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Mariano ZapataTestimonio de las comunidades de los valles calchaquíes de Salta, Argentina

Por Mariano Zapata – 22 de septiembre de 2020

Comunidades Diaguita kallchaki, que integran la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita denunciaron que terratenientes con complicidad de la policía y jueces, aprovecharon el contexto de emergencia sanitaria por covid-19 en las localidades de Cachi y Cafayate, para avanzar sobre tierras ancestrales, entre las que se encuentran sitios sagrados de importancia arqueológica.

Algunos productores vieron la posibilidad de avanzar en territorios ya delimitados por la Ley nacional 26.160 (Ley de Emergencia Territorial Indígena), en la mayoría de los casos irrumpieron con maquinaria pesada, con el fin de realizar actos posesorios, dañando y quemando bosques nativos, constituyendo graves abusos contra de la normativa vigente y violentando los derechos como pueblos preexistentes al Estado argentino.

Las comunidades sostienen la existencia de la complicidad entre la policía, los terratenientes, las firmas corporativas y los jueces que permitieron esta situación, dándoles la espalda a las comunidades que habitan esas tierras en este tiempo de pandemia.

“Creemos que se están aprovechando de la situación, por esta situación de pandemia. Es que

ellos tratan de avanzar con el acompañamiento y aval de la policía. Una vez dentro de nuestro territorio nos dicen que no nos podemos reunir, que no podemos estar más de dos personas, no nos quieren tomar la denuncia”, manifestó Héctor Fabián quien está al frente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS).

Ley Nacional 26.160

La Constitución argentina reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y señala que debe garantizarse “la posesión y propiedades comunitarias de las tierras que ocupan, y regulan la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”, sancionada a fines del año 2006 con el objetivo de relevar las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades a lo largo del territorio nacional argentino. Mediante prorrogas se dejó sin efecto alguno hasta el 23 de noviembre de 2021 inclusive, ejecuciones de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras de posesión comunitaria.

Cachi

Los terratenientes y las firmas corporativas provocaron, en tres localidades distintas, focos de conflictos con las comunidades originarias de Las Pailas, La Aguada y Buena Vista. Sobre estos hechos la comunidad Las Pailas también realizó denuncias en la Delegación de la Fiscalía Penal Cachi donde sostienen que la auxiliar fiscal María de los A. Juárez Mattar les habría expresado abiertamente que “iba a garantizar el derecho individual” por encima del derecho colectivo, manifestando una tendencia absoluta hacia el sector más pudiente.

Una de las comunidades afectadas emitió un comunicado denunciando la situación : “Han intentado detener la reparación y canalización de la toma de agua y el cultivo de la tierra para nuestra agricultura familiar en territorio de la comunidad Diaguita Kallchaki Piúl, denunciamos el hostigamiento sistemático de la policía de Cachi enviados por la mediadora penal Mariana Tolaba, quien intento impedir nuestras tareas comunales desconociendo nuestros derechos territoriales como pueblos preexistentes, del mismo modo pasó en la comunidad Teki en Seclantás, donde el municipio intenta tener la administración de nuestro sitio sagrado conocido como las Cuevas de Acsibi”.

Cafayate

El foco de conflicto radica en la comunidad El Divisadero donde un productor y emprendedor vitivinícola apareció con maquinarias para desmontar, seduciendo a la gente con que les iba a dar trabajo y desarrollo. Según lo descripto por las comunidades, el empresario al que se apunta por lo ocurrido, habría avanzado sobre sitios arqueológicos y bosques nativos pertenecientes a la comunidad.

“Ahora con la pandemia aprovechan que no nos podemos juntar, no porque no queremos, si no por prevención y como forma de cuidar a nuestra comunidad. Así usurpan nuestras tierras con las claras intenciones de apropiarse de los recursos naturales de las mismas, ante la mirada de los jueces y fiscales que solo miran para un solo sector. Tenemos un vínculo familiar mediante la posesión ancestral y cotidiano con esas tierras usurpadas, porque es el lugar de pastoreo de nuestros animales”, señalo el delegado CPI del pueblo Diaguita Juan Condori.

Por otro lado, destacó que el comunicado dado a conocer por el pueblo Diaguita tuvo un efecto positivo, ya que ayudo a calmar las aguas momentáneamente más allá de que ellos siguen adelante con el proceso legal.

Condori, expresa preocupado que “en este marco donde la sociedad está muy sensible debemos unirnos y reflexionar, cuestionar todos los esquemas y unificar los criterios en un sentido de derecho inalienable de proteger la tierra”.

Y cerró el dialogo detallando un profundo pesar de su comunidad diaguita del divisadero “nos encontramos en un territorio del cual no, nos sentimos dueños, si no parte de él por eso lo resguardamos”.

Cabe destacar que en todas las situaciones se dio sistemáticamente el mismo proceder policial, actuando de manera parcial y custodiando a los usurpadores. Este contexto se agrava ante el impedimento sanitario por covid-19, hecho por el cual están prohibidas las aglomeraciones y reuniones, sin embargo, los usurpadores violan la cuarentena y “desconocen” las medidas sanitarias impuestas por el gobierno provincial.

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*Foto de portada: www.laizquierdadiario.com

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