¿CAJONEO DEL EXPEDIENTE DEL TRIPLE CRIMEN?
EXCLUSIVO: PRUEBAS CONLUYENTES Y TEMOR JUDICIAL
Uno de los sujetos sobre los que pesa evidencia concluyente es Martín Lanatta, mencionado en Tribuna de periodistas antes que en ningún otro medio. Se trata un funcionario inorgánico del Registro Nacional de Armas (Renar), quilmeño y muy cercano al jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández.
En el marco del triple crimen de General Rodríguez, Lanatta es quien ha citado a los jóvenes "empresarios" que luego aparecieron acribillados en un descampado de esa zona del conurbano bonaerense, al tiempo que gestionó sendos permisos de portación de armas al megadenunciado Sebastián Forza.
Un dato más que interesante: en estas horas Lanatta estaría trabajando en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en el más estricto secreto.
El hombre señalado
Con CUIT 20-23787091-4, Martín Eduardo Lanatta es un enriquecido empresario —aunque monotributista en la categoría más baja— y posee domicilio fiscal en Covadonga 668 de la localidad de Berazategui. Morrudo, de 1,65 metros de estatura, gusta vestir chaleco tipo "cazador" y utiliza con frecuencia un saco de corderoy con mangas muy largas color verde. Se conduce con tres vehículos: un automóvil Volkswagen "Escarabajo" New Beetle color gris metalizado; una camioneta Ford Ranger cabina simple, con inscripciones de una empresa de la construcción en sus puertas; y un Toyota Corolla gris.
El currículum de Lanatta lo muestra como una persona inquieta, interesada en actividades muchas veces incongruentes entre sí: "edición de libros y publicaciones", "impresión de diarios y revistas", "servicios jurídicos", "servicios para el orden público y la seguridad", "transmisión de sonido, imágenes y datos", y un tópico que develará parte de la trama detrás del triple crimen: "fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos".
Como se ha señalado sobradamente desde las virtuales páginas de este medio, Sebastián Forza fue asesinado a causa de oscuros negocios llevados a cabo en sociedad con el kirchnerismo, tal cual admitió el occiso a este cronista —único que pudo entrevistarlo— en mayo de 2008. Posteriormente, su muerte se disfrazó de "ajuste de cuentas mexicano" para desviar la investigación.
¿Qué admitió Forza en esa entrevista? aseguró haber hecho negocios turbios relacionados a medicamentos y blanqueo de dinero en sociedad con importantes funcionarios del gobierno, motivo por el cual temía que lo asesinaran. Un dato: jamás habló de efedrina o mexicano alguno.
En el marco de lo mencionado, no parece casual que Lanatta aparezca relacionado a la industria farmacéutica y menos aún que jamás se lo haya llamado a declarar judicialmente, sobre todo cuando fue mencionado por dos importantes testigos. Cae de maduro que es un protegido desde las más altas esferas del poder.
Otro dato no menor, mencionado por una de las fuentes consultadas para este artículo: a Lanatta le gustan mucho las armas. "Suele practicar tiro y para con mucha frecuencia en boliche frente al Renar, donde lleva a cabo trámites de registro de armas. Es legítimo usuario de portación de una Glock calibre 40".
Por si alguno no lo recuerda, un arma del mismo calibre y marca es la que se utilizó para concretar el triple crimen de General Rodríguez.
Socios del silencio
Poco antes de ser asesinado, Sebastián Forza sufrió una serie de amenazas por parte de un personaje señalado vastamente por este periódico: Ibar Esteban Pérez Corradi, un joven "empresario" de 31 años, mencionado por la embajada de Estados Unidos como nexo entre narcotraficantes y laboratorios medicinales.
Ante la AFIP, Pérez Corradi declara tener como actividad principal la de "servicios de financiación y actividades financieras", y como secundaria el "asesoramiento, dirección y gestión empresarial". Asimismo, compartió en su momento una suerte de sociedad con Forza, en la cual este último ponía su fuerza de trabajo y el primero financiaba las operaciones con dinero contante y sonante en una lúgubre oficina del pasaje King de esta Capital Federal.
La sociedad se disolvió en 2007 —de la peor manera— y Pérez Corradi logró algo insólito: no ser investigado por la Justicia a pesar de que Forza lo había denunciado penalmente en dos oportunidades por amenazas de muerte. Quien escribe estas líneas aportó oportuna evidencia en ese sentido ante la fiscal Ana Yacobucci, en septiembre de 2008, pero nada hizo la funcionaria al respecto.
Corradi y Lanatta son partes fundamentales del rompecabezas que puede ayudar a resolver el triple crimen, junto a otras dos personas, Jorge Adrián Cabrera y Pablo Héctor Quaranta. El gran problema es que jamás pudieron ser relacionados entre sí. Hasta hoy.
Luego de un exhaustivo análisis y cruzamiento de información —que duró varias semanas—, Tribuna de periodistas ha encontrado interesantes relaciones entre todos, directa e indirectamente. Veamos.
En los registros de la AFIP, Pérez Corradi figura como presidente de una sociedad anónima llamada C&C Building, dedicada a la "construcción de obras civiles y comerciales". En este emprendimiento, con un capital social declarado de 50.000 pesos, está asociado con Jorge Adrián Cabrera, quien se desempeña como director suplente. Además es propietario de Odin Concept S.R.L. junto a Pablo Héctor Quaranta.
Asimismo, en la Inspección General de Justicia hay registros de una sociedad llamada Elvesta Argentina SA, dedicada a la "venta de ropa salvo de cuero y tejidos de punto". Allí, según consta en el acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 1 del 8 de febrero de 2008, se designó a Jorge Adrián Cabrera como Presidente y a Martín Lanatta como Director Suplente. El domicilio social de Elvesta está ubicado en Pola 2477 de esta Capital Federal. Esto demuestra que Cabrera es el nexo directo entre Lanatta y Corradi.
En buen romance, se trata del "eslabón perdido".
Concluyendo
Los mencionados no son los únicos que debe investigar —y citar— la Justicia. La lista es bastante más extensa y por demás interesante. Primeramente, existe una sociedad llamada Homeland Brokers Security SA, constituida el 30 de noviembre de 2007 que jamás ha sido puesta bajo la lupa de los investigadores.
Los alcances de sus prestaciones son sugestivas: "prestación de servicios de asesoría y consultoría integral a empresas o clientes particulares relacionadas con la seguridad en redes de información y comunicaciones; asesoramiento en salvataje de personal y bienes en situación siniestral y/o preventiva; seguridad en la protección de la propiedad intelectual; detección de fraudes, resolución de conflictos con toma de rehenes, secuestros extorsivos, narcóticos y lavado de dinero; Comerciales: Mediante la compra, venta, importación y exportación de materiales para usos especiales: chalecos antibalas, escudos, cascos balísticos, municiones, explosivos, cartuchos especiales, granadas de irrupción y todo otro equipo o elemento relacionado con la seguridad individual o de empresas, inclusive material de uso bélico liviano o pesado de acuerdo con las reglamentaciones vigentes".
Sus socios son Eduardo Ariel Menchi, Miguel Ángel Colella —comisario retirado—, Ricardo Alberto Escudero y el mencionado Martín Lanatta. Todo cierra.
Finalmente, a la lista de sospechosos, hay que agregar los siguientes nombres:
-Rubén Romano: denunciado por la ministra de Salud, Graciela Ocaña, como responsable de maniobras ilícitas en el gerenciamiento de obras sociales y el PAMI. Forza aseguró a este cronista que Romano quería matarlo por haberse desvinculado de la sociedad entre ambos. Ocaña admitió lo mismo.
-Marcelo Abasto: amenazaba a Forza porque este le debía dinero. Según fuentes cercanas al fallecido empresario, las presiones de Abasto eran sumamente violentas.
-Néstor Vázquez: ex superintendente de Servicios de Salud.
-Ricardo M. Rodríguez: amigo de Martín Lanatta, es dueño de una quinta donde habrían estado los tres "empresarios" antes de ser asesinados.
-Walter Maffini: vinculado a Forza y otros jóvenes "empresarios", es quien buscaba en clínicas y hospitales frascos vacíos de medicamentos para rellenarlos con agua y alcohol.
-Sr. Cabañas: es el "padrino" de casi todos los jóvenes que abrieron droguerías "truchas" en los últimos años.
Lo antedicho es parte de una trama maldita que en estas horas frena lo más alto del poder kirchnerista. La evidencia es concluyente, lo sabe el fiscal de Mercedes, Juan Bidone, también lo sabía en su momento la fiscal Ana María Yacobucci, quien se desprendió del expediente cuando descubrió que importantes funcionarios oficiales aparecían en el hecho (1).
Sólo queda el trabajo del periodismo independiente. Por ahora.
Christian Sanz
(1) Este periodista declaró en la fiscalía de Yacobucci pero no fue llamado jamás a ratificar por los fiscales de Mercedes, aún cuando se ofreció evidencia concluyente, la cual fue finalmente entregada por otros medios. Asímismo, a pesar de que se aseguró a este medio que habría inminentes detenciones en mayo de 2009, nada ocurrió y los fiscales terminaron por refrendar el parate del expediente judicial.
http://www.periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=5764
