BANCOS SUIZOS LE EXIGEN A CLIENTES ARGENTINOS QUE SE SUMEN AL FUTURO BLANQUEO
12 de mayo de 2016
por MARIANO GORODISCH
Clientes argentinos con cuentas en bancos suizos se desayunaron con un dossier de 40 páginas (actualizado a 2016) que recibieron de parte de todas las entidades. En carácter de declaración jurada, y para que no les cierren las cuentas, deben firmar que su dinero era lícito, que había sido declarado ante AFIP, y recomiendan que se sumen al blanqueo que lanzará el Gobierno.
Están rearmando los legajos de todos sus clientes y les advierten que, desde el año que viene, se verán obligados a investigarlos por las normas de prevención de lavado de dinero. Dependiendo de la cuenta de inversión que tienen es el interrogatorio: no es el mismo para una persona física que para una jurídica, una sociedad o un fideicomiso.
De acuerdo a la estructura jurídica que tenga la cuenta es el interrogatorio. La banca suiza lo incentiva para que sus clientes mantengan su dinero ahí, por eso están haciendo un lobby muy fuerte. En efecto, conocen a la perfección el proyecto de ley de blanqueo de capitales. Por lo general, la plata en Suiza es lícita, pero no fue declarada, en ciertos casos porque fue heredada de los abuelos y de los padres, que la mantuvieron siempre ahí.
Hermetismo puro
Así es como mantiene el Gobierno su proyecto de blanqueo de capitales, mediante el cual planea captar u$s 50.000 millones, sobre un total de u$s 230.557 millones que hay en poder de argentinos fuera del sistema, según el Indec.
En el equipo económico están tan confiados como entusiasmados en poder lograr el objetivo de los 50K, con una ley que puede llegar a durar un año, aunque algunos prefieren que se extiende a 24 meses, ya que no será prorrogable, para que no pierda seriedad, como en el caso del blanqueo del gobierno anterior.
Con la aparición de los Panamá Papers, más los intercambios automáticos de información entre las distintas AFIP del mundo, entienden que el nuevo estado de situación será muy favorable.El consenso es que jamás ningún funcionario se referirá a la palabra "blanqueo"", sino que hablarán de una "amnistía fiscal", que es la frase que suele utilizar el jefe de la AFIP, Alberto Abad, siempre amparándose en las normas de la OCDE y del GAFI, y circunscripto al dinero procedente de la evasión tributaria y de infracción al régimen penal cambiario. Cualquier sospecha que pudiera existir de dinero proveniente de lavado, corrupción, fraude o narcotráfico no tendrá amnistía.
Calculan que el proyecto de ley lo podrían mandar al Congreso en junio, por lo que habrá al menos dos meses de debate legislativo, con las reformas que le hagan. En agosto podría salir aprobado, luego lo debe reglamentar el Poder Ejecutivo, así que en septiembre puede empezar, si se corre contra reloj, sino en octubre, por lo que tendrían todo un año hasta las legislativas del 2017.
Se podrá blanquear dinero en efectivo, en títulos, bonos y todo tipo de propiedades en el extranjero. No habrá ninguna imposición de que se tenga que comprar un bono, sino que habrá diferentes escalas de acuerdo a cuándo se blanquee y el destino que se le dará. Si el dinero se queda en otro país, la alícuota será mayor, ya que el Gobierno está muy interesado que el mercado bursátil pueda entrar en una etapa de mayor crecimiento.
En la City sospechan que se les viene la espada de Damocles de la información automática a los que quieren seguir teniendo su dinero no declarado afuera. El mayor riesgo es que pidan el origen de los fondos y, si no lo pueden demostrar, que les congelen esa plata. El Gobierno está tomando como referencia los blanqueos realizados en Chile, Colombia, México, España y Brasil.
De todo esto se hablará el 9 de junio, cuando la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA) organiza el encuentro anual más importante para el análisis y el debate sobre la actualidad del sistema de prevención en la Argentina. Este año el eje temático se enfocará en la corrupción, el narcotráfico y su relación con el lavado de activos, y por el otro, el nuevo marco regulatorio a cargo de la UIF.
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