Por Karina Rojas, de La Izquierda Diario(*)-13 de mayo de 2020
El documento “Lo Urgente es la Gente” propone medidas mínimas para enfrentar este momento, pero no plantea ajustar a quienes más tienen: los bancos, las exportadoras, las cadenas de supermercados. Para ellos, impunidad, para las y los trabajadores, salario mínimo, o sea, miseria.
La semana pasada el Frente Amplio dio a conocer un documento llamado “Lo Urgente es la Gente” donde propone una serie de medidas para enfrentar la crisis económica, agudizada por la crisis sanitaria. Pero, para el asombro de muchos de sus seguidores y seguidoras, las medidas constituyen tibias propuestas y que de ninguna manera pueden dar una respuesta profunda a la terrible situación por la que pasan y pasarán cientos de miles de uruguayos y uruguayas de sectores trabajadores, por no contar con ingresos suficientes para su subsistencia y la de sus familias.
La expectativa que podía generar la intervención del Frente Amplio en esta crisis de envergadura, donde sectores de su base social y electoral esperaban medidas contundentes para frenar los despidos y los envíos al seguro de paro con pérdida salarial, mientras que hay sectores empresariales que se están beneficiando y siguen enriqueciéndose, cayó en saco roto ya que las medidas propuestas son muy mínimas y paliativas.
La ilusión de que el Frente Amplio se plantara como un verdadero partido o coalición “de izquierda”, que defendiera a capa y espada a los más débiles y que sea intransigente frente a los más poderosos, una vez más se ha frustrado más temprano que tarde.
Estas tibias medidas del principal partido opositor y que se reivindica “de izquierda” van desde suspender los cortes de suministro de agua, luz, telefonía e internet a usuarios residenciales y familias beneficiarias de programas del MIDES, diferir el pago de las deudas de las tarjetas de crédito, lo mismo que para los créditos hipotecarios. También propone facilitar el acceso a los medicamentos – en especial para las y los adultos mayores -, la provisión de insumos sanitarios en lugares de trabajo para evitar la propagación del virus, la fijación de los precios de los productos básicos y la gratuidad de los tests de detección del COVID-19.
Estas propuestas – con las que no podemos menos que estar de acuerdo-, nos parecen que son totalmente mínimas y que solo sirven para paliar una situación, pero que de ninguna manera se garantizan el salario y las necesidades básicas de la población.
Dos son las propuestas que revierten mayor importancia: una tiene que ver con el ingreso, y otra con el trabajo. Veamos.
Salario mínimo para las mayorías populares, ganancias para los empresarios
El Frente Amplio propone una Renta básica universal equivalente a un salario mínimo para todas aquellas familias que acrediten no tener ingresos menores a 10 BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones, 45.190 pesos uruguayos). Sin embargo, no se plantea claramente de dónde saldrían estos fondos, aunque por defecto se entiende que el Estado debería garantizarla. El tema es que así se eximen las patronales de costear el salario de sus propios trabajadores y trabajadoras.
Desde La Izquierda Diario venimos insistiendo en la necesidad rechazar ese falso discurso de unidad nacional que nos quieren imponer desde todos los sectores políticos, y que refuerza la idea de que “de esta crisis salimos todos juntos”. Esta idea es totalmente falsa ya que la crisis ya la están pagando los sectores trabajadores que se hunden en la desocupación, que pasan a engrosar las cifras de la pobreza y que se ven sumergidos en una crisis profunda, que tendrá consecuencias dramáticas.
Mientras sucede esto, existen sectores de la economía que se siguen beneficiando, inclusive en esta situación de pandemia y de recesión económica. Sectores ligados a las exportaciones, a la actividad bancaria, al puerto, los grandes supermercados y los laboratorios, son todos sectores que se han beneficiado, inclusive aumentando sus ingresos a partir de la crisis.
Esos son los sectores, que han venido ganando durante todos estos años – incluyendo en los 15 años del gobierno frenteamplista, que preservó sus privilegios -, son los que para nosotras y nosotros deberían costear esta crisis.
¿Cómo? Aumentando los impuestos a estos sectores, suspendiendo las exoneraciones impositivas y los subsidios, y destinando todos esos recursos a paliar la situación económica de los sectores más desfavorecidos.
Salarios recortados, seguros de paro insignificantes y la crisis la siguen pagando los de abajo
Con respecto al trabajo y a las relaciones laborales, la coalición frenteamplista propone limitar los despidos por 180 días y, en caso de incumplimiento, que la indemnización por despido sea el doble de lo normal. Además, propone alargar el reintegro de las trabajadoras a sus puestos de trabajo luego de sus licencias maternales, y una suspensión por 180 días en la prescripción de los créditos laborales.
Sin embargo, lo que necesitan las trabajadoras y trabajadores es que se prohíban directamente los despidos mientras dure esta crisis (y no una doble indemnización, que es, como se dice, pan para hoy y hambre para mañana) y que el envío al seguro de paro sea con el 100 % del salario, para que nos podamos quedar en casa y con todo nuestro sueldo.
Es necesario frenar la “avivada” de las patronales – habilitadas por el gobierno blanco – de aprovechar la pandemia para mandar al seguro de paro a la totalidad de su plantilla, amenazando con no reincorporar a todo el personal cuando la situación económica se restablezca.
Es importante señalar que nos encontramos frente a una reestructuración laboral de hecho, donde las patronales, que esperaban una ley de reforma laboral que debía ser discutida en el Parlamento, hoy se habilita por la vía de los hechos y aprovechando la emergencia sanitaria, profundizando así la precarización laboral y la flexibilización en las condiciones de contratación.
¿Qué dice el Frente Amplio de la ocupación de Santa Catalina?
Es llamativo que en el documento del Frente Amplio se proponga la “prohibición” de hacer “intimaciones e investigaciones” penales por delitos de usurpación contra sectores de la “población con vulneración de derechos”. Esto mismo es lo que está haciendo la Intendencia de Montevideo, dirigida por el Frente Amplio, en Santa Catalina, imponiendo causas penales de usurpación a quienes recientemente ocuparon un predio que hace más de 50 años que está sin uso. La Intendencia hoy se convierte en demandante contra las y los ocupantes que se vieron forzados a tomar esos terrenos, frente a la importante emergencia habitacional que vivimos.
Por una izquierda que se plante ante los empresarios y el gobierno del Partido Nacional
Lamentablemente el Frente Amplio se ha convertido en una “oposición responsable” proponiendo paliativos frente a la emergencia sanitaria y a la crisis económica, ocultando que el verdadero problema es que los empresarios están queriendo salvarse a costa de hundir en la desocupación y la miseria a importantes sectores de la población.
El Frente Amplio propone migajas asistencialistas mientras deja que unos pocos sigan amasando fortunas. Esta no es una postura de izquierda. Hace falta romper definitivamente con este proyecto de conciliación de clases y de gestión responsable de un Estado que está al servicio de mantener la ganancia capitalista.
Hace falta construir una herramienta política de la clase trabajadora, de las mujeres y de la juventud, que cuestione de raíz este orden de cosas, y que luche para que la crisis la paguen los capitalistas.
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(*) Gentileza de La Izquierda Diario y de Karina Rojas
*Foto de Portada: laizquierdadiario.com.uy /Dr. Javier Miranda, presidente del Frente Amplio.
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