La otra cara del gobierno democrático de Horacio Cartes, que resulta ser criminal
Por Félix Vera, de Antimafia Dos Mil-Paraguay
Aumenta vertiginosamente la matanza de dirigentes campesinos en Paraguay, desde la caída –o golpe de Estado o golpe parlamentario- del gobierno de Fernando Lugo. Y lo más triste: en la mayoría de los asesinatos de estos compatriotas campesinos, muchos de ellos son dirigentes y líderes en su comunidad. Y estos hechos ni si quiera fueron investigados por la policía, por la fiscalía o por las instituciones que tienen la responsabilidad de esclarecerlos, quedando literalmente impunes.
Todos estos hechos obedecen a una sola causa: la defensa de sus territorios contra el avance del cultivo de soja transgénica que trae aparejado el paquete tecnológico, que le llaman. Un paquete tecnológico (que contiene insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes) que se aplica en los cultivos de soja, sin ningún control y violando todas las normas ecológicas, constituyéndose en un peligro para la soberanía de los pueblos. Esas comunidades que deberían estar protegidas y apoyadas por el gobierno nacional, cuya principal función es defender los intereses de la población y los recursos naturales. Comunidades que en realidad están azotadas y violentadas por las poderosas multinacionales encabezadas por la empresa Monsanto, entre otras
Representantes de las organizaciones campesinas, como la MCNOC (Mesa Coordinadoras Nacionales y Organizaciones campesinas), la CONAMURI (Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígena) y otras, dijeron que los sicarios son contratados por la empresa Monsanto para ejecutar a los dirigentes campesinos por las constantes denuncias y manifestaciones que realizan en varios puntos del país en contra de las empresas multinacionales y de las propias autoridades nacionales, para defender su territorio de la contaminación causada por los agro tóxicos en los cultivos de soja.
Desde junio de 2012 en adelante, hasta diciembre de 2014, se han ejecutado a unos 20 dirigentes campesinos en distintos puntos del país. En todos los casos entre otras denuncias de carácter social, se hacen protestas en contra del avance de la soja transgénica y de sus respectivas pulverizaciones.
La nómina de bajas dentro del campesinado podemos iniciarla con la masacre de Curuguaty, del 15 de agosto de 2012. Allí murieron 11 campesinos identificados como Luis Agustín Paredes González, Luciano Ortega Mora, Fermín Paredes González, Adolfo Castro Benítez, Arnaldo Ruiz Díaz Meza, Ricardo Frutos Jara, Avelino Espínola Díaz, Delfín Duarte, Francisco Ayala, De Los Santos Agüero Romero y Andrés Avelino Riveros García.
Siguiendo con la lista de masacres tampoco no nos podemos olvidar del caso de Sixto Pérez de 38 años, quien fue ejecutado el 1ero de setiembre de 2012 en el asentamiento norte Pyahu (nuevo). Este campesino era uno de los pioneros en la ocupación de dicho asentamiento. Era un productor agropecuario que contaba con 30 hectáreas. Sixto Pérez también era docente en el Programa de Alfabetización de Adultos. Era además, un voluntario coordinador de los programas de la Secretaría de Acción Social en el asentamiento, y dirigía un programa de radio sobre la realidad local y nacional. Pese a su historial y su popularidad entre los integrantes de su comunidad, Sixto Pérez fue ejecutado por sicarios que lo atacaron en la casa de un vecino, donde pasaba las noches por las amenazas que había recibido. La Fiscalía no investigó su causa y la carpeta de su caso esta archivada. Dejó a su compañera y cinco hijos.
Vidal Vega, de 46 años, fue ejecutado el 1ero de diciembre de 2012 en el distrito de Curuguaty. Vega llevaba la memoria de los trámites legales para la recuperación de tierra mal habida y era dirigente que sostenía la continuidad de la lucha luego de la masacre del 15 de junio de 2012. Fue asesinado por un sicario en la puerta de su casa. La causa se encuentra elevada a juicio oral y público, existiendo un supuesto sicario acusado por homicidio doloso en el caso. Dejó a su compañera y cuatro hijos.
El otro ejecutado es Benjamín Lezcano de 54 años, integrante del asentamiento Arroyito, en el departamento de Concepción. Participó ininterrumpidamente de la organización campesina de su localidad, auspiciado por la Diócesis y la Pastoral Social de Concepción. Este hombre dirigía las acciones para frenar el avance de las plantaciones de soja en el asentamiento. Fue ejecutado en un atentado perpetrado por sicarios que lo acribillaron en su casa. La fiscalía abrió una investigación sobre su ejecución, pero no hubo avances significativos en el esclarecimiento del hecho. Dejó a su esposa y siete hijos.
Francisco Denis de 53 años, fue asesinado el 21 de abril de 2013 en el distrito de Horqueta (Concepción). Fue ejecutado por agentes de la Policía que se encontraban de guardia y que le dispararon al pasar en una moto, cuando volvía de votar en las elecciones generales. La policía presentó el caso distorsionando la verdad, atribuyéndole a Francisco una supuesta participación en el ataque a una comisaría. El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Antisecuestro que no ha realizado avances significativos en el esclarecimiento de los hechos.
Continuando con lista está el caso de Carlos Antonio Moreira de 42 años. Murió el 31 de mayo de 2013 en la Colonia Laterza, de Caaguazú. Moreira integraba la Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo, vinculada como base al Movimiento Campesino Paraguayo. Fue ejecutado por un grupo de unos siete sicarios que lo atacaron en el portón de su casa. A nivel judicial, se abrió una investigación pero no hubo hasta el momento avances significativos. Existe un imputado, pero no se encuentra detenido y la causa estaba paralizada, sin resolverse la recusación presentada por la querella en contra de la fiscala por su parcialidad en el manejo de la investigación. Dejo su compañera y tres hijos.
Siguiendo con esta escalofriante cronología hablemos de Lorenzo Areco, de 37 años de edad, residente de Horqueta (Concepción). Este hombre fue dirigente de la Comisión de los sin tierra que luchó por esta recuperación y al momento de su muerte era secretario de relaciones de la Asociación de Productores de su comunidad. Fue ejecutado en un atentado perpetrado por sicarios, cuando circulaba en moto en la ruta, cerca de su trabajo. Hay una investigación abierta, pero no ha avanzado en el esclarecimiento del hecho. Dejó a sus padres y nueve hermanos.
También encontramos el caso de Eusebio Torres, de 64 años. Corrió la misma suerte de los demás campesinos y luchadores sociales, en el departamento de Alto Paraná, en la comunidad de Santa Lucia. Según la denuncia, radicada ante las autoridades, fue acribillado en el patio de su casa por la mafia sojera el 12 de marzo de 2014.
“Esta es otra de la maniobras del gobierno de Horacio Cartes que busca quitar legitimidad a la lucha de las organizaciones” explicó Tomas Zayas, vocero de la comunidad.
La otra víctima fue Nery Benítez Galeano, de 40 años, quien recibió varios balazos el 2 de febrero de 2014 en la colonia Luz Bella, en el departamento de San Pedro. Y por último está el caso de Digno González, de 40 años, baleado en Tomas Romero Pereira (Itapuá), el 25 de diciembre de 2014. Su cuerpo presentaba 19 impactos de bala. Fue asesinado por sicarios pagados por empresarios de la soja y no hay duda alguna de que fue un fusilamiento muy bien premeditado, ya que de los 19 tiros, 11 le dieron en la cabeza y el rostro dijo el secretario de MCNOC, Luis Aguayo.
Cabe destacar que desde el golpe de Estado a Lugo, y a partir de la llegada al gobierno del presidente Horacio Cartes, se ha agudizado en el Paraguay el asesinato de dirigentes sociales opositores. Así, a los asesinatos de campesinos se suman también los asesinatos de los periodistas. Tres muertos en lo que va del año con el caso emblemático de Pablo Medina.
Con esto podemos concluir que el Paraguay está administrado, gobernado y condicionado por las poderosas multinacionales como la Monsanto, Cargill, ADM y otras, que se dedican al agro negocio. Una forma de trabajo desarrollada a lo largo de la frontera norte, este y ahora sur, donde predomina el cultivo de soja transgénica, donde se desplazan a las familias paraguayas de sus tierras, eliminando la agricultura familiar de autoconsumo y la renta, que es la cultura emblemática del campesino paraguayo.
Ante esta situación de nuestro país, nos damos cuenta que la pobreza rural ha aumentado considerablemente, teniendo como efectos la pérdida y la degradación de los recursos naturales, la disminución de las potencialidades del ser humano, la inaccesibilidad a los derechos básicos como educación, salud, vivienda, seguridad alimentaria, así como también la acentuación de los conflictos sociales, como la migración, el desarraigo, la desocupación y la violencia.
No hace mucho, la realización de una marcha campesina inédita y multitudinaria fue una de las más lacerantes manifestaciones de la disconformidad de ese sector de la sociedad, que no ha logrado aún desembarazarse del yugo del terrorismo de Estado, de ahí que su lucha crece y se difunde a pasos agigantados en medio de la pasividad ciudadana que parece estar petrificada por el miedo o la indiferencia, ante tanto avasallamiento y arbitrariedad , abriéndose una profunda brecha en la sociedad, la que debería rebelarse con celeridad, antes de que más sangre de inocentes siga regando los caminos rurales, los campos y las calles de las ciudades paraguayas.