Por Malena Sánchez, de Our Voice Paraná – 11 de febrero del 2020Perduran en Colombia los asesinatos a líderes sociales. El pasado sábado 8 de febrero, Efrén Ospina Velázquez (presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guasiles sur y perteneciente al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos) fue asesinado en Catatumbo. Tres días antes, el 5 de febrero, Libardo Arciniegas, integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pachacual centro, tuvo el mismo destino. Y ese destino lo tuvieron también Jorge Luis Betancourt, Gloria Ocampo, Fernando Quintero Mena, Virginia Silva Páez, John Fredy Álvarez y más de 20 líderes sociales en este 2020, muchos de ellos, amenazados antes de ser finalmente asesinados (la mayoría de ellos dentro de sus hogares, incluso frente a sus familias). Es curioso que, a pesar de estos nombres y los datos de Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) de casi un asesinato por día, la Fiscalía reconoció sólo un asesinato, diciendo que el resto es "materia de investigación" y por lo tanto no se les puede dar el nombre de líderes comunitarios. Un 2020 escalofriante, pero para nada sorprendente: tan solo el año anterior, al menos 107 líderes comunitarios fueron asesinados.
Se cree que los asesinatos son cometidos por disidencias de las FARC y grupos paramilitares vinculados a narcotraficantes. Los intereses son evidentes: Colombia produce el 70% de la coca mundial y se necesitan tierras para poder cultivarla (y también para cultivar marihuana). No es casualidad que muchos asesinados se hayan negado a trabajar con el narcotráfico y se hayan resistido a que sus territorios se utilicen para el cultivo de drogas. Tampoco es casualidad que una de las zonas más peligrosas sea Cauca Suroeste: su ubicación conecta la cordillera central con el Océano Pacífico, haciéndola una "ruta de narcos", un paso obligatorio para que la droga salga del país.
La impunidad de los asesinatos y la fuerte presencia del narcotráfico en Colombia han dado lugar a las grandes (y merecidas) críticas al gobierno del presidente Iván Duque. Además, tan sólo desde su llegada, es decir, agosto del 2018, hasta julio del 2019, la cifra de asesinados fue de 225, siguiendo en aumento hasta hoy. Iván Duque habló de "exigir que los responsables sean sancionados de manera ejemplar" sin embargo, a ese mismo Presidente se lo ha visto muy amistoso con Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, investigado por lazos paramilitares. Además, las investigaciones no prosperan y la complicidad del Ejército se ha visto en muchas ocasiones, como en las intercepciones ilegales recurrentes a periodistas, políticos, etc. También es extraño que muchos de los crímenes hayan sucedido en lugares con alta presencia y control militar del Ejército Nacional.
Entonces, para acabar con la violencia, se necesita un Estado presente más allá de la militarización. Se necesita un Estado que cumpla lo acordado en La Habana en 2016, en el Acuerdo de Paz: la reforma rural integral, titulación de las tierras, sustitución de cultivos de uso ilícito, presencia de Fuerza Pública legítima, control a la criminalidad, participación política de los sectores sociales, etc. Se necesita un Estado que expulse a los grupos armados, que no permita que la región sea controlada por los narcos, que deje de permitir la impunidad de estos asesinatos sistemáticos y que investigue hasta encontrar sus responsables. Se necesita un Estado presente porque, de lo contrario, su ausencia y complicidad llevarán a Colombia a someterse lentamente a las reglas criminales del narcotráfico (si acaso no es un narco estado ya).
-------------------
Foto de portada: www.elespectador.com
Foto 2: www.laopinion.com.co