La tensión entre el mundo del trabajo y el macrismo sigue escalando. La Justicia investiga a algunos gremios por supuesta evasión fiscal en la mira. Los líderes cegetistas venían manteniendo un buen diálogo con el macrismo. El proyecto de reforma laboral resquebrajó la relación.
La tensión entre el gobierno y el sector más "duro" de la CGT podría continuar escalando en los próximos días luego de que ayer trascendiera que el Ejecutivo eliminará un fondo de unos 1.000 millones de pesos anuales para las obras sociales gremiales, a lo que se le suma una avanzada judicial en dos causas que investigan supuesta documentación apócrifa que involucran a los sindicatos de Camioneros de Hugo Moyano y de Gastronómicos de Luis Barrionuevo.
Según adelantó ayer un matutino porteño, el gobierno tiene resuelto eliminar el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (Suma), que complementa la financiación de las obras sociales mediante la distribución automática de fondos.
El subsidio, instaurado por la ex presidenta Cristina Kirchner, contempla el giro automático de fondos desde el Estado nacional a las obras sociales y actualmente, según estimaciones oficiales, son unos 950 millones de pesos anuales, que surgen del 5 por ciento de lo recaudado en concepto de aportes y contribuciones que van al Fondo Solidario de Redistribución.
La decisión del gobierno es eliminar el Suma "en un corto plazo", aunque en una primera etapa, que se anunciaría esta semana, sólo avanzaría con el recorte a la mitad.
"Es un subsidio que no tiene demasiada justificación. No tiene sentido darles tantos fondos a gremios ricos", habrían indicado fuentes oficiales.
La distribución de esos fondos se determina según el tamaño del gremio: el 20 por ciento se divide en partes iguales entre las obras sociales con más de 5.000 afiliados y el 80 por ciento restante se reparte en forma proporcional de acuerdo al número de afiliados de los sindicatos.
En ese contexto, la intención oficial es que se fusionen, o al menos compartan recursos, las obras sociales de sindicatos más pequeños, en línea con el mensaje que dio el presidente Mauricio Macri meses atrás, cuando se quejó que "no puede ser que haya más de tres mil sindicatos". También algo deslizó el ministro de Trabajo Jorge Triaca, cuando el año pasado admitió que el gobierno analizaba "cómo hacer para que funcionen mejor".
Facturas truchas
La otra cuestión que agita las aguas del gremialismo son las causas que llevan adelante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y su par de Quilmes, Luis Armella, sobre dos organizaciones delictivas, que mediante la emisión de facturas falsas habrían posibilitado la evasión de miles de contribuyentes, entre los que figuran empresas y sindicatos.
Representantes legales de los gremios supuestamente involucrados alegaron desconocimiento sobre la falsedad de las facturas.
Entre las organizaciones gremiales que fueron detectadas como usuarios de esas facturas se encuentran el Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) y el Sindicato de Obreros de Estados de Servicio (Soesgype) que comanda el miembro del triunvirato de la CGT, el barrionuevista Carlos Acuña.
Tanto Moyano y Barrionueno como Acuña estuvieron en la cumbre de los "intransigentes" de la CGT que se realizó la semana pasada en la que emitieron un duro comunicado contra el gobierno, de cara al inicio de las paritarias de 2018 y del tratamiento de la reforma laboral que este sector de la central obrera logró frenar y que al final será dividida en varios proyectos.
De acuerdo a lo publicado por un matutino porteño, también estarían involucrados el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos; el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral; el Sindicato de Empleados del Corcho; la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos; el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses.
En lo que refiera a las causas judiciales por facturas truchas, 16 personas ya fueron procesadas por el juez Armella, mientras que doce se encuentran con prisión preventiva acusados de asociación ilícita y lavado de activos.
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