OTRO ERROR DE LA IGLESIA: EL TRIBUNAL DIOCESANO NUNCA INTERVINO EN EL CASO DEL CURA ABUSADOR JUSTO JOSÉ ILARRAZ
 27/09/2012  
La causa contra el sacerdote sólo se tramitó en la capital entrerriana Otro error de la Iglesia: el tribunal diocesano nunca intervino en el caso del cura abusador Justo José Ilarraz

Las autoridades eclesiásticas locales actuaron como único tribunal.

El sacerdote Alejandro Bovero, vicario judicial del Tribunal Interdiocesano con sede en Santa Fe y que tiene jurisdicción sobre la Arquidiócesis de Paraná reconoció que tribunal diocesano nunca intervino en el caso Ilarraz. La tramitación de la investigación diocesana contra el cura Justo José Ilarraz por los hechos de corrupción y abuso de menores ocurridos en el Seminario entre 1984 y 1991 estuvo a cargo de un tribunal local cuya cabeza máxima fue el arzobispo de entonces, el hoy cardenal Estanislao Estaban Karlic. No hubo intervención de una instancia superior de segunda instancia, en el Tribunal Interdiocesano. Sólo ahora, casi tres décadas después de ocurridos los hechos, el expediente fue girado al Vaticano, donde se espera que se le aplique al cura una sanción canónica. Pero antes, las autoridades eclesiásticas locales actuaron como único tribunal. El canon 1.419 del Código de Derecho Canónico, el ordenamiento legal que regula la vida dentro de la Iglesia Católica, dice que en cada diócesis, “y para todas las causas no exceptuadas expresamente por el derecho, el juez de primera instancia es el obispo diocesano, que puede ejercer la potestad judicial por sí mismo”.

Más adelante, el canon 1.424 establece que en cualquier juicio, “el juez único puede servirse de dos asesores, clérigos o laicos de vida íntegra, que le ayuden con sus consejos”. Pero el canon 1.425 establece que “se reservan a un tribunal colegial de tres jueces” las siguientes causas:
a) sobre el vínculo de la sagrada ordenación;
b) sobre el vínculo del matrimonio;
c) sobre delitos que pueden castigarse con la expulsión del estado clerical;
e) la declaración de la excomunión.

Aquí, mientras estalló el caso del cura Justo José Ilarraz, a mediados de la década de 1990, era arzobispo Estanislao Esteban Karlic, con facultades, según el Código, para actuar como juez en situaciones que tuvieran que ver con sus sacerdotes.

Esto es así por cuanto no todas las causas que merecen una resolución judicial llegan al Tribunal Interdiocesano con sede en Santa Fe.

La Causa

Ese tribunal, de segunda instancia, tiene como moderador al arzobispo santafesino, José María Arancedo; como vicario judicial, al sacerdote Alejandro Clemente Bovero, y como jueces, el obispo Sergio Fenoy, y a los sacerdotes Hugo Héctor Cappello, Silvio José Fariña Vacarezza (párroco de la Iglesia Catedral de Paraná); Carlos Hugo Scatizza; Carmelo Grecco y Javier Enrique González Grenón.

El sacerdote Alejandro Bovero, vicario judicial del Tribunal Interdiocesano, párroco de la Parroquia Jesús Sacramentado, de Santa Fe, dijo que “nunca” llegó a ser tratado en esa jurisdicción el caso del cura Justo José Ilarraz.

“En Santa Fe, no se hizo nada. De todos modos, el obispo de cada lugar puede ejercer como juez en algunas causas. Puede hacer un juicio diocesano, una investigación o un proceso administrativo. Incluso, hasta puede reservarse resolver en causas de nulidad matrimonial”, aseguró el sacerdote.

“El obispo no pierde la función judicial. Incluso, hasta en casos de nulidad matrimonial. Si el obispo lo dice, pueden reservarse causas para que se resuelvan en la sede de cada diócesis”, explicó.

De modo que quien fuera prefecto de disciplina del Seminario Menor no debió responder ante un tribunal superior cuando saltó a la luz, por primera vez en 1995, el escándalo por los abusos a menores que estudiaban en calidad de pupilos, y de quienes Justo José Ilarraz era responsable.

La investigación judicial de esos hechos recién se está tramitando en la Justicia casi tres décadas después de ocurridos los hechos. El caso está en manos del juez de Instrucción Alejandro Grippo, quien ya cuenta con los testimonios de dos víctimas, aunque se espera que se sumen más cargos contra Ilarraz.

Los silencios

En 1991, cuando sucedieron los hechos, en la Curia paranaense se había constituido un tribunal eclesiástico, integrado así: el actual cura párroco de la Iglesia Catedral, Silvio Fariña Vaccarezza, quien además es abogado, era oficial de justicia; el sacerdote Ángel Riedel, hoy residente en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, de Oro Verde, actuaba como defensor del vínculo; y como secretaria, la monja María Eugenia Sosa, del Movimiento Apostólico de Schoenstatt.

Ayer, se procuró conocer la opinión del padre Fariña, y fundamentalmente establecer cuál fue el final de aquella investigación que inició en 1995 en la Parroquia San Cayetano. Según dijo el vicario general de la diócesis de Concordia y por aquel tiempo vicerrector del Seminario, Alfonso Frank, esa vez Fariña tomó testimonio a una de las víctimas de los abusos del padre Ilarraz. Frank actuó como notario, y sólo tomó nota de lo que dijo el chico.

Pero Fariña declinó hablar. “Sólo voy a hablar en la Justicia”, dijo, y no dio lugar a ninguna otra pregunta.

También se escudó en el mismo silencio monseñor Luis Alberto Jacob, prelado de Honor de Su Santidad, título honorífico que le otorgó el polaco Juan Pablo II. Jacob es actualmente párroco de Nuestra Señora de la Piedad y era rector del Seminario Arquidiocesano cuando ocurrieron los abusos que ahora investiga la Justicia.

“No tengo nada para decir”, respondió ante la consulta.
--Pero usted fue rector del Seminario.
--Me reservo de hablar. No voy a hablar.

Interviene el Defensor de Menores

La causa judicial que investiga los casos de abuso de menores en el Seminario de Paraná entre los años 1984 y 1991 tuvo un giro.

El juez de Instrucción Alejandro Grippo decidió darle intervención al Ministerio Pupilar. Se trata de una novedad procesal de trascendencia: las víctimas son todas ahora adultos, pero cuando ocurrieron los hechos eran menores, de entre 10 y 14 años.

El expediente judicial todavía no suma muchas fojas, apenas cinco, y contiene la solicitud de instrucción formulada por el fiscal Rafael Cotorruelo, con un detalle de los hechos ocurridos, más los pedidos de declaraciones testimoniales y medidas procesales, como la solicitud para que la Iglesia eleve todas las actuaciones existentes respecto de la investigación interna realizada en 1995 contra Ilarraz.

El Defensor de Menores Pablo Barbirotto justificó su intervención por cuanto la causa investiga delitos perpetrados contra menores, “y la función del Ministerio Público Pupilar es custodiar el respeto de las garantías que tiene todo menor”.

“Esto puede ser una formalidad o una estrategia”, razonó, sin dar mayores precisiones, el defensor Barbirotto. Por ahora, sin embargo, la carátula de la causa sigue como “corrupción de menores agravada”. Un giro ocurrirá una vez que se hayan escuchado todos los testimonios, se hayan agregado pruebas y se escuche la declaración del principal acusado, el cura Justo José Ilarraz, publicó El Diario.