Fujimori, de 43 años, es señalada por la Fiscalía como la supuesta cabeza de una organización criminal con lavado de activos. La líder de Fuerza Popular aseguró que se trata de "persecución política".

La Justicia peruana suspendió la detención preliminar y ordenó la liberación de Keiko Fujimori. Foto: Internet
La Justicia del Perú ordenó este jueves la liberación de la principal líder de la oposición, Keiko Fujimori, que permanecía detenida en forma preliminar desde hace una semana en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

Tras una audiencia de unas cuatro horas, la Segunda Sala de Apelaciones aceptó el pedido de la defensa de Fujimori, que permanecía en la Prefectura de Lima, para anular la detención que finalizaba el sábado.
El juez Octavio Sahuanay, a cargo de la sesión, sostuvo que la medida contra la líder del partido opositor Fuerza Popular (FP), ordenada por su colega Richard Concepción Carhunacho, no tiene motivaciones judiciales y solo "copió" el pedido de la Fiscalía.
 Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, sonrió tras escuchar el fallo y abrazó a su abogada, Guiliana Loza, y a su esposo, Mark Vito.
"Hemos recibido muy bien esta resolución porque no solo se ha declarado nula, sino porque recoge lo que siempre pensamos: nunca se le debió privar de su libertad (a Fujimori). No existe fundamento alguno", dijo Loza a canal N.
Fujimori, de 43 años, es señalada por la Fiscalía como la supuesta cabeza de una organización criminal con lavado de activos.

Según testimonios de ex directivos de la constructora brasileña Odebrecht, la firma financió con 1,2 millones de dólares la campaña presidencial de Fujimori en 2011, donde perdió en segunda vuelta.
La Segunda Sala de Apelaciones también ordenó la liberación de otros cinco miembros de FP involucrados en el caso.
El fallo fue anunciado en medio de una marcha convocada por colectivos sociales contra la corrupción en el centro de Lima. Según sondeos, un 75 por ciento de peruanos cree que Fujimori, cuyo partido domina el Congreso, es culpable.
La líder opositora rechaza las denuncias y asegura que todo se trata de "una persecución política". Durante la audiencia, señaló que no existe "estado de derecho en el país" y que su detención no era una casualidad, "sino una decisión fríamente calculada" para hacer daño a su familia.
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