ulio 13, 2018 - 11:30 p.m. Por: Hugo Mario Cárdenas López / Reportero de El País
Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret / Colprensa
Es de las pocas personas que no tiene territorios vedados en Colombia. En un día normal puede desayunar sin problemas en la Casa de Nariño, almorzar en las entrañas violentas del Catatumbo y cenar en los lugares en los que se libra la batalla contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico en las montañas del Cauca.
Y eso le apasiona. Su compromiso con la defensa de los derechos humanos lo refleja en cada una de sus respuestas y en el entusiasmo con el que atiende a quienes se acercan a exponerle la problemática que afecta a las comunidades en todos los rincones del país.
Así lo hizo el pasado martes en el municipio de El Dovio, en el norte del Valle. Allí, antes de empezar su reunión con víctimas y la dirigencia local, instaló en la misma mesa un ‘confesionario’ por donde pasaron autoridades civiles, policiales, militares y sociales para contarle al oído lo divino y lo humano que ocurre en el Cañón de Garrapatas.
Luego de ese ‘ritual’ que repite a diario por toda la geografía nacional, habló con El País sobre su preocupación por la muerte de niños indígenas en El Dovio y la amenaza que existe sobre líderes y defensores de derechos humanos en Colombia.
¿Cómo hacerle frente al asesinato de líderes sociales en Colombia y el Valle del Cauca?
Después de departamentos como Cauca, Norte de Santander y Antioquia, el Valle del Cauca ocupa el cuarto puesto en lo que tiene que ver con el número de líderes sociales asesinados entre el 1 de enero del 2016 a esta fecha. El tema no debe ser de cifras, sino de expresar como sociedad que ningún líder debe ser asesinado por la defensa de los derechos humanos y protegerlos debe ser una política de Estado para garantizar la paz y la democracia.
¿Cómo garantizar esa protección?
Yo no pude estar en la última reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y no porque no quisiera ir o porque no quisiera ponerle el pecho al señor Presidente de la República, sino porque sabía que en mi visita a El Dovio y a Trujillo vamos a tener herramientas para que este Gobierno que termina, y para el que sigue, logre una política pública para que no existan ni 311 ni 320 líderes asesinados, sino una política que permita que las garantías de seguridad lleguen en el momento oportuno y no cuando la persona está ya en el cementerio.
¿Esa política debería ir también encaminada a evitar los altos niveles de impunidad?
Frente al tema de la impunidad, venimos trabajando muy cerca del señor Fiscal General de la Nación; él hace parte de la comisión, he hablado con él y sé que ha logrado un nivel de esclarecimiento muy alto y que se demuestra con las imputaciones que tienen todos estos casos. Ellos tienen una unidad especial derivada del acuerdo de paz y donde todas estas noticias criminales o procesos penales se están tramitando ahí y tengo mucha confianza que el nivel de impunidad en este caso específico de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos se baje con el trabajo efectivo que ha hecho el Fiscal General y la señora Vicefiscal.
¿En las visitas que realiza por el país ha escuchado de la presencia de carteles mexicanos controlando la minería ilegal?
En el tema de la minería ilegal no, pero en otros sectores sí; sobre todo en los que tienen que ver con el Pacífico. Nosotros hemos alertado hace más de un año que existe el cartel de Sinaloa y que ellos se vinieron de México a Colombia para controlar toda la ruta de los cultivos, el procesamiento y el transporte de la droga hacia el extranjero.
¿Hay hechos de violencia relacionados con la presencia de esos carteles en el país?
Lo que tenemos claro es que la gran mayoría de los asesinatos de Tumaco y los homicidios de Buenaventura está relacionada con acciones del narcotráfico.
¿Qué acciones toma la Defensoría para mitigar estos hechos?
Como conté en la reunión, estuve esta semana en el Naya y el lunes hubo un gran consejo de seguridad, que más que de seguridad fue un gran consejo social con la Gobernadora del Valle, con nuestro delegado del Sistema de Alertas Tempranas y con instituciones como el Sena, el Icbf, porque además en las regiones donde hay estos problemas de minería ilegal y narcotráfico no podemos llegar solo con la Fuerza Pública, sino que tenemos que llegar con inversión social porque si no, la gente no tiene otra alternativa que seguir cultivando y tenemos que llevar a las empresas privadas para que puedan generar empleo.
Habló también del aumento de homicidios en San Andrés...
Muy preocupante y el departamento del Valle tiene demasiada relación con San Andrés; anteriormente se decía que la isla de San Andrés era de los vallecaucanos. Hace dos meses hicimos una alerta temprana porque hubo 26 homicidios en las calles de San Andrés. Una situación que nos preocupa demasiado y no solo por eso, sino porque el aeropuerto no está funcionando en debida forma, el hospital no está funcionando como debiera y el relleno sanitario tampoco; de modo que hemos alertado de la necesidad de hacer un trabajo muy fuerte y las alertas tempranas sirven para llamar la atención y para que el Gobierno Nacional, el Estado y la sociedad trabajemos en común para que estas cosas no sigan ocurriendo y le demos un rumbo a la función pública y que los actos de corrupción no vuelvan a ocurrir.
¿Pero lo de San Andrés es también la lucha entre narcotraficantes por el control territorial?
Sin lugar a dudas. Nosotros hemos dicho que hay unas dinámicas que tenemos que trabajar para terminarlas como son el narcotráfico, el cultivo de hoja de coca y la minería ilegal. Entonces esas tres cosas tenemos que atacarlas como Estado y como sociedad porque tenemos que acostumbrarnos los colombianos a no vivir de los cultivos ilícitos.
¿Conocía con anterioridad el caso de la muerte de niños indígenas en el Cañón de Garrapatas?
Me voy muy preocupado porque yo creí que esto era un tema que no existía en el departamento del Valle y menos en un municipio como este. No puede ser que en los últimos 45 días hayan fallecido cinco niños menores de un año y no sabemos por qué. Lo peor, como lo anotaba la señora Secretaria de Salud del municipio de El Dovio, es que son de los niños que tienen las casas en mejores condiciones; donde tienen agua potable, donde tienen mejores condiciones de salubridad y entonces nos preocupa mucho y vamos a hacer una intervención. Aspiro que sea de la mano del Bienestar Familiar y de la Fiscalía para determinar por qué razón se están muriendo estos niños en el Valle del Cauca y aquí en El Dovio. Imagínese, cómo se nos van a morir los niños cuando tenemos es que protegerlos y que salgan adelante. Entonces sí me voy muy preocupado porque no sabía de esta situación y vamos a trabajar para que no vuelva a ocurrir.
¿Esa intervención cuándo se haría?
No lo sé todavía. Acabamos de conocer la noticia y cuente con que será muy pronto que mandemos a nuestra delegada de niñez para verificar qué es lo que está ocurriendo en el municipio de El Dovio.
¿Qué otros elementos se lleva de esta visita al norte del Valle?
Fue muy importante porque estuve conociendo desde la misma comunidad indígena la problemática que tienen. He estado con ellos varias horas en el transcurso del día y tuvimos una reunión con el Alcalde, la Policía y el Ejército para tener el contexto de todo lo que ocurre en El Dovio, pero me voy tranquilo porque en lo corrido del año solo se ha cometido un homicidio y el año pasado fueron cuatro. O sea que podemos decir que en El Dovio la paz sí pegó y eso era lo importante; que cuando sale un actor como las Farc podamos trabajar tranquilos. Ahora tenemos un nuevo factor que no se ha ido de esta zona como no se ha ido de muchas otras zonas de Colombia y es el que tiene que ver con los cultivos ilícitos en la zona del Cañón de Garrapatas y eso se puede trabajar de la mano de la comunidad haciendo los planes de sustitución y los planes de erradicación.
¿Lo conveniente para esta zona es sustitución o erradicación?
Yo creo mucho más en la sustitución porque ningún campesino o indígena cultiva la hoja de coca porque quiere, sino porque le toca; como he dicho en muchas oportunidades, ahí tiene que estar la institucionalidad del posconflicto, los ministerios de Agricultura, Educación, Vivienda y Salud, entre otros, dándole las condiciones a la gente para que puedan cultivar otros productos, pero que también la inversión social llegue para que la gente pueda tener un nivel de vida acorde con las necesidades de cada familia.
¿Cuál es el compromiso concreto que asume hoy con este municipio tan golpeado por la violencia y el narcotráfico?
En realidad tengo varias preocupaciones y una en especial: la que tiene que ver en la comunidad indígena en tres asentamientos donde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura tienen que hacer un trabajo bien grande para poder legalizarlos y decidir los resguardos respectivos. Es eso lo que les va permitir a ellos sus ingresos derivados del Sistema General de Participación y también le va a permitir al Alcalde hacer las inversiones en esas zonas. No donde diga la gente, sino en el resguardo que se constituya porque las necesidades que vi hoy son supremamente graves donde los niños estudian en un establo y las condiciones de habitabilidad de las viviendas son demasiado precarias.
Finalmente, ¿sirven las alertas tempranas de la Defensoría?
Me voy muy complacido de El Dovio porque el Alcalde me dice que le han servido las alertas tempranas porque le hacemos visibles los problemas de la comunidad y sin la Defensoría del Pueblo no sería posible.
"Se están reagrupando las bandas criminales en ciertas veredas del municipio de Trujillo y lo hemos advertido en nuestras alertas tempranas. Vamos a trabajar con el Ejército Nacional para que neutralicen estos grupos"
https://www.elpais.com.co/contenido-premium/el-cartel-de-sinaloa-controla-desde-colombia-la-ruta-del-narcotrafico-defensor-del-pueblo.html