Por Giorgio Bongiovanni – 28 de diciembre del 2019
Sin vergüenza, sin remordimientos, sin arrepentimiento. “Autostrade per l'Italia (Aspi)”, la compañía administrada por el holding Atlantia, con el 30% (es decir, la porción más grande) controlado por la familia Benetton, pasó a la ofensiva. Con una carta formal, enviada al Palacio Chigi (sede del Gobierno de Italia, ndt) y a los ministerios de Transporte y Economía, solicitó modificar o cancelar el artículo 33 del decreto Milleproroghe, el cual establece que en casos excepcionales es posible proceder a la transferencia inmediata del control de carreteras y de la red ANAS (sociedad estatal que administra la red de autopistas y carreteras del país, ndt).
Si esa disposición no se modifica, ya anunció que está lista para iniciar la terminación del contrato y solicitar una compensación por el 100% del valor de la concesión, o sea 23 mil millones de euros. Si no es un chantaje, falta poco. Y pensar que hace unos días el Tribunal de Cuentas elaboró un informe, publicado por la Sección Central de Control sobre la gestión de las Administraciones del Estado, que deja en evidencia que las concesiones están sumamente desequilibradas a favor de la gestión privada. Hay comentarios sobre el plan técnico de gestión corporativa y aparecen numerosas deficiencias en la administración de carreteras con problemas críticos respecto a las tarifas (las más altas de Europa), no reguladas por una autoridad independiente según los criterios de orientación de costos; al capital, no remunerado con criterios transparentes y de mercado; a la evaluación periódica de la alineación de las tarifas con los costos; y a los controles de inversión a través de la verificación de las capacidades de construcción y mantenimiento.
-
Detalles
-
AÑO 2019
Leer más...
