El juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo presentó este cargo, pasible de hasta 30 años de prisiónNo ceden. Separatistas colmaron las calles de Barcelona en repudio a los operativos del gobierno central.
El juez español que instruye el intento de secesión unilateral de Cataluña confirmó ayer la inculpación del núcleo duro separatista por "rebelión" y decretó prisión preventiva para cinco de sus líderes, entre ellos el candidato a presidente regional Jordi Turull.
El juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo presentó este cargo, pasible de hasta 30 años de prisión, contra 13 destacados independentistas, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont y gran parte de su gobierno, así como la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell. Además, el magistrado decretó prisión preventiva por "grave riesgo de fuga" para cinco de ellos que habían sido citados en Madrid y se encontraban en libertad provisional desde noviembre, pocas semanas después del fallido intento de secesión vivido en esa región nororiental en octubre.
Los afectados son el ex portavoz del gobierno Jordi Turull, los ex ministros Raul Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull y Carme Forcadell, que se suman al ex vicepresidente Oriol Junqueras, el ex responsable de Interior Joaquim Forn y los líderes de asociaciones independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presos desde hace meses.
Esta decisión impedirá la investidura de Turull, que el jueves había perdido la primera votación para convertirse en presidente regional y hoy debía someterse a un nuevo debate. También estaba convocada la diputada Marta Rovira del partido ERC —cuyo líder es el preso Oriol Junqueras— pero poco antes anunció que se refugiaba en Suiza. Se trata de la séptima independentista que se va al extranjero para evitar a la Justicia española siguiendo la senda del ex presidente Carles Puigdemont, instalado en Bélgica.
Los cargos presentados por el juez Llarena afectan a un total de 25 independentistas, en una macrocausa por rebelión, malversación y desobediencia que gira en torno a los preparativos del referendo unilateral de independencia del 1 de octubre, prohibido por la Justicia española.
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