DENUNCIAS SOBRE EL TRABAJO RURAL
Martes 17 de enero de 2012
En la provincia de Buenos Aires
Controversia entre la AFIP y una firma personal
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó en la Justicia una denuncia por trata de personas contra la empresa Rural Power, luego del resultado de un operativo en un establecimiento rural del partido bonaerense de Salto. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Federal de Mercedes.

Según un comunicado del organismo, "el ciento por ciento de los empleados estaban contratados de manera irregular" y la empresa "les tenía prohibido la salida del predio sin autorización de los responsables".
Sin embargo, la empresa informó que hasta el día de ayer no contaba con una notificación formal de la AFIP sobre la denuncia y que "desconocía fehacientemente" las imputaciones realizadas por el organismo en el comunicado.
Por otra parte, Rural Power expresó que "mantiene una estricta política en contra de la trata de personas y el trabajo infantil" y que realiza la gestión de recursos humanos para más de 150 empresas agropecuarias en todo el país. En esa tarea, señaló en un comunicado, "brinda oportunidades de empleo en buenas condiciones y siempre conforme lo indica la ley.".
Rural Power, según la AFIP, era contratada por la compañía de semillas y agroquímicos Monsanto. En esta firma, ante la consulta de La Nacion, no dieron información sobre el tema.
Los trabajadores, explicó la AFIP, realizaban tareas manuales del desflore de maíz para la producción de semillas. Según el organismo, "trabajaban hasta 14 horas corridas, sus salarios eran retenidos y estaban obligados a abonar los alimentos que consumían a su propio empleador a un precio muy superior al de plaza".
La AFIP informó que los trabajadores, provenientes de Santiago del Estero, "desde el momento de la contratación -documentada el 10 de diciembre último- sólo recibieron 200 pesos en concepto de adelanto".
Además, "los agentes de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social pudieron constatar que si bien la firma había tramitado las claves de alta temprana, al día siguiente las dio de baja".
Esta denuncia es similar a otras que el año pasado realizaron la AFIP y el Ministerio de Trabajo bonaerense contra un conjunto de empresas semilleras.
Las compañías, en su momento, rechazaron las acusaciones de los organismos oficiales y temieron que hubiera motivaciones políticas. No obstante, meses después encararon un programa de inversiones para la mejora de las instalaciones de los campos en los que se producen semillas por un total de 30 millones de dólares.
Así, se eliminaron las casillas o contenedores en los que se alojaban los trabajadores temporarios y se reemplazaron por viviendas de material con mejores instalaciones de cocina y baños.
Esas mejoras recibieron el aval del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y del entonces ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Algunas empresas, además, incorporaron el despanojado mecánico del maíz, por lo cual decidieron reducir la cantidad de trabajadores que contrataban para realizar las tareas en forma manual.