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El desplazamiento de tres funcionarios claves en la AFIP no solo profundizó la tensión entre Elisa Carrió y el Gobierno. Terminó desnudando una investigación del organismo contra el primo del presidente Mauricio Macri por el supuesto pago de sobornos a ex funcionarios kirchneristas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, como reveló PERFIL.

Las pruebas detectadas por la Dirección General Impositiva (DGI) se presentaron ante el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi el viernes 29 de septiembre, una semana antes de que el jefe de esa área, Horacio Castagnola, fuera eyectado de su cargo en medio de un plan de renovación del organismo que lidera Leandro Cuccioli.

Fue el equipo de la DGI el que dio en el clavo: un contrato nunca antes detectado entre las constructoras del soterramiento (Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa) y la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisación de Obras de Edificación SA, también conocida como DSC Management Control de Calidad. El contrato revela pagos por US$ 4.495.250 a esta "consultora" española investigada en Andorra, Colombia y Perú como firma fantasma. Fue firmado por el ejecutivo de Iecsa Santiago Ramón Altieri, el 27 de abril de 2010. La firma española debía realizar supuestos "servicios empresariales, profesionales y técnicos" para la obra del Sarmiento por un total de US$ 10.316.253 pero se concretaron pagos por solo la mitad de ese dinero. Las transferencias bancarias fueron autorizadas por Altieri desde una cuenta controlada por Iecsa en el Banco Santander Río, en Buenos Aires. Se realizaron en doce cuotas entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012, como reveló ayer PERFIL. El dinero fue destinado a una cuenta en la Banca Privada de Andorra (PBA), una entidad utilizada por varias constructoras para lavar dinero de sobornos, como estableció la Justicia de ese principado europeo. Los técnicos de la DGI fueron categóricos: el contrato en cuestión sería "simulado" o “ficticio” y su único objetivo sería desviar fondos al exterior “con fines espurios”, confirmaron fuentes de la causa. Además, dejan en claro que el dinero destinado a supuestas coimas salió directamente del Estado argentino, como parte de los pagos por la ejecución de la obra. La empresa española que recibió los millones de dólares tiene una modesta sede en Madrid (ver foto). Su administrador, José Díaz Vecino, debió hacer declaraciones públicas en mayo cuando el diario español ABC le pidió explicaciones sobre un contrato con Odebrecht en Colombia, revelado por el periodista Gerardo Reyes, de Univisión. Entonces, Díaz Vecino dijo que el contrato era falso y que Odebrecht los usó "como a unos pringados". Reconoce una relación contractual pero para “otros trabajos” de los que no recuerda detalles. "No sé ni si nos pagaron", agregó Díaz Vecino. En Colombia, la empresa española quedó en la mira porque recibió en su cuenta en Andorra US$ 10,9 millones. La justificación fue un contrato con Odebrecht para servicios en las obras de una ruta. La posición de Calcaterra desmiente a la AFIP: "Iecsa colabora y seguirá colaborando con la Justicia, y con cualquier organismo que le requiera información". El empresario es uno de los procesados por asociación ilícita y cohecho en la causa de los cuadernos. Sobre las transferencias por casi US$ 5 millones a esta empresa española investigada como una pantalla para recibir sobornos de las constructoras y canalizarlos luego hacia los funcionarios destinatarios de las coimas, la versión de Calcaterra apunta a su ex socia: "A esta empresa la trae Odebrecht, que se encargaba de la ingeniería de la obra. Sabíamos que ya venía trabajando con Odebrecht desde antes en Perú y en otros lados. Hicieron un trabajo para la UTE. Se le dio información sobre eso a la AFIP. Iecsa va a presentar esa misma información a la Justicia". El supuesto trabajo sería de “consultoría”.

http://www.treslineas.com.ar/afip-complico-iecsa-pruebas-presuntos-sobornos-millones-n-1546666.html