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El caso de los niños torturados en Ibagué exige una revisión de las entidades vinculadas al Icbf.

25 de octubre 2017 , 12:00 a.m.

Los inaceptables atropellos cometidos contra niños en condición de discapacidad cognitiva en una fundación que ejercía labor social con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Ibagué desnudan la situación de desamparo en la cual se encuentra esta población vulnerable en todo el país.

Aunque las autoridades deben esclarecer, en rigor, el actuar de los diez empleados de Peces Vivos, el centro donde supuestamente 11 niños eran sometidos a maltratos con el disfraz de atención, la sola sospecha de que ello ocurra es un hecho de gravedad suprema si se tiene en cuenta que estos lugares, por la tarea que desempeñan, han de ser supervisados de manera permanente.

Pero, en este caso, los indicios permiten inferir que las faltas también permean a las autoridades sanitarias que habilitaron dicho lugar; al ICBF, que lo contrató, y a los respectivos auditores encargados de vigilarlo. Aquí nadie se puede lavar las manos.

Porque, valga decirlo, fueron muchas las voces de antiguos pacientes y empleados que alertaron sobre los vejámenes que allí cometían contra los internos, pero que fueron desatendidas con la premisa de que los manejos estaban amparados en protocolos definidos para personas “difíciles” y avalados por especialistas. Razones que a la postre resultaron fraudulentas, porque hasta las firmas de los siquiatras que prescribían los tratamientos eran falsas.

Los niños torturados en Ibagué‘Casa del terror', así llaman en Ibagué al lugar donde torturaban niños

Este lamentable hecho debe servir para analizar los vacíos que existen en la atención integral de los niños en condición de discapacidad.

Y si todo esto pasaba, decir que Peces Vivos era la única fundación especializada en el Tolima para atender a menores con problemas siquiátricos exige un análisis profundo de las características y calidad de todas las entidades que ofrecen este tipo de servicios en la totalidad de las redes de salud en el país.

Lo preocupante es que las crecientes quejas y tutelas interpuestas por padres de familia y algunas organizaciones de pacientes que reclaman servicios integrales para niños con enfermedades mentales profundas dejan entrever una normalizada desidia que promueve la remisión de estos menores a sitios sin idoneidad y que, además de tranquilizar a los responsables de garantizar estas coberturas, lo único que hacen es empeorar la situación de los enfermos y de su entorno cercano.

Es inconcebible que males infantiles como la esquizofrenia, la depresión profunda, los trastornos compulsivos o los intentos de suicidio –verdaderas tragedias familiares– sigan cayendo en manos de inescrupulosos que terminan supliendo unas falencias que el sistema de salud, en todos sus niveles, se niega a reconocer.

El caso de Ibagué, más allá de los resultados de las investigaciones, debe ser la excusa ineludible para analizar sin dilaciones los vacíos que existen en la atención integral de los niños en condición de discapacidad profunda –mental y física–, que en la mayoría de los casos está en poder de gente que, por un lado, desangra los recursos con “protocolos sin evidencia” y, por otro, multiplican la adversidad de quienes las padecen. Algo simplemente criminal, al tenor de los avances de la medicina y del precepto de la salud como un derecho fundamental.