18 de mayo de 2018
BUENOS AIRES — Sacudida por turbulencias económicas, la Argentina mira de lejos y con recelo a Lava Jato. Y no importa que desde hace meses los investigadores brasileños y Marcelo Odebrecht hayan dado información que puede llevar a prisión a exfuncionarios y empresarios argentinos; esas evidencias se han quedado en Brasil. La explicación oficial es que las leyes de ambos países son incompatibles y que eso bloquea el intercambio de datos. Pero la verdad es otra: en la Argentina se combina una falta de voluntad política, miedo ante una posible crisis económica, cabildeo empresarial y apatía ciudadana. El resultado es pura impunidad.
El capítulo argentino de Lava Jato aún no comienza. Desde el gobierno de Mauricio Macri dicen que sí quieren perseguir judicialmente las pesquisas de corrupción y enlistan sus intentos por lograrlo: la salida de jueces y camaristas sospechosos de colaborar con la corrupción y la impunidad, y la organización de un viaje del juez brasileño Sergio Moro a Buenos Aires, donde alentó a los jueces locales a perseguir casos.
“Para que exista corrupción” —dijo Moro en una de las conferencias, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano— “además del funcionario que recibe o desvía dinero para su provecho, tiene que existir la complicidad activa de actores privados que corrompen o ceden a la presión del sistema imperante y la tolerancia o indiferencia del resto de la sociedad que mira para otro lado”.
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A casi un año de la anunciada liberación de las confesiones y evidencias de Odebrecht relacionadas con Argentina, la realidad se acerca al duro panorama que describió Moro: pocos quieren combatir la corrupción.
Desde la Casa Rosada primero afirmaron que la información no llegaba a Buenos Aires porque la boicoteaba la entonces jefa de los fiscales argentinos, Alejandra Gils Carbó, a quien asociaban al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero Gils Carbó renunció hace casi cinco meses y el material sigue en Brasil.
Luego plantearon que las leyes de ambos países son incompatibles. Pero si fuera cierto, el oficialismo tampoco impulsó una reforma legislativa ni encaró una negociación diplomática que destrabara el envío del material o dotara a jueces y fiscales de herramientas similares a las de sus colegas brasileños.
La oposición peronista tampoco quiere acceder a las evidencias. En la antesala de las elecciones presidenciales de 2019, a la oposición le resultaría muy efectivo que los documentos desde Brasil implicaran a miembros cercanos al gobierno de Macri. Se sabe, por ejemplo, que el constructor Ángelo Calcaterra, primo del presidente, fue señalado por Odebrecht. Pero la oposición también sabe que son muchos más los exfuncionarios kirchneristas comprometidos, entre ellos los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime, y de Obras Públicas, José López –quien ganó celebridad cuando trató de esconder casi nueve millones de dólares en un convento— y Julio de Vido, exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Por su parte, los empresarios locales se espantan ante la mera idea de replicar en la Argentina la investigación que llevó a la cárcel a Marcelo Odebrecht y a otros referentes de los negocios en América Latina. ¿Qué interés tendrían los empresarios para abrir esa caja de Pandora que es Lava Jato? Por eso fueron los principales cabilderos que pidieron el cambio de la figura legal del “arrepentido” y el proyecto de responsabilidad penal empresarial. Las condiciones para ser “arrepentido” en la Argentina son muy distintas a las del “delator premiado” de Brasil y se incluyeron tantas vías de escape en la ley penal empresaria que será un desafío llegar a una condena.
Gobierno, opositores y empresarios comparten un argumento: la Argentina no está en condiciones de padecer las consecuencias económicas que causó la cruzada anticorrupción en Brasil, en donde provocó una merma del 2,5 por ciento de PIB en 2015. Menos ahora que el país afronta una corrida cambiaria y Macri toca la puerta del Fondo Monetario Internacional.
Mientras tanto algunos jueces y fiscales argentinos han intentado avanzar contra los protagonistas y socios locales de Odebrecht. Pero sin la figura de la delación premiada, los magistrados argentinos no han obtenido el mismo resultado que en Brasil, Perú o Panamá. Por eso, los fiscales intentan destrabar los datos por su cuenta, junto con la Oficina Anticorrupción, sin esperar demasiado del resto del Estado argentino. Y están cerca de lograrlo.
En vez de esperar una reforma legal que dependería del Estado —y sería boicoteada por el cabildeo empresario—, un grupo de jueces recurrió a los tratados internacionales. Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que ya se incorporó al sistema jurídico argentino. Esa convención obliga a todo país que pida información (en este caso, Argentina) a aceptar las condiciones del país que se la envíe (Brasil). Con esto, los fiscales argentinos están muy cerca de causar un terremoto.
Al margen de la triada gobierno-oposición política-empresarios, está la sociedad argentina. Durante los últimos días, los argentinos pudieron ver por primera vez los videos de las confesiones en Brasil de las coimas que pagó Odebrecht por sus negocios locales. Dos exejecutivos de alto mando brasileños revelaron sus roles en esos sobornos y acusaron al entonces presidente de la poderosa Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y al equipo del otrora ministro De Vido.
Un retrato del juez brasileño Sergio Moro cuelga de un camión en una protesta de este año contra el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva Credit Mauro Pimentel/Agence France-Presse — Getty Images
Los señalados desde Brasil siguen en libertad y algunos de ellos pugnan por nuevos negocios con el gobierno. Aun así, la sociedad argentina, aunque indignada, no pasa a la acción, como sí ocurrió en Brasil desde las protestas de 2013, cuando millones de personas comenzaron a salir a las calles para reclamar transparencia en el gasto público y luchar contra la corrupción rampante. En la Argentina, en cambio, no pasaron de unos pocos miles en una movilización del mes pasado.
Quizás la mayoría de los argentinos ya se resignó a la impunidad o, igual que a los políticos y empresarios, nos preocupa más la inflación y una nueva crisis económica que el combate a la corrupción. Mientras que los políticos y empresarios no quieren cambiar un sistema que los beneficia, enriquece y mantiene impunes desde hace décadas, los argentinos se quejan sin involucrarse. Si no es la sociedad civil, ¿quién más puede exigir un alto a los índices abrumadores de corrupción?
Durante su paso por Buenos Aires, Moro prescribió un remedio posible. “La opinión pública es importante en estos procesos que involucran a personas política y económicamente poderosas para prevenir las obstrucciones de la justicia”, planteó. “La opinión pública termina funcionando como una especie de escudo protector de la investigación y el juicio”.
Los argentinos lo saben por experiencia propia. En la década de los noventa, solo las Marchas del Silencio resquebrajaron el paraguas de impunidad que protegía a los asesinos de una muchacha en la provincia de Catamarca. Desde entonces, para combatir la apatía del gobierno, las movilizaciones son una herramienta poderosa de la ciudadanía.
Si los argentinos quieren una solución, tienen que ser parte de ella.
FUENTE:https://www.nytimes.com/es/2018/05/18/opinion-alconada-corrupcion-argentina-macri-lava-jato/
