Por Antimafia Duemila-1ero de Febrero del 2020
“El año judicial que se abre hoy comienza después de la temporada más nefasta para el autogobierno de la magistratura. Me refiero al escándalo del pasado mes de mayo -que fue archivado apresuradamente como un hecho episódico y limitado a los protagonistas del cual ahora es muy fácil distanciarse- mientras que merece, en cambio, una reflexión profunda sobre la traición a la representación de los magistrados y una respuesta radical de tipo normativo e institucional”.
“Recordando las palabras del Jefe de Estado, podemos decir que "lo sucedido produjo graves consecuencias negativas para el prestigio y la autoridad no sólo del Consejo sino también de toda la Orden Judicial, cuya credibilidad y capacidad de recuperar la confianza son indispensables para el sistema constitucional y para la vida de la República”.
“El cúmulo de maniobras ocultas, de intentos de desacreditar a otros magistrados, de influencias presumidas, de pretensiones para dirigir las investigaciones y condicionar los hechos, la convicción de poder manejar al CSM, la participación indebida de representantes de otro poder del Estado, se manifiestan en total oposición a los deberes básicos de la Orden Judicial y a lo que los ciudadanos esperan de la Magistratura".
“No obstante, el CSM siguió adelante en la realización de las tareas que le asigna la Constitución. Las más importantes de ellas se refieren a la garantía de condiciones practicables en la prestación del servicio de justicia”.
“Es por eso que las opiniones expresadas sobre las reformas regulatorias deben abordarse primero”.
“Quiero recordar la que refiere a la propuesta de ley sobre la inaplicabilidad del juicio abreviado en los delitos castigados con cadena perpetua, una propuesta que habría comportado un aumento en la carga de trabajo de los Tribunales en lo Penal, de primer y segundo grado y una mayor incertidumbre con respecto a la elección de las colaboraciones con la justicia, en contra de la tendencia referida a los ritos alternativos expresados por el legislador de 1989”.
“La opinión sobre el proyecto de ley de protección contra la violencia doméstica y de género”.
“Es correcto el proyecto en lo que refiere al fortalecimiento del sistema de protección "preventiva" para las víctimas mediante la adopción oportuna de medidas de protección y la introducción de medidas destinadas a contener el peligro de reincidencia. Pero ha sido criticado en la parte en que impone a los fiscales la obligación de proceder con el examen de la persona ofendida dentro de los tres días posteriores al registro de la denuncia. Una previsión ingenua que termina introduciendo en el sistema una rigidez que corre el riesgo de convertir a la justicia en burocracia”.
“Pero, lo más relevante, parece ser la opinión sobre el proyecto de ley sobre prescripción y corrupción, con respecto al cual hemos expresado una posición minoritaria, sin compartir en absoluto que la suspensión de la prescripción pueda ser un factor para alargar los procesos. Observamos con satisfacción que en este punto ha habido un reavivamiento institucional en el sentido que auspiciamos”.
“Recordando el documento de una Comisión Ministerial (la Comisión Fiorella), algunos han argumentado que el instituto de la prescripción, tal como está regulada actualmente, sería un factor para acelerar los procesos, ya que induciría a los jueces a celebrarlos más rápidamente para que no prescriban. De esta tesis se deduce que la nueva ley, que prevé la interrupción de la prescripción a partir de la sentencia de primera instancia, los alargaría. Ahora está claro que la vigencia del término de la prescripción responsabiliza a la parte pública, pero no se puede olvidar que la duración del juicio está principalmente vinculada al ejercicio de los derechos y facultades del imputado (notificaciones, términos defensivos, procedimientos, la misma oralidad y sus formas). Al olvidar esta consideración, se termina indirectamente declarando que la duración de los juicios es responsabilidad exclusiva de los magistrados. Que es lo que erróneamente sostienen algunos detractores de la actividad judicial”.
“Se argumentó para oponerse a la nueva ley que, dado que una parte importante de los procesos prescriben en la fase de la investigación, esta reforma, que no afecta a esa fase, pero que comienza a partir de la sentencia de primera instancia, sería inútil”.
“Los datos numéricos de la prescripción durante las investigaciones son reales, pero deben precisarse. No se dice que una gran cantidad de noticias sobre delitos llegan cuando ya están a punto de prescribir y, por lo tanto, no tendría sentido continuar esos procesos con los costos que ello conllevaría: es menos dañino que se prescriban en lugar de proceder a un desperdicio de recursos injustificado”.
“Si se utiliza de manera no crítica este argumento, es decir, el de los delitos que prescriben en la investigación, para impugnar los efectos de la reforma de la prescripción, una vez más, de manera indirecta, se termina diciendo que la responsabilidad de los casos prescriptos es de los fiscales. Y esta es una conclusión inaceptable porque les da a los operadores una responsabilidad que es sólo del Gobierno y del Parlamento, es decir, de quienes regulan el acceso a la justicia”.
“Estos argumentos son para subrayar que el CSM no debe ser una fábrica de ascensos, sino un lugar donde la funcionalidad del servicio prestado a los ciudadanos debe ser protegida en primer lugar”.
“Tenemos el deber de la claridad, de la denuncia, de la nitidez de los cargos, sin temor a parecer irreverentes si decimos que la Justicia no funciona, que el rey está desnudo. No se trata en absoluto de buscar soluciones que oculten derechos o impongan sanciones injustas, sino solo para garantizar un resultado mínimo: la celebración fisiológica de los juicios. Por esta razón, el acto de ostracismo que llega de la Cámara Penal de Milán contra Pier Camillo Davigo es inadmisible e incalificable, e igualmente incomprensibles son las distancias que provienen de dentro o las invitaciones a la moderación que provienen de un antiguo régimen asociativo. La justicia sufre la presencia de corporaciones y poderes, no solo externos sino también internos al poder judicial, es por eso que necesitamos confrontación, debate, el fresco aroma de la libertad, no censura ni prohibiciones”.
“Por lo tanto, no se debe guardar silencio frente a lo que se considera incorrecto, en democracia es inaceptable imponer y estar condicionado por la expresión de opiniones”.
“Por esta razón escuchamos preocupados, pero no en silencio, las noticias de posibles reformas que se impondrían a los tiempos de la Justicia, que prevén sanciones disciplinarias para los magistrados en caso de una duración mayor a la esperada.
Esperaremos a leer el texto final de la reforma, pero deseamos que los anticipos de la prensa sean inexactos porque, como hemos observado con respecto a la duración de los procesos, las variables están dictadas por las reglas que recuerdan la responsabilidad política del Gobierno y el Parlamento. Mientras que la eventual culpa del juez, además de ser fácilmente identificable, es fácilmente detectable y, como veremos, estrictamente sancionada. Prever por ley la duración de los procesos es, por lo tanto, una medida sorprendente por su ingenuidad y recuerda mucho el antecedente del tumulto de San Martino de 1628 mencionado por Manzoni: el edicto con el que el gran canciller Ferrer pensó que era posible bajar el precio del pan. Todos conocen las consecuencias de ese decreto que culminó con la revuelta. Por lo tanto, no es este el camino a seguir para reformar la justicia”.
“Con referencia a la materia que es competencia de la Primera Comisión del CSM, de la cual soy presidente, y de la sección disciplinaria puedo informar que, en el último año, hasta los últimos días transcurridos, hemos registrado hechos graves, noticias de arrestos e investigaciones contra funcionarios pertenecientes al ámbito judicial, por episodios de corrupción y colusión con círculos mafiosos”.
“La Primera Comisión, que tiene competencia en incompatibilidades funcionales, está llevando a cabo una actividad sin precedentes por la cantidad y relevancia de los temas tratados”.
“Solo en el último trimestre ha habido ocho prácticas de incompatibilidad funcional, en parte definidas con transferencias voluntarias, otras suspendidas debido a la existencia de procedimientos penales o disciplinarios. Una buena parte concierne a los jefes de oficina, algunos en altos cargos”.
“El número de procedimientos pendientes en la Sección Disciplinaria al 1º de enero de 2019 era de 41, mientras que al 30 de noviembre del mismo año fue de 77”.
“También hubo un aumento en la cantidad de procesos, dado que en 2018 fueron abiertos 100 procedimientos disciplinarios, mientras que al 30 de noviembre de 2019, eran 118. Sin embargo, el número de definiciones excedió al de las contingencias sobrevinientes”.
“En cuanto al resultado de las sentencias en cuestión, se observa que hubo 27 sentencias condenatorias con aplicación de las diversas sanciones previstas por la ley, 34 absoluciones sobre el mérito, 58 órdenes de no ha lugar a proveery 4 sentencias de no se debe proceder”.
“Estos datos son importantes porque, si bien por un lado se debe defender la viabilidad de la función judicial, por otro lado, es necesario garantizar un autogobierno creíble y no corporativo que evite las amenazas a la imparcialidad o incluso solo el empañamiento de la credibilidad de la justicia”.
“Los magistrados no pueden darse el lujo de pasar por alto un comportamiento que socava su imagen a los ojos de los ciudadanos”.
“Aún así, la Primera Comisión está decidida a orientar las llamadas prácticas para tutelar la defensa real de la base de los magistrados que operan en primera línea, para salvaguardar su plena autonomía e integridad en el ejercicio de la función, por cualquiera que sea amenazada y, ciertamente, no como un instrumento para irrumpir en el debate político”.
“En cuanto a la movilidad de los magistrados, con motivo de la identificación de las vacantes publicadas (de primera y segunda instancia), se realizó un análisis razonado de los datos estadísticos adquiridos por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta las cargas de trabajo per cápita, las plantas orgánicas de las oficinas y vacantes y los lugares que quedaron sin aspirantes en los últimos llamados. Utilizando la colaboración de la Oficina de Estadística, se desarrollaron algunas pautas generales”.
“Sobre la base de estos criterios, el Consejo ha cubierto 421 puestos sobre 556 vacantes, en oficinas y juzgados, tanto en primera como en segunda instancia”.
“En cuanto a las nuevas admisiones en la magistratura, con las resoluciones del 6 de febrero y del 16 de octubre de 2019, el Pleno aprobó la clasificación final de los ganadores de los concursos en el poder judicial convocados con los DD.MM. 19.10.2016 y 31.5.2017, nombrando a 590 magistrados ordinarios en formación (330 tomarán posesión en el 2020 y 257 en el 2021)”.
“Cuarta Comisión”
“La Cuarta Comisión, abierta desde 2007, a los fines de concluir la práctica relativa a los estándares de desempeño y actualizar la actividad ya realizada sobre el tema en los Consejos anteriores, ha establecido un grupo de trabajo ad hoc, con la tarea de revisar todas las actividades ya realizadas en esta década. El grupo completó el trabajo y presentó sus informes el 13 de mayo de 2019, para el sector civil, el 7 de noviembre de 2019, para el sector penal juzgante y el 25 de noviembre de 2019 para el sector penal requirente”.
“Finalmente, debe mencionarse la actividad de vinculación entre la vigilancia y las tareas de la Comisión Mixta sobre ejecución criminal, de la que también soy responsable. La Comisión sigue el trabajo de los magistrados dedicados a la protección de la salud, a la rehabilitación de los presos y al desarrollo de medidas alternativas a la prisión, de modo que se garanticen los preceptos constitucionales en condiciones de seguridad para todos, incluidos los operadores, y en cumplimiento de los principios de humanidad y efectividad de la pena”.
“También es una salvaguarda para la transparencia, la legalidad y el apoyo a los magistrados que operan en la vigilancia y la administración penitenciaria. Estos son colegas que deben garantizar el estricto cumplimiento de los principios del sistema penitenciario, la aplicación de las normas sobre detención especial para mafiosos y terroristas y la relación transparente con la autoridad judicial, a la que deben transmitirse las noticias y las circunstancias de su competencia y en cuyo interés las fuentes de evidencia derivadas de la colaboración con la justicia de los prisioneros deben preservarse en su autenticidad. Se debe prestar especial atención a los magistrados del DAP, ya que, como nos enseña la historia (Girolamo Tartaglione, Girolamo Minervini, Riccardo Palma y Luigi Daga), a menudo han representado una barrera para la posible explotación del sistema penitenciario por aparatos desviados atribuibles al ejecutivo o a fuerzas opuestas”.
“Hemos solicitado la constitución de una Comisión Antimafia dentro del CSM, establecida después de 1992 pero que desde principios de la década del 2000 dejó de funcionar, la cual sería esencial para brindar apoyo a los magistrados involucrados en situaciones difíciles como la de Catania, donde, además de los fenómenos violentos, el crimen mafioso se expresa con formas insidiosas y con colusiones institucionales”.
“En conclusión, la crisis de la justicia y también la del autogobierno se ven afectadas por la crisis de representación más general de las instituciones electivas, pero no pueden subestimarse porque terminan impactando en salvaguardas que conciernen al interés de los ciudadanos y de la democracia de nuestro país”.
“Nosotros, como responsables del gobierno autónomo y antes de eso, como magistrados, primero debemos ser rigurosos con nosotros mismos, renunciar a las actitudes partidistas, a la ocupación de espacios, a las opciones preconcebidas. Debemos contrarrestar por todos los medios cualquier conducta que empañe la función. Debemos considerar a la crítica no como una amenaza, sino como una riqueza”.
“Pero, al mismo tiempo, depende de todos nosotros y, en particular de los jóvenes, determinar la capacidad de liberarnos del alcance de las limitaciones que provienen de todos los que tienen poder, externos e internos, nacionales o locales. Y recordar que el sistema de justicia en las democracias es un sistema de reglas para proteger a los más débiles, en el que todos deben poder desempeñar su papel sin preclusiones. Los acusados, para hacer valer sus derechos, los jueces y fiscales para hacer valer y promover la justicia, incluso cuando se trate de culpar al emperador y darle la razón al molinero de Berlín. Y siempre debemos recordar, para aquellos que quieren colgarse de uno de los dos platos de la balanza o silenciar a su interlocutor que, para decirlo con Sartre, si todos queremos libertad entonces estoy obligado a querer juntas mi libertad y la libertad de los demás; no puedo tomar a mi libertad como un fin si no tomo como un fin a la libertad de los otros”
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*Foto de Portada: © Imagoeconomica