El cadáver de Alejandro Medina fue durante años solo un número. El 1741. Un cuerpo sin nombre en proceso de descomposición, refrigerado junto a otros a pocos kilómetros de su casa. Una cifra problemática para las autoridades del Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco. Y vez de un muerto al que su familia podía llorar, se convirtió durante mucho tiempo en un desaparecido más. No estaba en una fosa, sino en una institución pública. Tres años después de que lo encontraran, su esposa tiene por fin algo lógico que contar a sus hijos. Hace 15 días le entregaron sus restos. Alejandro Medina es uno de los 444 muertos que la morgue de Guadalajara apiló entre cámaras frigoríficas y tráilers como si fueran ganado, porque las consecuencias de la violencia que vive el Estado, que es la de todo México, hace tiempo que se le fue de las manos.
El 14 de septiembre, las imágenes de un camión repleto de cadáveres sin identificar circulando por las calles de la segunda ciudad más grande de México provocó que cientos de familias desesperadas como la de Alejandro acudieran a las puertas del instituto de Guadalajara para encontrar a sus familiares desaparecidos. Allí convivían el problema y parte de la solución: muertos por identificar y familiares que los buscaban. En medio, un organismo que sigue desbordado, trabajando a contrarreloj para resolver el mayor escándalo de su historia, tratando de realizar en dos semanas lo que no fueron capaces de resolver en tres años.
Familiares de personas desparecidas protestando a las afueras del Instituto Jalisciense de ciencias forenses. Hector Guerrero
Muchos de estos cadáveres llevaban amontonados allí desde 2015, sin autopsia, sin pruebas de ADN, sin ni siquiera una ficha con su descripción. "Hacía mucho tiempo que no se realizaban inhumaciones. Si lo hubieran hecho, esto no habría sucedido", reconoce a este diario el nuevo director del Instituto, Carlos Daniel Barba, que tiene de plazo hasta el próximo 15 de octubre para registrar el perfil genético de todos ellos, facilitando la búsqueda de sus familiares, y enterrarlos. El anterior responsable, Luis Octavio Cotero, fue destituido poco después de que se conociera la noticia.
En las instalaciones del centro cuentan todavía con 415 cadáveres sin identificar, según las últimas cifras oficiales. Desde que estallara la crisis en el organismo solo han sido reconocidos 29 muertos y han logrado recabar el perfil genético de 119, de los cuales 102 han sido enterrados en el panteón de Guadalajara. Cada lápida está marcada con una letra del abecedario —los muertos se han convertido en un código, número de fila y letra— la fecha de la inhumación y unas flores secas que donó el Gobierno de la ciudad. En una hora y media entierran a cuatro cuerpos. Dos trabajadores del Instituto acondicionan a marchas forzadas con impermeabilizante rojo el resto de nichos vacíos.
A unos kilómetros de ahí, los portones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en Guadalajara son incapaces de cubrir el olor a muerto. El macabro aroma traspasa las rejas y se instala durante horas en la pituitaria. Desde ese momento, ya nada huele igual que antes; todo se mezcla con el siniestro hedor de la muerte. A las puertas de la morgue, cientos de familias de todo el país esperan con una mascarilla a que uno de esos cuerpos sin nombre sea su desaparecido. Lo hacen mientras intentan procesar la contradicción emocional más grande de su vida: la esperanza de que su esposo, hermano o hijo esté ahí y la desesperada necesidad de que no esté.
"El instituto tenía muestras de ADN de mi familia. Fuimos más de tres veces desde 2015 a buscar a mi hermano y siempre nos decían lo mismo, que ahí no estaba. Cuando vi las imágenes del tráiler en la televisión supe que teníamos que regresar e intentarlo de nuevo", cuenta Ana María Soto, hermana mayor de Alejandro, que el día que desapareció, el 19 de diciembre de 2014, tenía 31 años. Hace menos de una semana que han enterrado a su hermano. Se lo entregaron en una bolsa negra, dentro de un ataúd sellado. "Lo que más me duele es no haberlo visto por última vez". Su madre, una mujer humilde y ama de casa, se quebró junto a su tumba: "Perdóname hijo, nosotros tuvimos la culpa por no agilizar, por no insistir, por no haber hecho una manifestación afuera del instituto para que buscaran tu cuerpo". La hermana pequeña de Alejandro, Karen Guadalupe, que intentó buscarlo en 2014, sigue desaparecida. Su familia sospecha con dolor e indignación que estará también entre el montón de cuerpos sin nombre que guarda el organismo.
"La primera vez que fui, de plano no dormí. Intentaba cerrar los ojos y sentía que olía mi ropa como el instituto", explica Alejandro Puerto, tío de Carlos Arturo Ruiz Puerto, desaparecido el 6 de marzo de 2017 en el municipio jalisciense de El Grullo. Fue uno de los primeros en desvelar la incapacidad del centro forense para dar respuesta a esta crisis y relató su calvario, que era también el de decenas de familias, en Twitter: "Cuántos problemas no se han solucionado en este país simplemente por falta de voluntad política", se lamenta.
Alejandro insiste en que su lucha durante más de un año fue principalmente contra la "ineficiencia" de las instituciones. Se convirtió casi en un experto en ciencia forense y aprendió a identificar correctamente a un cadáver a través del sistema que usa el Gobierno de Arizona cuando pensó que Carlos quizá hubiera cruzado a Estados Unidos. En la morgue de Guadalajara ni siquiera anotaron bien lo que rezaba el tatuaje de su sobrino. "Yo solo quiero que me digan algo que yo le pueda decir a mi familia. Y así poder cerrar esta herida que de otra forma no va a cerrar. ¿Cómo hago yo para que niños de 11 años dejen de abrir las puertas de sus casas de madrugada por si su papá regresa?", se pregunta.
María del Tránsito Zamora fue la primera en identificar a su hijo entre los cientos de cadáveres convertidos en número. José Guadalupe Cruz Zamora, de 37 años, había desaparecido junto a su hijo de 18, Daniel Alejandro, el pasado 20 de mayo. José fue el primero en inaugurar la tanda de lápidas con letras del panteón Guadalajara, pues su familia no pudo costearse los servicios funerarios. Unos meses antes, Mari, a sus 68 años, sin saber leer, se recorrió todas las instituciones de Jalisco sola. Por las noches, cuidaba a su esposo en el hospital. Su hijo tenía un tatuaje en el empeine con el dibujo de una rosa, fue lo último que pudo ver de él, el resto de su cuerpo había sido disuelto en ácido. "Una madre defiende a sus hijos y no descansará hasta encontrarlos", señala. Todavía espera a que le entreguen el cuerpo de su nieto. En el salón de su casa ha levantado un altar rodeado de rosas blancas.
María del Transito llora frente a una foto de su hijo y su nieto en el interior de su vivienda. Hector Guerrero
En medio del caos, una esposa desesperada con un bloc de notas y un bolígrafo ha conseguido mucho más de lo que demostraron lograr las autoridades durante años. "SF 296/18. Masculino. Mordedura de borde a borde. Desgaste general de dientes. Estatura 1,77. Amputada mano izquierda (...) SF 297/18. Tatuaje en tórax superior Ramírez Díaz. Tatuaje en hombro izquierdo con tortuga azul". Un día, Consuelo Velázquez decidió hacer algo más que acudir al Forense de Guadalajara para buscar a su marido, Rogelio Ruiz González, desaparecido el 23 de noviembre de 2015 con 47 años. Anotó junto a otras madres y esposas todos los detalles de las fotografías de los cuerpos que les mostraban en el instituto. La difusión de esos apuntes recabados este verano hizo que nueve familias encontraran a sus desaparecidos, de 47 que revisaron. "Nos dimos cuenta de que con nuestros propios medios, limitados, podíamos encontrar personas. ¿Por qué el Gobierno, que tiene los recursos, el dinero, no trabaja como debe ser?", se pregunta indignada.
Consuelo sigue yendo al centro. Y ve en cada uno de esos cadáveres (tiro de gracia, torturado, esposado, decapitado) a Rogelio. Le parte el corazón, pero también le alivia saber que no está ahí. El cartel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso del país, amenazó con hacer daño a sus hijas si seguía buscándolo. Huyó de su casa, pero no abandonó la búsqueda. "Soy mucho más fuerte de lo que pensaba. Buscarlo me mantiene viva. El día que lo encuentre sé que mi mundo se habrá acabado", confiesa.
A 15 minutos en coche del Instituto Forense se ha levantado el primer monumento improvisado a esta tragedia. En una de las glorietas más emblemáticas de Guadalajara, donde se encuentra un monolito levantado en memoria a los niños héroes —seis cadetes del Ejército mexicano que fallecieron luchando contra Estados Unidos— se lee: "Murieron por la patria". A sus pies, cuelgan decenas de pancartas con mensajes y fotos de jóvenes en paradero desconocido. Alejandro Puerto observa una cruel ironía: "Parece decir: Los desaparecidos murieron por la patria". En México sigue habiendo 36.265 cadáveres sin nombre ni una tumba a la que llorar.
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