Por Claudio Rojas desde Chile-3 de julio de 2020Poco a poco, en la medida que avanza la pandemia en medio del hambre y la indefensión de la mayoría, surgen voces pidiendo que se apoye el retiro del 10 % de los fondos de los trabajadores de las AFP (Administradoras de fondos de pensiones) -que son el reflejo del poder económico despiadado que hay en Chile; y que son o manejan cifras equivalentes al PIB bruto del país, vale decir poco menos de US$ 300.000.000.000.- provenientes del aporte de los trabajadores del país por más de 40 años y generando pensiones miserables para quienes se jubilan- quienes solicitaban estos dineros, al principio eran sólo los sectores que representan a los trabajadores, luego empezaron incluso sectores del centro político que en todo este tiempo han votado todos los proyectos del ley que ha enviado el gobierno; pero ahora, es tan evidente la desgracia de muchos chilenos y su precariedad que hasta los sectores más moderados del oficialismo, sugieren que debería considerarse esta medida, para contener un posible estallido extremo producto del hambre y demandas insatisfechas que se han acrecentado desde el comienzo del estallido social.
A pesar de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de protección interpuesto por María Angélica Ojeda González, una profesora jubilada y enferma que pidió disponer de una parte de sus fondos para sanarse y evitar que le quiten su casa por una hipoteca impaga, pues su pensión no le permite pagar su dividendo y comer. Entonces corre el riesgo de perder su casa, jubilada con pensión de miseria y enferma.
El Tribunal de alzada le falló en derecho, amparado en la Constitución que defiende el derecho de propiedad, en este caso el ahorro de los trabajadores. Sin embargo no le ha sido posible conseguir nada, pues saltaron influyentes voces de empresarios que anticiparon “que la Corte Suprema debe corregir ese grueso error” (algo absolutamente inaceptable y que no resiste análisis) voces de un supra-poder que está en la práctica por sobre el derecho constitucional del uso, goce y disposición de lo propio.
Tal ha sido el robo y el aprovechamiento de la debilidad del trabajador que el gobierno ha propiciado que las empresas envíen a los trabajadores a cuarentena con suspensión temporal del trabajo, modificando la ley para que los suspendidos puedan cobrar subsidio de cesantía, de paso consumiendo su protección social ante un finiquito del trabajador por cualquier causa; para así evitar poner dinero de las arcas fiscales, pues ese está destinado solamente a apoyar a los empresarios, como por ejemplo: LATAM aerolíneas a quien el gobierno considera “estratégica”, a pesar de la decisión de la aerolínea Latam de acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, y de haber acordado en su junta anual de accionistas repartir un dividendo de US$57 millones en medio de la dura crisis que azota a la empresa.
Por eso, hemos dicho desde hace un buen rato, que en Chile vivimos una dictadura económico-militar.
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*Foto de Portada: Archivo de Unidad Social/ María Angélica Ojeda