Domingo 02 de Abril de 2017
La media sanción de senadores a un proyecto que busca extender el mandato del presidente Horacio Cartes dejó un muerto y 211 detenidos.
El debate sobre si permitir la reelección presidencial en Paraguay está rediseñando el mapa político del país, forjando alianzas insospechadas y dividiendo a su población. Un proyecto de enmienda constitucional al respecto desembocó en el viernes en violentos disturbios que dejaron un muerto, decenas de heridos y 211 detenidos tras el asalto al Congreso.
La iniciativa, que forzó la salida del ministro de Interior Tadeo Rojas, busca habilitar la reelección presidencial, prohibida por la Carta Magna de 1992, lo que supone un obstáculo para las aspiraciones de varios dirigentes, entre ellos el actual mandatario, Horacio Cartes (en el poder desde 2013), y su antecesor Fernando Lugo.
El mapa de esta crisis muestra al conglomerado de partidarios de la enmienda, integrado por una mayoría del conservador Partido Colorado, en el gobierno, en una sorpresiva alianza con el progresista Frente Guasú (FG), de Lugo, y disidentes del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), de tendencia liberal. En la vereda de enfrente, opuestos a la enmienda, se encuentran disidentes "colorados", una mayoría del PLRA y algunos sectores progresistas y de izquierda, distanciados del Frente Guasú. La crisis se profundizó en los primeros meses de 2016 por iniciativa de dirigentes oficialistas que estimaron necesaria la continuidad de Cartes. Después se sumó el Frente Guasú, que pretende habilitar a Lugo, el ex obispo católico que fue presidente entre 2008 y 2012 y destituido en un juicio político promovido en el Congreso por "colorados" y liberales,a poco más de un año de completar su mandato. Esa destitución dejó a Lugo en una situación confusa que se pretende superar con la enmienda, aunque de aprobarse, el ex presidente y actual senador competiría por la presidencia en las elecciones de abril de 2018 con Cartes, su actual aliado coyuntural. La enmienda constitucional fue el camino elegido por sus promotores, luego de explorar la posibilidad de una reforma constitucional, contemplada en la Carta Magna paraguaya, que no tuvo el consenso mayoritario ni los votos necesarios en el Congreso.
En agosto de 2016, los opositores presentaron un proyecto de enmienda y en la misma sesión lo rechazaron, para evitar que el tema volviera a ser tratado antes de un año, como establecen las normas. Los oficialistas criticaron esa operación política e insistieron con el tema. Estuvieron todo este tiempo amenazando con presentar un nuevo documento, algo que hicieron a comienzos de esta semana, en una sesión inusual, fuera del habitual recinto de sesiones y sin la presencia de la oposición. Esa reunión, denunciada por opositores como un golpe de Estado parlamentario y la creación de un Senado paralelo, desató los hechos que derivaron el viernes en la violencia y el vandalismo descontrolado, y hasta el incendio parcial de la sede del Congreso.
Cartes acusó a los sectores de oposición y medios de comunicación por la situación creada, mientras los opositores reclaman al gobierno que retire el proyecto para evitar que se profundice la crisis. No está claro qué pasará de aquí en adelante. El clima es de crispación y las partes no parecen dispuestas a ceder en sus posiciones. La Cámara de Diputados, donde el gobierno tiene mayoría, debe aprobar también la reforma. El siguiente paso es un llamado a referéndum.
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