios comerciales al país sudamericano que se negó a pagar más de 300 millones de dólares en dos disputas con compañías estadounidenses en concepto de compensaciones dictadas por el tribunal de arbitraje.
"La cuestión es que, incluso con el fallo definitivo podría darse el caso de que Argentina hiciese caso omiso de la sentencia, alegando que sus tribunales no la reconocen, hay varios precedentes notables en este sentido", explicó el abogado.
LAS OTRAS BAZAS
Ante esta expectativa, expertos consultados coinciden en señalar la importancia de otros procesos que podrían iniciarse por parte tanto de Repsol como de accionistas particulares por otras supuestas ilegalidades ajenas a la estricta nacionalización.
"No se pueden iniciar procedimientos que sean incompatibles con la demanda en el CIADI, pero hay márgenes para otras demandas tanto en Nueva York como en Buenos Aires en las que los accionistas particulares pueden jugar un papel vital", explicó un abogado de un despacho español.
Tanto esta fuente como otros abogados explicaron que los ejecutivos de Repsol, incluso el presidente, podrían presentar demandas en Argentina de carácter individual en contra de supuestas irregularidades en la junta de accionistas de YPF (Argentina suspendió hasta junio la convocatoria que habría de ratificar las cuentas) o, incluso, un allanamiento de morada del domicilio bonaerense del presidente de Repsol, Antonio Brufau.
Las posibles demandas de accionistas particulares podrían basarse también en la abrupta caída bursátil como consecuencia de las noticias sobre la expropiación o una supuesta obligatoriedad de lanzar OPA por parte del Gobierno argentino.
La propia Repsol, que acusa a Argentina de violar las normas de los conocidos como Tratados de Promoción y Protección de Inversiones, hace referencia el martes a la caída del precio de su acción incluso desde antes de la nacionalización al afirmar que "previamente al anuncio de la expropiación sometió a los activos de YPF a ciertas medidas dirigidas a erosionar o destruir su valor".
Diversos provincias confiscaron en los últimos meses las concesiones de YPF antes de la expropiación sobre la que se viene especulando desde primeros de año. La acción de Repsol ha perdido un 42 por ciento de su valor desde principios de este año.
"YPF sigue cotizando en Estados Unidos y pueden ser presentadas reclamaciones en la SEC (regulador estadounidense) por supuestas manipulaciones en el precio de la acción o por la OPA que, según la Ley argentina, habría de haber lanzado el Gobierno después de expropiar el 51 por ciento a Repsol", explicó otro abogado.
La principal asociación de accionistas minoritarios en España, AEMEC, asesorada por el despacho Cremades y Calvo Sotelo y por el ex ministro de Justicia argentino Rodolfo Barra, ya anunció a finales de abril que va a iniciar acciones legales por lo que considera "un acto arbitrario e ilegítimo que está causando graves perjuicios a los accionistas de Repsol".
La asociación, que hace referencia a la fuerte caída del precio de la acción, sostiene que la mayoría de los accionistas de Repsol compraron sus títulos con la participación de la española en YPF - que representaba el 50 por ciento de su producción de crudo, el 40 por ciento de las reservas y 25 por ciento del beneficio.
"La expropiación o pérdida forzada de la mayoría en YPF supone una expropiación a cientos de miles de accionistas minoritarios por valor de miles de millones de euros", dice la asociación que asegura que interpondrá demanda ante la jurisdicción argentina sin descartar la arbitral internacional.
ADVERTENCIAS A OTRAS PETROLERAS, ACCIONES UE
Dentro de la amplia estrategia legal de Repsol se incluye también una reciente misiva de la petrolera a otras competidoras "susceptibles de ser contactadas" por el Gobierno argentino para tomar posición en YPF o sus proyectos, reconocen fuentes oficiales de la española.
"Se trata de informar a otras compañías del proceso de reclamaciones contra Argentina, que puede afectar a aquellos que entren en el negocio", dijo un portavoz.
Por otra parte, una fuente oficial del Gobierno español - que ha tensado sus relaciones con Argentina y limitado la importación de biocarburantes del país sudamericano - dijo que la Unión Europea presentará una denuncia contra las restricciones a las importaciones en Argentina ante la Organización Mundial de Comercio.
/Por Carlos Ruano/