La masacre de Napalpí ocurrió en 1924,donde hoy está la provincia de Chaco.Por Daiana Silvina Carracedo - 22 de septiembre de 2020
En un fallo histórico que fija precedentes por parte del Estado argentino, se reconoció a la masacre de Napalpí (1924) como crimen genocida y de lesa humanidad. Además intimó al Estado nacional a pagar 375 millones de pesos en indemnizaciones y realizar inversiones públicas para promover el desarrollo de las comunidades.
Entre 1911 y 1956 existían en el norte argentino las “reducciones”. Estas eran espacios de control social implementado en Chaco y Formosa imitando el modelo existente en Estados Unidos. Ahí vivían hacinados más de siete mil indígenas de las etnias qom, moqoit, vilela, wichí y pilagá. La excusa por parte del Estado para crear estas reducciones, era incorporar a los indígenas a la civilización. La función era mantenerlos juntos y alejados de los grandes terratenientes que compran tierras para la producción de algodón principalmente. Pero las condiciones en las que vivían eran deplorables. El sociólogo e integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina, Marcelo Musante, se expresó sobre la vida en las reducciones en el portal “Canal abierto”:
“Implicaba el trabajo a destajo, con paga en mercadería del almacén del lugar, manejada por el propio Estado nacional, y con deudas que se acumulaban con el administrador de la reducción. Es decir, la deuda como forma de disciplinamiento”.
Estos abusos y maltratos llevaron a una protesta por parte de los indígenas que reclamaban poder vivir libremente y no bajo esa condición de semi esclavitud. Mientras sus líderes negociaban con el Estado que presidia Marcelo T. de Alvear, fuerzas policiales organizaron la represión que terminó en tragedia el 19 de julio de 1924. Fueron asesinadas más de 1500 indígenas, sin discriminar sexo ni edad.
La reconstrucción de los hechos para el juicio contó con las declaraciones de Felipa Lalecori, de 90 años, la integrante más longeva del pueblo moqoit de Chaco. Ella cuenta como su padre, unos de los pocos sobrevivientes de la masacre y que había llegado al lugar convocado por uno de los líderes de la comunidad, pudo escapar:
“Repartieron golosinas a la gente y es ahí que tuvo temor, supo que había peligro y se retiró de donde estaba la gente, se tira cuerpo a tierra y se arrastra hasta llegar a un monte donde puede pararse y caminar y comienza a caminar y después a correr hacia el sur”.
Queda explicita la intención de exterminio por parte del Estado a todas las comunidades indígenas de la zona. Nunca fue la intención dialogar, sino de continuar el genocidio que comenzó con la llegada de Colon a américa (1492), continuó con el ex presidente Julio Roca y la campaña al desierto (1878 – 1885) para seguir con el ex presidente Alvear con la masacre de Napalpí (1924). Y todavía sigue pasando en nuestros tiempos, solo que ahora disfrazada. O quizás a la vista de todos.
Ya lo había dicho Domingo Faustino Sarmiento en su libro “Civilización o barbarie” escrito en 1845:
"¿Lograremos exterminar los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos. Incapaces de progreso, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado".
En el presente estos conceptos todavía están vigentes. Se sigue creyendo en la necesidad de traer a los pueblos originarios de la barbarie a la civilización. Indígenas barbaros que cuidan la tierra, viven en sintonía con el planeta, protegen la biodiversidad de la naturaleza. Que sean como el hombre civilizado, que compra tierras con fines puramente capitalistas destruyendo los suelos. Que solo venera a la plata que pocos tienen a costa de muchos.
Hoy el Estado sigue negando la identidad de los pueblos originarios. Es un fallo de la corte que los obliga a resarcir económicamente a las comunidades descendientes de las masacre de Napalpí. Si bien sienta un precedente atribuyendo al Estado un carácter genocida, los pueblos originarios continuarán muriendo mientras no se los reconozca como pueblo y se los deje vivir bajo sus propias leyes y costumbres.
Con respecto al dinero que debe pagar el Estado, Marcelo Musante advirtió en el portal “Canal Abierto”:
“Ahí surgen algunas dudas porque quien aparece como beneficiaria -a través de un fideicomiso- es una asociación civil que impulsó el juicio, y no los familiares de las víctimas o directamente las comunidades”.
Queda solo esperar a que realmente el dinero llegue a las comunidades originarias y que no sea solo otra maniobra más de distracción por parte de Estado Argentino.
---------------------
*Foto de portada: pagina12.com.ar
*Foto 2: pagina12.com.ar / Felipa y el pueblo moqoit de Chaco