14.09.2018
El jefe de la AFI había alegado que los fiscales Delgado y Rodríguez cometieron irregularidades cuando le tomaron declaración al financista Meirelles
La Cámara Federal ordenó este viernes reabrir la causa iniciada por el juez Claudio Bonadio contra los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodriguez por presuntas irregularidades en torno a la investigación sobre el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por el presunto cobro sobornos de Odebrecht.
La Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun (votó en disidencia), Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, revirtieron la la desestimación de la denuncia realizada por el juez Daniel Rafecas, por considerar que había sido prematura y que resulta necesario producir primero una serie de medidas de prueba.
Se trata de un expediente en que el querellante Arribas alega que los fiscales Delgado y Rodríguez, este último titular de la Procuraduría de investigaciones Administrativas (PIA), cometieron el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" al recibir declaración testimonial sin tomarle juramento a Leonardo Meierelles (financista brasileño involucrado en el "Lava Jato") en la causa por supuestos sobornos en el marco de contrataciones de Odebrecht en la Argentina, que se sigue ante el Juzgado Federal 7.
"No puede soslayarse que las circunstancias y la forma en que se produjeron las declaraciones de Leonardo Meirelles y Alberto Youssef ameritan cuanto menos ahondar la pesquisa a los efectos de descartar cualquier posible conducta ilícita que se haya producido en dicho acto. Entiendo que previo a agotar la investigación y adoptar un temperamento al respecto, se proceda a escuchar en declaración testimonial a los letrados y funcionarios que intervinieron en el acto", indicó Bruglia.
Llorens adhirió a esa postura, agregando: "La base de esa investigación demanda, inexorablemente, la posibilidad de que, tanto la acusación como la defensa, puedan agotar las medidas que estimen pertinentes para el esclarecimiento completo de los hechos".
Por su parte, Irurzun votó en disidencia al remarcar que Arribas "no ha aportado algún indicio que exceda de su cuestionamiento acerca de la forma procesal escogida por los fiscales Delgado y Rodríguez para recibir declaración a Meirelles en el marco de una causa penal, en que el juez a cargo de la dirección de la instrucción había ordenado escucharlo en testimonial y delegado en el acusador público la materialización del acto".
Para él, partiendo de esa base la solución correcta es el archivo de la denuncia por imposibilidad de proceder –no por manifiesta inexistencia de delito-, aclarando que en su caso no habría óbice para una eventual reapertura.
El pasado 29 de junio Rafecas había desestimado la denuncia contra ambos fiscales, a quienes Bonadio acusó por haberles recibido declaración testimonial a dos arrepentidos brasileños ya condenados en la causa "Lava Jato" -Leonardo Meirelles y Alberto Youssef-, sin tomarles juramento de decir verdad.
Tanto el fiscal Gerardo Pollicita como el juez Rafecas consideraron tal decisión como "admisible" dentro de las previsiones de la legislación procesal vigente, que en todo caso podría ser objeto de nulidad, pero sin constituir delito penal alguno.
Rodríguez y Delgado le tomaron declaración al "arrepentido" del Lava Jato Meirelles, quien dijo haber hecho transferencias bancarias por más de 850 mil dólares a favor de Arribas en una cuenta a su nombre en Suiza.
El juez Bonadio tiene a su cargo una denuncia presentada por Arribas por falso testimonio contra Meirelles, quien testificó en su contra acusándolo de haber recibido sobornos de Odebrecht para acceder a la obra pública en la Argentina.
Semanas atrás, el juez dispuso la captura internacional de Meirelles y denunció a los fiscales Delgado y Rodríguez por la declaración al "arrepentido" sin tomarle juramento de decir la verdad, tal cual prevé el Código Penal.
En su fallo, Bonadio dijo que no estaban comprobadas las transferencia de las que habló Meirelles a favor de Arribas sino sólo la que él reconoció por 70 mil dólares por la venta de material mobiliario a un empresario brasilero en la que aquel intervino como intermediario.
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