Empresarios del sector petrolero con el apoyo del fiscal general de Neuquén proponen un "blindaje penal" para que la justicia pueda avanzar sobre las protestas que "ahuyentan a los inversores". La comunidad mapuche rechazó de plano la iniciativa

Empresarios proponen “un blindaje penal” que permita avanzar sobre protestas que afecten el desarrollo de Vaca Muerta.

Empresarios de la industria petrolera buscan criminalizar las protestas en Vaca Muerta. Para ello proponen la creación de “un blindaje penal” que permita a la justicia avanzar sobre protestas que afecten el desarrollo de la actividad hidrocarburífera.

Este pedido, que tiene el apoyo del fiscal general de Neuquén, José Gerez. está directamente relacionado con la explotación de Vaca Muerta porque, dicen, las protestas “ahuyentan a los potenciales inversores”.

Sostienen la idea de incorporar una nueva figura en el Código Penal de la Argentina para tipificar “protestas ilegítimas” con el objetivo de “desalentar y sancionar esa actividad”.

En diálogo con el portal Río Negro Gerez negó que se busque criminalizar las protestas sociales y señaló que el accionar de la justicia neuquina “está inserto en la comunidad. El Ministerio Público Fiscal, con el nuevo Código Procesal Penal, es un órgano no solo encargado de la persecución legal del delito sino que también está encargado de gestionar la conflictividad social a través de todas las herramientas que se disponen, como la mediación penal”.

También remarcó que “los grandes conflictos sociales se resolvieron en este ámbito, como el conflicto docente, el de las textiles de Neuquén y recientemente el de la maderera MAM, tenemos una concepción que busca la paz social, porque hoy se cuenta con otro tipo de herramientas para destrabar los conflictos de manera pacífica”.

Además, Gerez indicó que “la actividad energética no tiene protección de la ley penal, no hay figuras que protejan la afectación de la actividad. Hay delitos o tipos en el código penal que son obsoletos para proteger la actividad. Hoy el desarrollo del petróleo es el recurso estratégico del estado, de la mano de Vaca Muerta en Neuquén y yo como titular del Ministerio Público Fiscal tengo que advertir una ausencia de tutela penal en torno a la actividad, en eso se está trabajando”.

El vicegobernador de Río Negro, Rolando Figueroa tomó rápidamente distancia de la iniciativa. “No es necesaria tanta sumisión para atraer inversiones a Vaca Muerta”, declaró al sitio Río Negro.

Figueroa, del Movimiento Popular Neuquino, que se apresta a competir en la interna de su partido, advirtió que hay “un excesivo interés de un sector del partido por cumplir con objetivos de dudosa legalidad para complacer a los inversores extranjeros que ya tienen seguridad jurídica decidida soberanamente y no como consecuencia de los lobbies”.

Una inversión cercana a los 7.000 millones es la prevista para el yacimiento de Vaca Muerta para el 2019, unos 2.000 millones más que los invertidos este año. La mayor parte de las inversiones fueron para la producción de gas, la que creció más de un 200% a agosto del corriente año.

Rechazo mapuche

La pretendida criminalización de la protesta fue rechazada de plano por la Confederación Mapuche de Neuquén. Micaela Gomiz, abogada de la Confederación indicó ante los medios neuquinos que “nos parece preocupante que el Ministerio Público Fiscal solicite un blindaje, porque muestra que hay una agudización del proceso de criminalización a los sectores de trabajadores que están en lucha y a las comunidades mapuches que en esta región están alertando sobre esta situación de entrega, saqueo y contaminación con este modelo que impone el gobierno nacional y la provincia respecto de la explotación de Vaca Muerta”.

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