Por Giorgio Bongiovanni y Aaron Pettinari-21 de abril del 2020
Apenas hubo tiempo para dar la alarma sobre el riesgo de que los jefes detenidos bajo el régimen del 41 bis, aprovechando la emergencia del coronavirus, pudieran salir de prisión, cuando ya se dictó la primera excarcelación.
El jefe de Uditore, Francesco Bonura, condenado definitivamente en el 2012 por asociación mafiosa y extorsión a 18 años y 8 meses de prisión, detenido bajo el "régimen duro" en la cárcel Ópera de Milán, podrá regresar a su hogar en Palermo. Quien dio la noticia de la excarcelación de Bonura fue el sitio web del Espresso.
La decisión del Tribunal de Vigilancia de Milán parte de la suposición habitual: las razones de salud a las que se agrega el riesgo de infección por el Covid-19.
El juez, en una decisión de 3 páginas firmada el 20 de abril, subraya que "tal situación faculta" al magistrado "a proveer con urgencia una modificación en la ejecución de la pena". Al mismo tiempo, excluyendo el peligro de fuga, lo envió a su hogar en la capital siciliana. Aquí "no podrá reunirse, por ningún motivo, con personas con antecedentes o condenas penales", pero está "autorizado" a salir de la casa, siempre que lo necesite "por razones de salud", incluso de familiares o por "significativas exigencias familiares". Cuáles son, no se sabe.
La liberación de jefes es un leitmotiv que se ha ido repitiendo desde principios de abril. Hasta ahora había involucrado a mafiosos como el calabrés Rocco Santo Filippone, acusado con Giuseppe Graviano en el juicio 'Ndrangheta Stragista, y al jefe de Lamezia Terme Vincenzino Iannazzo, pero hasta la fecha no había sido aplicado a los del 41-bis.
Vale la pena recordar que Bonura no es un jefe mafioso de segundo nivel. Muy cercano a Bernardo Provenzano, junto con Nino Rotolo y al médico Antonino Cinà, fue uno de los puntos de referencia de la mafia palermitana después de la captura del padrino corleonés. Considerado por los investigadores con un papel importante en la gestión de la extorsión y el control de las obras públicas, fue arrestado en el 2006 en la operación Gotha, que detuvo una posible guerra de la mafia entre el grupo de Rotolo y el de Salvatore Lo Piccolo.
En los últimos días en los círculos judiciales se lanzó un grito de alarma por la existencia de un documento, fechado el 21 de marzo y enviado en nombre del Director General del Dap, Giulio Romano, a todos los centros penitenciarios italianos, en el que se invitaba a comunicar "con diligencia a la autoridad judicial, para eventuales determinaciones de competencia", el nombre de los detenidos mayores de 70 años que estuvieran afectados por ciertas patologías. La alarma se refería a la falta de referencias a la situación judicial de los detenidos.
Y hoy, precisamente el Departamento de Administración Penitenciaria, en una nota afirma que "no ha emitido ninguna disposición sobre los presos pertenecientes al circuito de alta seguridad o, incluso, sometidos al régimen previsto por el artículo 41-bis del Ordenamiento Penitenciario". Por otra parte, argumenta que el documento del 21 de marzo es "un simple monitoreo, es decir, información para los magistrados sobre el número de prisioneros en ciertas condiciones de salud y edad, incluidos los informes relacionados con la peligrosidad de los sujetos, que no tiene, ni podría tener, ningún automatismo en términos de excarcelación".
Luego concluye afirmando, como Pilatos, que "las evaluaciones judiciales sobre el estado de salud de los detenidos y su compatibilidad con la detención obviamente tienen lugar con total autonomía e independencia del trabajo de la administración penitenciaria".
Más allá de las justificaciones, tanto miserables como mezquinas, el hecho incontrovertible sigue siendo el de la circular, a la que se agregó la indicación transmitida a principios de abril por el Fiscal General de la Casación, Giovanni Salvi, a todos los Fiscales Generales de Italia en la que se sugería "la oportunidad de evaluar las diferentes opciones que la legislación vigente pone a disposición para reducir la población carcelaria", con la que los jefes vieron abrirse las puertas de las cárceles.
Valoraciones que superan incluso al decreto "Cura Italia", que intervino en el hacinamiento de las cárceles, abriendo algunas posibilidades.
Sin embargo, es evidente que algo no funciona si los jefes de las masacres también obtienen ciertas concesiones.
Y todo esto sucede mientras el Garante Nacional de los Derechos de los Prisioneros anuncia que "el cuadro de casos positivos en la prisión, de ayer por la noche, tanto en lo que respecta a la población carcelaria (con una ligera disminución) como en lo que respecta al personal, es estacionario".
Ayer habíamos escrito que, si se abrieran las puertas de la prisión para los perpetradores de las masacres de Capaci y vía d'Amelio, esa hubiera sido la demostración de que la tratativa entre el Estado y la Mafia ha tenido éxito. Hoy las dudas parecen desaparecer.
Al igual que en el momento de la tratativa y de las masacres, en estos meses en el interior de las cárceles hubo cierto fermento e inquietud. Ayer, también el jefe de Brancaccio, Giuseppe Graviano, en el juicio 'Ndrangheta Stragista, expresó su inquietud.
Por las mismas razones que a principios de marzo habían provocado los enfrentamientos en las instituciones penales.
Interrogado por ilfattoquotidiano.it, el consejero superior del CSM, Nino Di Matteo, dijo en términos inequívocos que, con estos comunicados "el Estado está dando la impresión de haberse doblegado a la lógica del chantaje que inspiró las revueltas. Parece haberse olvidado y archivado para siempre la época de las masacres y de la tratativa Estado-Mafia".
La última excarcelación podría conducir a nuevos casos.
La lista de jefes que vuelve a soñar con "las alas de la libertad" por "incompatibilidad carcelaria" es del más alto nivel: desde Leoluca Bagarella hasta Benedetto "Nitto" Santapaola, pasando por los 'ndranghetistas Umberto Bellocco y Pasquale Condelloy el camorrista Raffaele Cutolo.
Lo que no pueden negar los representantes del Dap, del Gobierno o de cualquier otra institución, es que el hecho es uno solo: los jefes del 41bis se van a casa.
Así se traiciona a mártires como el general Carlo Alberto dalla Chiesa, los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino y todas las demás víctimas de la mafia. Una bofetada en pleno rostro a su sacrificio. Mientras, los jefes vuelven a "brindar".
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*Foto de Portada: © Imagoeconomica / Al arresto domiciliario, Francesco Bonura, coronel de Provenzano