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DiputadosANIVERSARIO DE LA DEROGACIÓN DE LA LEY 10092
En el día de ayer -8 de febrero- se cumplió un año de la derogación de la ley 10092 que creaba una empresa agroindustrial del estado provincial para luego -por la misma ley- ser concesionada junto con las tierras fiscales (se omitía dimensionarlas) y los puertos de la provincia. Evocar aquella noche de miércoles al grupo de jóvenes en el recinto de la Cámara de Diputados cantando una letra para la ocasión, me emociona profundamente.
El gobernador -luego de atropellar al parlamento provincial (¡12 leyes en medio día de sesión!)- sintió la posibilidad latente de una generalizada oposición aún en las propias filas de sus electores. Se agregaba la violación inconsulta de la Carta de Intención interjurisdiccional que creaba el PIECAS (proceso de información, análisis y finalmente Ordenamiento Territorial de los humedales) . Y promueve desde el mismo ejecutivo que la pergenió, su inmediata legislación. Un mes y medio después de aprobada la ley (período de fiestas y vacaciones en el que dificultosamente se fué enterando la opinión pública y principalmente los sectores preocupados e interesados), un pequeño grupo de ciudadanos y organizaciones se autoconvocó y en poco más de una semana logró ayudar a crear un estado de alerta y oposición en militantes ambientalistas, sociales y políticos (al que contribuyó el propio movimiento contra la explotación del cerro Famatina por esos mismos días en ebullición).
La creación de una sociedad anónima por el estado provincial aportando el capital, determinando la gestión de un crédito a transferir por 50 millones de dólares, para luego concesionarla junto con el aprovechamiento económico de eventualmente más de 200.000 hectáreas y los puertos provinciales, incluyendo los grandes puertos de ultramar; pasará a la historia como uno de los intentos más absurdos y por otro lado de más atrevido sentimiento de impunidad para la corrupción política.
La asamblea ayudó a crear conciencia sobre el valor de los humedales, sobre el peligro de la agricultura industrial en las islas, comenzó a enfocar el tema del uso público de la franja llamada "camino de sirga" en la ribera de nuestros ríos navegables, llamó la atención sobre las propiedades fundiarias fiscales en tierras firmes susceptibles de ser aprovechadas en un proceso que retomara la tradición de la colonización, concientizó sobre el valor de nuestros puertos y de la navegación fluvial en un proceso de reinvención del modo productivo actual. La propia ley que deroga la 10092, esto es la ley 10100 (no suficientemente estudiada y valorada por los sectores que activaron en la asamblea), significa realmente un triunfo tanto o más grande que la propia derogación de aquella. Esta ley ordena al Fiscal de la Provincia estudiar la situación dominial del 1.600.000 hectáreas de islas que por determinación del Código Civil de 1869 son propiedad imprescriptible e inalienable del estado provincial. Se trata nada menos que revisar la propiedad privada (las apropiaciones de los bienes públicos) de las islas, ¡un 20% de la superficie de la provincia!.
La experiencia y práctica de la asamblea ayudó a dar lugar al surgimiento del  movimiento contra el fracking y otras movimientos en el mismo sentido de defensa y protección de los bienes comunes, en un ejercicio efectivo de auténtica democracia directa.
Finalmente copio una reflexión final escrita en una nota sobre los puertos provinciales. Estos pensamierntos se refieren al valor intrínsico de las asambleas, la tradición que vamos forjando de tomar en nuestros manos los temas públicos, estudiarlos, debatirlos y proponer, no simplemente protestar. Sigo proponiendo que gestemos un parlamento sui géneris, una legislatura espóntanea, que se informe, estudie las cuestiones públicas y emita opinión desde la sociedad. Con la más profunda convicción democrática y republicana, sin intereses particulares, haciendo al verdadero concepto de lo POLITICO.
Carlos Alberto Godoy.



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