claudio rojas clPor Claudio Rojas desde Chile-15 de julio de 2020

La nacionalización del cobre, realizada por Salvador Allende, el 11 de julio de 1971, constituye la transformación económica, política y social más Importante del siglo XX en Chile. Codelco, controló el 100% de la producción de la Gran Minería del Cobre. Con la posterior desnacionalización, las grandes mineras mundiales que explotan los nuevos y ricos yacimientos de cobre de Chile, controlan en torno al 70% de la producción. A pesar de esto, los recursos del cobre, y particularmente de Codelco, han sido fundamentales en el funcionamiento de la economía chilena y para enfrentar muy parcialmente las demandas sociales.

En relación a la pandemia, aunque en forma tardía, se ha acordado un plan de US$ 12 mil millones de dólares para ser usados en 24 meses, sobre la base del Proyecto elaborado a solicitud del Colegio Médico. Para financiar este Plan, se contempla usar los Fondos Soberanos que Chile mantiene en el exterior y financiamiento externo solicitado por el Estado chileno.

claudio rojas clPor Claudio Rojas desde Chile-3 de julio de 2020

Poco a poco, en la medida que avanza la pandemia en medio del hambre y la indefensión de la mayoría, surgen voces pidiendo que se apoye el retiro del 10 % de los fondos de los trabajadores de las AFP (Administradoras de fondos de pensiones) -que son el reflejo del poder económico despiadado que hay en Chile; y que son o manejan cifras equivalentes al PIB bruto del país, vale decir poco menos de US$ 300.000.000.000.- provenientes del aporte de los trabajadores del país por más de 40 años y generando pensiones miserables para quienes se jubilan- quienes solicitaban estos dineros, al principio eran sólo los sectores que representan a los trabajadores, luego empezaron incluso sectores del centro político que en todo este tiempo han votado todos los proyectos del ley que ha enviado el gobierno; pero ahora, es tan evidente la desgracia de muchos chilenos y su precariedad que hasta los sectores más moderados del oficialismo, sugieren que debería considerarse esta medida, para contener un posible estallido extremo producto del hambre y demandas insatisfechas que se han acrecentado desde el comienzo del estallido social.

jorge figueredoPor Jorge Figueredo- Asunción 29 de junio de 2020

La cultura popular es responsable de haber acuñado lo siguiente: “Que si en este país no se hubiese robado tanto, seriamos la Suiza de América o una potencia sudamericana “o también: “No importa si los gobernantes roban, con tal de realizar obras“.

En nuestro país en toda su historia: la democracia, el pluralismo ideológico, la alternancia en el poder, la libertad de expresión y de pensamiento, y el estado de derecho, jamás ha sido parte de su tradición. En sentido opuesto los regímenes autoritarios, oligárquicos, violentos, han sido comunes, sobre todo en el siglo XX.

jorge figueredoDuro golpe a una red de distribución de cocaína: 14 allanamientos y 16 detenidos

Por Jorge Figueredo desde Asunción, Paraguay-3 de Julio de 2020

A tempranas horas de este viernes 3 de julio agentes especiales de la Senad en conjunto con el Ministerio Público realizaron 14 allanamientos de manera simultánea en la Ciudad de Luque. Conforme a lo publicado por el diario Ultima Hora de Asunción: “En uno de los operativos se logró la captura de Balboa Benítez. El hombre es sospechoso de dirigir la organización que distribuía cocaína en el Departamento Central. Además, es líder de la barra brava de Luque, ex funcionario de la Justicia Electoral y de la Municipalidad de Luque y precandidato a concejal .Las intervenciones fueron acompañadas por 10 fiscales antidrogas, de modo a dar cumplimiento a 17 órdenes de capturas“.

A través de un video difundido a través de su cuenta oficial de Twitter la SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) difundió que la Operación Juego Sucio es la mayor operación contra la distribución de cocaína en el Departamento Central.

victoria camboniMultitudinaria marcha con gran presencia estudiantil y de 60 colectivos convocantes

Por Victoria Camboni-3 de julio de 2020

Miles de personas inundaron las calles del centro de Montevideo, en una manifestación contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) que pretende implementar el Gobierno multicolor, y que está actualmente en plena votación en el Parlamento. Esta ley, que en sus cerca de 500 artículos aumenta la represión, mercantiliza la educación y facilita el lavado de activos, entre otros puntos, representa un avance de políticas neoliberales y profundiza la diferenciación social entre los dueños de las empresas, y los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad social.

Casi 60 organizaciones convocaron a una multitud que a pesar del intenso frío, pero abrigados por su dignidad, se concentró en la Plaza Independencia (frente a la Torre Ejecutiva) y marchó por 18 de Julio, la Avenida principal de la ciudad, y luego por Avenida del Libertador hasta el Palacio Legislativo, donde los representantes nacionales venían discutiendo, votando y acordando entre sí para negociar los artículos de esta ley nefasta, que pretende ser una aplicación del programa de gobierno nacionalista-multicolor. Este programa incluye, entre muchas cosas, la aplicación de los puntos rechazados en el plebiscito de 2019, donde más de la mitad de la población dijo NO a la reforma de la constitución que pretendía aumentar la represión militar y policial. Esa reforma que embanderó el ahora Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y que a pesar de la negativa de la voluntad soberana de los ciudadanos, el Gobierno hizo oídos sordos, desconociendo a su propio pueblo.

georges almendrasA 47 años del golpe cívico militar es una tenaz defensora de la Memoria Viva

Por Jean Georges Almendras-26 de junio de 2020

Vive en Montevideo en un barrio de trabajadores cercano al Parque Rivera, pero nació en el interior del país, en Salto. Es dinámica integrante de Plenaria Memoria y Justicia. Tiene 67 años de vida. Una vida de lucha intensa y de militancia intensa, donde la sensibilidad revolucionaria ha superado lo inimaginable, generando “odios y amores” -como diría Eduardo Galeano- porque Irma Leites es para unos una radical, pero para otros (entre los que nos encontramos) es una mujer que lleva el sentimiento y la fuerza revolucionaria en la piel, y es un emblema y una referente de lo que significa ser en estos tiempos una luchadora por la libertad, por la justicia y por preservar la memoria. Una lucha cotidiana (a full) para derribar impunidades de los tiempos previos y posteriores a la dictadura cívico-militar en el Uruguay (que saliera a la luz pública en la madrugada del 27 de junio de 1973, pero que en concreto, aunque había una “democracia” ya estaba instalada desde unos años antes). Irma Leites en persona me ha dicho muchas veces que no hagamos de su vida y de su pasado, un ícono o un mito. Y me lo ha dicho y me lo ha recalcado, porque es humilde y no gusta de la pomposidad de los reconocimientos. Pero hablando claramente, los reconocimientos se los merece, no solo por su pasado de joven comprometida con la guerrilla de los años setenta (tras ingresar en el MLN Tupamaros) o por haber sufrido la prisión (nueve años aproximadamente) , y la represión(la tortura) en carne propia y luego el exilio, sino porque en sus palabras, en sus acciones (que distan bastante de lo que instaló la gran prensa nacional sobre su persona, tildándola de tira bombas, de terrorista, de extremista) y en su forma de vida, prevalece sin titubeos la personalidad y la fuerza de una luchadora social que desde muy jovencita comprendió que de los padecimientos de su vida familiar, para sobrevivir día a día (y de la realidad nacional de su tiempo) no había que sacar un rédito de egoísmo como hace la mayoría ( ese afán de procurarse un futuro de riquezas y de seguridades) sino por el contrario, había que sacar un rédito de sensibilidades y de solidaridades (y de sacrificios) pensando en el colectivo, pensando en los demás y no en sí misma. Irma Leites , que para unos es una rebelde sin causa, para nosotros (en este 2020, sobrado: en cambios políticos, en luchas sociales, en represiones, en cultura de la impunidad, en proyectos de leyes –anti populares- como la de Urgente Consideración, en injusticias sociales, en criminalizaciones de las luchas sociales , en promesas incumplidas para llevar a la justicia a los que cometieron delitos de violaciones de los DDHH -antes, durante y después de los años de dictadura-, en impunes ataques a la justicia por resoluciones respecto a los represores del terrorismo de Estado, en recurrentes prácticas -en filas de la casta militar- de una sacra omertá respecto a los enterramientos de uruguayos y uruguayas en predios militares y en criminalidades organizadas de la mano del narcotráfico copando el Uruguay y la región) es una muy coherente, valerosa y convincente militante de las causas justas, que nos aportó mucho, en un muy jugoso y renovador diálogo, sustraído a su intensa actividad como integrante de Plenaria Memoria y Justicia. Un diálogo aleccionador y generador de conciencia, que protagonizamos precisamente un día después de conmemorarse los 20 años de creación de esa Organización Social (de la cual ella es una de las referentes fundacionales más inconfundibles) y tres días antes de recordar, todos, un nuevo aniversario del golpe de Estado en el Uruguay, materializado de la mano de un político del Partido Colorado llamado Juan María Borbaberry (que era presidente constitucional) quien secundado por otros pares, arteramente, entregaron el país a los militares. Los militares que hoy, desgraciadamente, están sentados en el Parlamento Nacional, acodados en las bancadas que logró (porque el pueblo uruguayo lo permitió en las últimas elecciones nacionales) el ex general Guido Manini Ríos, precursor y alma mater del partido Cabildo Abierto. Sobre todo este panorama de la realidad nacional hablamos con Irma Leites. Y sus respuestas fueron militantes y coherentes con su vida. Esa vida que lleva adelante y en diaria lucha social, junto a su hija Iara (militante y combativa como ella) en diferentes ámbitos, entre ellos la Casa de Enfrente, los Colectivos contra la Reforma (y ahora contra la Represión) y, obviamente, en Plenaria Memoria y Justicia, sin dejar de lado, además, la lucha por los pueblos originarios, con la que ella también se identifica en cada paso militante dentro y fuera del Uruguay

-¿Qué se te viene en mente ante un nuevo 27 de junio, después de 47 años del golpe en el Uruguay?

“Que el terrorismo de Estado fue un fenómeno que no pasó, que sigue vigente. Eso es lo más claro que se me viene a la cabeza. Y además estamos viviendo como un momento donde se ve el proceso de militarización que habíamos vivido en la previa a la disolución de las Cámaras el 27 de junio de 1973. Ese había sido el verdadero golpe, digo, la preparación de toda esa instancia que culmina con ese día, con el despliegue del Comando del Ejército y de tropas, y de tanques. Se me viene esa imagen y la ocupación de las fábricas a las seis de la mañana, sin esperar la resolución de nadie ni de las cúpulas del CNT, ni de nada. Todo eso se me viene a la cabeza”.

-Desde la visión de los sectores de la derecha siempre se dijo que el golpe viene como consecuencia de la guerrilla tupamara..¿Eso fue así?

“Eso no fue así. Podríamos decir que ya en el año 1953 las fuerzas armadas de todo el cono sur empezaron a ser preparadas para esas instancias de mayor saqueo, del bolsillo de los trabajadores, de los sectores populares, de las reformas de la educación. La guerrilla tupamara no fue la causa del golpe. Sí, fue un gran avance de los movimientos populares, en el reclamo de sus derechos y de la defensa de las conquistas anteriores que se habían obtenido. Entonces, me parece que ahí hay un elemento, obviamente de las clases dominantes, de justificación, de la represión estatal, cuando algunos sectores populares se apropian de la violencia. La única violencia que legitima el Estado es su violencia, cuando los sectores populares organizados asumen algún grado de enfrentamiento más violento, ahí la reacción justifica sus acciones”.

-El MLN por un lado, pero por otro lado los Escuadrones de la Muerte. ¿Ahí empieza el terrorismo de Estado con mayor énfasis, mayor violencia?

“Es así. La conformación de los cuadros militares, de los torturadores, de la Escuela de las Américas en los Estados Unidos, la preparación de las embajadas de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Israel. Porque acá no estuvo solamente EE.UU en la preparación de estos grupos. El vínculo parapolicial y paramilitar de los Escuadrones de la muerte surgieron en Brasil primero y acá la coordinación con la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Hablando de esto último, en estos días se repuso en un edificio policial la foto del torturador Victor Castiglioni (*) miembro de la inteligencia de la represión. El Frente Amplio asumió el gobierno en el 2005 y recién en el 2016 se quitó ese cuadro y ahora ellos lo volvieron a colocar. Castiglioni es todo un símbolo de lo que fueron los Escuadrones de la Muerte, encabezados inclusive, en aquel momento –de acuerdo a la denuncias que hacíamos- por Julio María Sanguinetti, por el Vice Ministro de Educación Acosta y Lara, por Miguel Sofía. Todos ellos miembros del Escuadrón, identificados. Más aquellos que identifica el MLN, el 14 de abril de 1972”.

-¿Qué lectura haces de estos personajes que son una cuenta pendiente?¿Y de uno de ellos que está dentro del sistema político, y de algunos avalados por Cabildo Abierto? ¿Estamos viviendo un retroceso tenebroso?¿El reciente tema de la foto de Víctor Castiglioni, el tema de la preocupación gubernamental (crítica a la Justicia) por el procesamiento de un soldado después de 47 años por haber asesinado a un tupamaro por la espalda con una ráfaga de metralleta está demostrando todo ese retroceso?

“Si si, me parece que la reflexión es una: que el proceso de la dictadura no se laudó en ningún aspecto. Ni del Poder judicial, ni del sector político, porque la habilitación del Partido Militar en este país es la novedad histórica. Y esa novedad histórica tiene que ver con el nuevo proceso de militarización que se está produciendo, en la cual el rol protagónico de las FF.AA empieza a tener sus efectos en lo que es todo lo parlamentario. Hay una fusión de aquellos miembros del poder militar, del sector militar del Estado, introducidos en una política que me parece que lo que hace es la legitimación mayor de esas Fuerzas Armadas, de su rol. Me parece que aquí, desde el punto de vista de lo que sucedió en las elecciones.. que fue lo que habilitó eso , tendríamos que preguntarnos para atrás . Lo habilitó la impunidad que no se quebró en ningún momento, porque cuando nosotros decimos que la impunidad es la misma , a la de ayer y la de hoy, no quiere decir que se haya producido de las mismas características, pero sí, que la impunidad está en que los torturadores mantienen sus privilegios , mantienen la impunidad y hoy la inmunidad. Además porque hay que agregar eso, y hay que agregar también el concepto ese de la mafia , que tiene que ver con la omertá, el silencio y la conspiración silenciosa de los Estados, de las Fuerzas Armadas y de los aparatos represivos para no plantear ninguna verdad de lo que sucedió, ya que hablabas de los Escuadrones de la Muerte. Todo eso es un capítulo negro en toda la historia del Continente que no se laudó en ningún momento. Lo más grave es que los personajes están, y están ocupando puestos dentro del sistema político. Y eso es lo más grave”.

-¿Cómo revertimos todo este panorama?

“En estos días, por suerte, hemos tenido varias reflexiones y sobre todo polémicas, con los jóvenes, porque acá hay que desmontar muchas cosas. En el tema de la Memoria hay una versión hegemónica. Una historia blanca, una historia oficial de lo que sucedió. Por eso es muy importante hablar que la dictadura no es una foto, la del 27 de junio, sino que la dictadura es un proceso. Y hoy estamos viviendo una dictadura de clase muy potente, en este confinamiento, y todo lo que está sucediendo en el control social, en el disciplinamiento. Y eso tiene que ver con las dictaduras y con los terrorismos, porque la historia no empezó ni el 27 de junio ni cuando Pinochet ni todos los mandos de las FFAA se unieron en Chile para planificar el Plan Cóndor. Empezó con la doctrina de la seguridad nacional, desde mucho tiempo antes. Empezó con todas las leyes represivas, con los recortes en la educación, con los recortes en las libertades sindicales y las seguridades individuales de las personas, con todo lo que tiene que ver con esa orquestación. Porque para mí, si nosotros lo pensamos así, tenemos que salir a enfrentar claramente el proceso que se está viniendo, que se está armando hace mucho tiempo: con la legitimación de la ley antiterrorista, por ejemplo, que no se menciona y que fue aprobada con el gobierno progresista; con la cuestión de los operativos, de las leyes, como la LUC. Y lo que hace esta ley, es la profundización, de leyes que ya están, como por ejemplo la condena de la ocupación de tierras, violentando un derecho humano que es el derecho a la vivienda, violentando la cuestión de las ocupaciones, limitando los derechos sindicales. Toda una cantidad de cosas, como por ejemplo la ley anti piquetes. Me parece que todo ese proceso, de criminalización, de desconfianza por parte de los efectivos policiales -de lo que está sucediendo en las calles- de la apariencia delictiva. Todo eso tiene que ver con esto. Entonces me parece que lo importante es la organización contra eso. Lo importante es la mentalidad crítica y no permitir que se imponga una historia oficial. Se va hacia el camino de imponer un Estado policial. Es lo que se ve en las estrategias. Los Estados se preparan para nuevas revueltas, que no tienen que ver con la década del sesenta, con la existencia de movimientos populares potentes de guerrillas de insurrecciones de otro tipo. Hoy se verán enfrentamientos, obviamente, porque el saqueo provoca eso, el hambre provoca eso, las necesidades no satisfechas de la gente, provoca eso. Entonces en la medida que la gente se organice, ellos va a tener que tener una policía militarizada, como lo están haciendo ahora a través de aparatos y de grupos especializados en una contra insurgencia diferente”.

Irma Leites 2

-Plenaria Memoria y Justicia cumplió 20 años ¿Qué nos puedes decir al respecto?

“Cómo se necesita que se crezca en organizaciones más autónomas, que no estén coptadas por los Estados, por las Instituciones, y que tengan una cierta autonomía. El otro día recorriendo las imágenes de lo que ha pasado en estos 20 años, pensé en el tema de la condena social de una Memoria Viva en las calles y de no inmortalizar a las compañeras y compañeros en bronce. Toda esa lucha que hemos tenido. Necesitamos crecer y crecer mucho”.

-¿Y los jóvenes están en el horizonte?

“Obviamente. Sí. Si no existe eso, no existe una vía comunicativa social que permita el traslado de esa Memoria al pasar por el corazón, de vuelta a las luchas y volverlas a potenciar y me parece que sí, que son los jóvenes los que están al frente de todo esto”.

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(*) Víctor Castiglioni , en los años setenta fue un represor cuya fotografía, que años atrás fue retirada del Salón de Actos de la sede de la Dirección de Inteligencia de la calle Maldonado, se colocó nuevamente allí en las últimas semanas a expresa iniciativa de un alto jerarca policial, sin el consentimiento del titular del Ministerio del Interior, lo que generó un inmediato repudio desde filas de la oposición y de organismos de DD.HH. Hubo repercusiones a todo nivel, y en ese marco, la interna policial defendió a raja tabla la iniciativa, hasta que finalmente el Ministro Larrañaga dispuso el retiro de la placa fotográfica de Castiglioni, pero solo seguramente para no agravar la tensa polémica, pero no porque estuviese de acuerdo con los fundamentos de quienes reclamaron airadamente que ese rostro no permaneciese en el lugar.

*Foto de Portada: Leandro Gómez de Our Voice

*Foto 2: www.laizquierdadiario.com

jorge figueredoPor Jorge Figueredo desde Asunción, Paraguay-18 de Junio de 2020

Gran resonancia tuvo en diversos medios de comunicación de Asunción y por las redes sociales, la triple victoria ciudadana lograda contra la corrupción, y por la transparencia en la gestión de los altos funcionarios públicos en este mes de junio. Primeramente el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia- Sala penal ampliada, declarando no hacer lugar a la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República y hacer efectiva la orden de publicar las declaraciones juradas de bienes y rentas de todos los funcionarios públicos. El segundo logro de la ciudadanía fue el veto del Presidente de la República Mario Abdo Benítez a la ley que intento despenalizar las declaraciones juradas falsas sancionada por la Cámara de Diputados -más conocida en los últimos años como la “cámara de la vergüenza”- por apañar constantemente la corrupción y proteger a los parlamentarios que han cometido diversos hechos ilícitos. El tercer golpe certero, que se dio fue una recusación contra los ministros de la Corte, que fue rechazada. Según lo publicado por el diario Ultima Hora de la capital: “Como si no fuera suficiente con la sanción a través de una aplanadora colorada y liberal de la cuestionada ley en la Cámara Baja, se ha revelado que 18 diputados colorados cartistas y abdistas, con dos aliados liberales llanistas, intentaron como una acción desesperada evitar que sus declaraciones juradas se hagan públicas, presentando una recusación contra los ministros de la Corte como “terceros interesados”, pero la acción fue oportunamente desestimada. De esta manera, la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados, recibieron un duro golpe y una triple derrota política en su descarado intento por proteger el secreto sobre el crecimiento de sus patrimonios y lograr la impunidad en los casos de que se compruebe que han mentido al declarar sus posesiones”.

A pesar de que el recurso fue planteado la semana pasada, los nombres de los firmantes se conocieron recién el lunes último. Entre ellos, según publicó el diario Ultima hora,los colorados cartistas Pedro Alliana, Basilio Bachi Núñez, Cristina Villalba, Rocío Abed, Miguel Tadeo Rojas, Del Pilar Medina, Nazario Rojas, Hugo Ramírez, Blanca Vargas, Justo Zacarías Irún, Néstor Ferrer y Derlis Maidana; los colorados abdistas Freddy D’Ecclessiis, Rubén Balbuena, Pastor Soria, Carlos Núñez Salinas y Roberto González; y los liberales llanistas Édgar Ortiz y Andrés Rojas Feris, Hugo Capurro y Enrique Mineur, además de otras firmas que no fueron identificadas.

Entre los hechos resaltantes mencionados, adquiere mayor relevancia la posición asumida por la Corte Suprema de Justicia en relación a la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos sin necesidad de autorización judicial. La Contraloría General de la República recurrió a la Corte Suprema de Justicia a promover Acción de Inconstitucionalidad contra las resoluciones dictadas en instancias inferiores en el expediente caratulado “Amparo Constitucional promovido por el Señor Juan Carlos Lezcano Flecha c/ la Contraloría General de la Republica “, además de una acordada de la Corte Suprema de Justicia.

Dentro de los tantos hechos políticos, económicos y judiciales, de los últimos años en el Paraguay, donde la mayoría de las veces siempre ha salido ganando la mafia por goleada, lo acontecido en estos días, es una pequeña luz en la oscuridad de la impunidad y las grandes desigualdades sociales que se ha logrado en gran medida a través de la lucha ciudadana, como la de los escrachadores a los corruptos, liderados por la Dra. María Esther Roa, líderes parlamentarios como la Dra. Kattya González y Rocío Vallejo por nombrar algunos, sumándose además la presión ciudadana a través de las redes sociales y varias movilizaciones contra la corrupción que se dieron en este mes, y por los cuales lamentablemente fueron imputados algunos líderes ciudadanos, supuestamente por violentar la cuarentana; sin embargo según la opinión de varios referentes de la sociedad civil, se estaría utilizando al Ministerio Público para frenar dichos cuestionamientos a los corruptores y corruptos, que no solo han afectado a funcionarios dependiente del Poder Ejecutivo, sino a políticos y el sector privado, acostumbrado a ganar licitaciones en connivencia con sectores criminales del Estado.

A pesar de las graves contradicciones del Gobierno de Mario Abdo en materia de lucha contra la corrupción y la transparencia, así como de este triunfo ciudadano, hay que seguir insistiendo con las denuncias contra la corrupción y el control de la gente de como administran los gobernantes de turno las riquezas del país, a través de las redes sociales e incluso con las manifestaciones físicas, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, porque la salud ética y moral de nuestro querido Paraguay es igual o más importante aún que su salud corporal.

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*Foto de Portada: www.celag.com

Por La Izquierda Diario(*)-18 de junio de 2020

La audiencia comenzó a las 10hs y estuvo a cargo de la jueza Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 33º Turno, Adriana de los Santos, que dio lugar al pedido de extradición por parte del Estado argentino. En la instancia judicial se hicieron presentes autoridades del Consulado argentino en Uruguay.

En el acta de la audiencia, la jueza realizó un pedido expreso para que la comunicación del fallo por parte del Estado uruguayo se haga de forma urgente.

El abogado defensor de Sebastián Romero en Uruguay, Dr. Pablo Ghirardo declaró a La Izquierda Diario que "lo importante es que hoy se decretó la extradición, que es la voluntad de Sebastián y que ahora los Estados deben hacer los mayores esfuerzos para que en el menor tiempo posible se cumpla la sentencia judicial". Así mismo, valoró que "ahora la campaña por la libertad de Sebastián será ya no por la extradición, sino por la no criminalización de la protesta social".

El militante del PSTU de Argentina, Sebastián Romero había sido detenido el pasado 30 de mayo en la ciudad de Chuy, zona fronteriza con Brasil. Desde entonces, distintas organizaciones de Derechos Humanos, personalidad de la cultura, sindicatos, y organizaciones sociales y políticas se han expedido por su libertad y el cese de la criminalización de la protesta.

El joven militante del PSTU fue imputado por intimidación pública, daños y resistencia a la autoridad, luego de participar junto a miles de personas en las jornadas de diciembre del 2017 contra la reforma jubilatoria. Desde el PSTU y decenas de organizaciones se exige la libertad inmediata.

Oportunamente, cuando Sebastián Romero fue detenido, el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PSTU) emitió un comunicado de prensa, donde informaban que a las 19 h se daba un informe de la situación, mediante un Facebook Live. Al mismo tiempo decenas de organizaciones que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, como el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), se pronunciaron por la inmediata libertad de Romero en territorio Argentino.

"En el día de la fecha nuestro compañero Sebastián Romero fue detenido en la República Oriental del Uruguay. Sebastián es perseguido político desde el 18 de diciembre de 2017 por haber participado junto a miles de trabajadores y trabajadoras de la movilización contra la reforma previsional que implicó un brutal robo a los jubilados y jubiladas", comenzaba el comunicado titulado ¡Inmediata libertad a Sebastián Romero!

Para luego describir como fue lo sucedido en diciembre de 2017: "El entonces gobierno de Mauricio Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich en la figura de Sebastián intentaron demonizar la legítima movilización popular contra el ajuste. Solo por movilizarse para defender a los jubilados". Continuando: "Sebastián hace 29 meses que no puede ver a su familia, ni a sus amigos y amigas, ni a sus compañeras y compañeros de trabajo en la General Motors y de militancia del PSTU. Por lo mismo, su compañero Daniel Ruiz estuvo 13 meses injustamente detenido en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz".

También aseguraron que "Sebastián es un preso político, lo cual es inadmisible en una sociedad que se pretende democrática", exigiendo además que "el Gobierno de Uruguay, presidido por Luis Lacalle Pou, debe enviar de forma inmediata a Sebastián a su país y permitirle la inmediata comunicación con su familia y aquí debe ser inmediatamente liberado por el gobierno de Alberto Fernández y la justicia argentina".

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(*)Gentileza de La Izquierda Diario

* Foto de Portada: www.laizquierdadiario.com

claudio rojas cecilia bartholinPor M. Cecilia Bartholin y Claudio Rojas desde Chile-10 de junio de 2020

Tras la llegada y posterior rápida proliferación del virus del Covid-19 en el territorio chileno, el virus ideológico pareció encontrar en esta crisis humanitaria un nuevo horizonte que le permitiría su supervivencia: estado de catástrofe, militares en la calle, toque de queda, cierres de fronteras; cordones sanitarios; prohibiciones de cualquier reunión u encuentro masivo; cierres de locales comerciales; cierres de instituciones; despidos masivos; evitar el contacto físico; aislamiento parcial; aislamiento total; reapertura de mall, por mencionar solo algunos de los hitos pandémicos que el capitalismo-neoliberal utilizó para lograr mantenerse en lo que es su cuna: Chile.

Nuestro país, estuvo dormido, esperó por mucho tiempo la promesa de “la alegría ya viene”, una sociedad anestesiada por el consumo, en donde las migas fueron para la mayoría y el pan entero para la avaricia de unos pocos. En el país donde se termina la tierra, al fin del mundo, la injusticia reina y es hora de hacer un −contrato social−, pero no cualquiera, ni acordado entre gallos y medianoches, por una clase política totalmente deslegitimada por el mundo social.

En marzo la pandemia estaba causando un enorme desastre sanitario en Europa, y ya habían contagiados en Chile, por tanto, el hambre que están sufriendo las familias más vulnerables es responsabilidad del actual gobierno por su falta de planificación para ayudar a quienes no pueden darse el lujo de hacer una cuarentena. Se sabía que un sector importante de la sociedad chilena no tiene las condiciones económicas para confinarse, porque esta pandemia está demostrando que jamás hemos sido un oasis en Latinoamérica, sino más bien un iceberg, en donde a simple apariencia todo es hermoso del agua hacia arriba, pero en el fondo se encuentra toda la basura de la injusticia social del modelo neoliberal instaurado a sangre y fuego en dictadura.

Muchas familias viven el mes a mes, con salarios bajos referente al alto costo de vida, pagando la educación de sus hijos, comida, transporte o la hipoteca. La triste realidad de la mayoría de nuestros compatriotas es trabajar para sobrevivir y pagar deudas. La mayoría de los adultos mayores reciben jubilaciones que no dan para tener una vida digna y feliz en las últimas décadas de sus vidas (por el contrario, jubilarse es caer en la miseria absoluta). Entonces con toda esa precariedad es imposible hacer una cuarentena sin una ayuda potente del Estado, asistiendo directamente a las familias más proclives para disminuir el contagio del coronavirus.

Chile hambriento y enfermo, desnudo de los falsos oropeles que el yugo neoliberal ataba a su cuello, se prepara para lo peor. ¿Qué viene? ¿El estallido del hambre y cesantía post pandemia, o la irrupción de una alternativa revolucionaria? El Estado tiene conciencia que octubre del año pasado fue el comienzo del fin. No sólo ocurrió un “estallido social”, como lo bautizó la lexicografía mediática. La violencia del 18 de octubre y la marcha una semana después de un millón doscientas mil personas que exigían terminar con la institucionalidad de los privilegios, forman parte de un proceso insurreccional. Se caracteriza por su pluriclasismo y por su prolongación soterrada en el tiempo.

Mientras organizaciones sociales y políticas continúan divagando en las tinieblas de la confusión, el Estado oligárquico cava trincheras y refuerza sus líneas defensivas. Se incrementan las compras de equipos, armamentos y nuevas tecnologías de inteligencia. Las adquisiciones van desde vehículos blindados para Carabineros hasta fragatas para la Armada. Las cuarentenas sanitarias y el toque de queda se utilizan para afinar los planes de ocupación militar de ciudades. Más de 20 mil efectivos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea se han sumado a 60 mil carabineros en el patrullaje del país. En este ejercicio participa la Brigada de Operaciones Especiales (BDE) del Ejército: los temidos boinas negras, también enviados a “pacificar” La Araucanía.

Por su parte el Congreso, dócil instrumento del sistema, encuentra a sus miembros llenos del miedo de perder sus muchas comodidades a manos de la turba “que todo lo destruye” porque son “anarquistas”, entonces en sus cómodos sillones optan por defender “el sistema” apoyando todos los enclaves y proyectos que van transformando el gobierno en una dictadura formal.

El gobierno aprovecha el estado de catástrofe decretado en marzo para aceitar los engranajes de la maquinaria represiva. Sabe que el proceso insurreccional está latente. La agitación social se mueve en las ollas comunes, en los comprando juntos, en las redes sociales, en las juntas de vecinos, en miles de micro organizaciones populares que actúan bajo la costra institucional. Es el factor subjetivo que produce la masiva desobediencia civil a las autoridades sanitarias, que lamentablemente agrava la pandemia. El pueblo -aún a riesgo de su vida- desconfía de toda autoridad institucional a la que no reconoce legitimidad.

El gobierno mientras transmite que está preocupado por las cifras de la Pandemia, no presenta proyectos de ley o decreta alguna medida que vaya en ayuda a los más necesitados, cuya situación se torna cada día más dramática; opta por blindarse ante la justicia internacional por requerimiento presentado ante la Fiscalía de la CPI –Corte Penal Internacional- en La Haya; y, le puso suma urgencia al proyecto que modifica el Sistema de Inteligencia Nacional, lo que desató una ola de críticas de la oposición, académicos y del mundo de DD.HH.

Otra propuesta que forma parte de las preocupaciones del Gobierno “cambia la definición de contrainteligencia y establece que la amenaza contra la seguridad del Estado no sólo puede ser externa, sino que provenir de “grupos nacionales”, advierte la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Además está tramitándose en la Cámara de Diputados proyecto de Ley de Inteligencia, en el cual se diseña un sistema de Inteligencia que lidera el Presidente de la República asesorado por sus ministros de Defensa, Interior, la ANI, Policías y Fuerzas Armadas. Este proyecto, sumado al de Infraestructura Crítica permite el despliegue de las FFAA por todo el territorio nacional sin la necesidad de contar con Estado de Excepción Constitucional, facultando legalmente a la Inteligencia Militar para que funcione en contra de grupos nacionales que amenacen el orden público. Si se llegan a aprobar estos proyectos el Presidente Sebastián Piñera concentraría más poder, y dispondría de un Sistema policial y militar para apuntar a quienes considere una amenaza a la seguridad del país.

Se reactiva la represión y asesinatos en el pueblo mapuche (y nadie habla de esto) con represión arbitraria y desmedida.

Nada de todo esto sirve contra la pandemia; y de paso no hace más que revelar que la política del actual gobierno está dando pasos agigantados para la eliminación definitiva del plebiscito ya postergado, y la instauración de un estado policial y militar.

El gobierno para distraer la atención de su responsabilidad en la horrible gestión de esta crisis sanitaria, está convocando a la clase política a un gran “Acuerdo Nacional”. Nuevamente, este gobierno acude a los partidos para salir del paso y éstos acuden al llamado como si la ciudadanía les tuviera la confianza necesaria para legitimar sus pactos.

Definitivamente, no escucharon nada de lo que el país en su mayoría les estaba comunicando en los meses precedentes a la llegada del virus.

En conclusión, Chile quiere ser un pueblo soberano, en donde el sentido común prime en la voluntad general de la ciudadanía, no en los intereses de unos pocos empresarios y partidos políticos. En estos momentos en donde la pandemia está causando un gran dolor en los sectores sociales más desprotegidos, el país no necesita acuerdos entre la clase política, sino reales medidas, que den un sustento contundente a las familias que no tienen los medios para hacer un estricto confinamiento e inyectar todos los recursos necesarios en nuestros hospitales públicos para impedir que sigan falleciendo más de nuestros compatriotas. El Contrato social se hará cuando el pueblo sea legítimamente soberano redactando su propia Constitución.

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*Foto de Portada: www.youtube.com

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