FECHA: 21/02/17
5.000 bebés judíos de origen yemenita desaparecieron en los años cincuenta de Israel y, después de ser secuestrados, fueron vendidos en adopción con la complicidad del Estado, la policía y las maternidades.
Es un caso muy parcido al de los bebés robados por los franquistas en España, entendiendo claramente que el "franquismo" se prolongó mucho más allá de la muerte del criminal Franco, hasta los años noventa, y que en tal categoría política, además del personal sanitario, se deben incluir a los católicos que participaron en los secuestros y compraventas de los recién nacidos.
En ambos casos los Estados no sólo fueron cómplices: siguen siendo cómplices cada minuto que pasa negando los crímenes y dejando de investigar los secuestros de niños para luego decir que eso ocurrió hace muchos años y hay que dar la espalda al pasado. Todos los archivos públicos que contienen información sobre este crimen colectivo se han tratado de mantener cerrados hasta 2066.
El caso de los niños judíos yemenitas comprende la etapa 1948 y 1954, es decir, el nacimiento mismo de Israel, un Estado cuyas raíces con todas ellas abiertamente criminales.
Cuando los niños eran hospitalizados por encontrarse enfermos, a los padres se les decía que habían fallecido; si reclamaban el cuerpo para darle sepultura al cadáver, les respondían que el hospital ya había procedido al enterramiento.
Como suele ocurrir, el crimen se hubiera mantenido oculto si los padres se hubieran conformado con las explicaciones falaces de los funcionarios públicos y los profesionales sanitarios, es decir, si las personas creyeran lo que les dicen y, además, si no hubieran emprendido una lucha heroica, larga y amarga, si hubieran desfallecido durante más de medio siglo sin averiguar el paradero de sus hijos.
En estos casos el Estado conoce a la perfección lo que ocurrió. Por eso mantiene el secreto de los archivos. Pero hace como que no sabe nada y cuando le presionan dice que empieza a investigar. En junio del año pasado Netanyahu encargó al ministro Tzachi Hanegbi que echara un vistazo a los archivos ocultos para ver la manera de calmar las protestas y tapar el asunto un tiempo más.
No lo lograron y en noviembre tuvieron que abrir los archivos, al menos en parte. Hay más de 100.000 documenos de los que cabe esperar que no hayan acabado en la hoguera. La decisión del gobierno, ha dicho el ministro Hanegbi, debe ayudar a que las familias de los niños secuestrados dejen de desconfiar del Estado de Israel que, a su vez, confía salir indemne de esta prueba y por eso aún no se ha disculpado.
Pero si el Estado no participó en los crímenes, no tiene sentido ni negarlos ni ocultarlos. Si todo fue obra de determinados profesionales sanitarios que actuaron a sus espaldas, debería ser el primer interesado en poner nombre y apellidos a los delincuentes que, en este tipo de asuntos, forman una red muy extendida. No se trata sólo de los autores materiales sino de los cómplices que están en la policía, en los fiscales, los jueces, los abogados, las funerarias, los burócratas de los registros... Es imposible cometer estos crímenes masivos sin falsificar montones de documentos oficiales que garantizan el silencio para que luego Presidentes del Gobierno, como Felipe González, aseguren públicamente que "no hay pruebas ni las habrá nunca". Los criminales pueden vivir tranquilos porque siempre hay algo que juega a favor del Estado delincuente: las víctimas son niños procedentes siempre de las familias más pobres y marginadas. Ni siquiera saben o tienen recursos para presentar una denuncia.
Sólo 745 padres presentaron denuncia en su época; de ellos dos tercios son yemeníes, si bien en 1994 el rabino Uzi Meshulam dio un giro a la protesta cuando extendió el radio de las desapariciones no sólo a ellos sino a los Balcanes y Oriente, donde también se habían secuestrado niños. En agosto el diario Haaretz siguió ampliando el radio de acción de las desapariciones con niños de familias originarias de Europa. No obstante, ahora que las investigaciones se han ampliado, la proporción sigue siendo parecida: el 70 por ciento de los secuestrado son yemeníes y sólo el 4 por ciento son europeos, lo que pone de manifiesto el móvil racista de los crímenes.
La vivienda del rabino Meshulam se convirtió en el centro de la protesta y la lucha, incluida la lucha armada. Durante 52 días las fuerzas especiales de la policía asediaron la vivienda, mataron a un manifestante y detuvieron a Meshulam, al que condenaron a seis años y medio de cárcel. Salió de ella a los cinco años, muriendo en 2013.
Una de las claves que va apareciendo en la investigación es que, además de maternidades y centros de salud, la mayor parte de los secuestros se llevaron a cabo en instituciones sionistas, como Hadassah (Organización Sionista de Mujeres de América) y WIZO (Organización Internacional de Mujeres Sionistas).
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