AGUAS TURBIAS EN MENDOZALunes 21 de noviembre de 2011
Preocupan las denuncias de irregularidades sobre el uso racional de un recurso estratégico para el desarrollo
Sólo el 3 por ciento de la superficie de la provincia de Mendoza es habitable gracias a los oasis generados por sus habitantes en medio de desiertos y montañas. Queda claro entonces que el agua es su recurso vital para asegurar la subsistencia y el progreso de su población.
Ya en 1916 la Constitución provincial definía al agua como un recurso estratégico para el desarrollo provincial. Y para su mejor uso y cuidado fue creado el Departamento General de Irrigación, cuyo presidente y consejo de cinco miembros deben contar para su elección con acuerdo legislativo, y duran en sus cargos un período que excede a los de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para destacar su carácter autónomo de los gobiernos de turno y de las políticas partidarias.
Para dar una dimensión de la importancia que los mendocinos otorgan al titular de este organismo, es conocido como "el gobernador del agua".
Por su parte, las autoridades locales de Irrigación, que controlan la distribución del agua, son elegidas por el voto de los regantes, en lo que podría considerarse una "democracia natural" que ni siquiera se interrumpió durante los gobiernos de facto. Es decir que si existe una política de Estado permanente en esta provincia, es la que se refiere al uso del agua.
Sin embargo, en la última designación de las autoridades de Irrigación hace cuatro años se rompió con esta secular tradición, al designar a sus autoridades sobre la base de correlaciones partidarias de fuerza.
Con el transcurso del tiempo, crecieron serias dudas en torno al manejo del organismo en virtud de una serie interminable de denuncias sobre la indebida administración del agua y el uso discrecional de recursos en perjuicio de usuarios legítimos y agricultores, como, por ejemplo, otorgando permisos de uso de agua, permisos y concesiones de agua subterránea y autorizaciones para sacar agua de ríos con toma directa. Las denuncias ponen énfasis en diversas irregularidades en la autorización de la construcción de pozos de agua mediante decisiones que -por haber eludido los criterios técnicos que establecen las normas en la materia- resultan arbitrarias al determinar quiénes son los escogidos para acceder al beneficio del agua y quiénes no, abriendo un margen de sospechosas discrecionalidades que agobia a la sociedad mendocina en su conjunto.
En los últimos días, la situación llegó a un grado tal que el superintendente general de Irrigación, el propio "gobernador del agua", está siendo sometido a un jury de enjuiciamiento para investigar esas numerosas y graves denuncias.
Los mendocinos, al haberse roto la histórica autonomía que caracterizó al organismo, muestran una grave preocupación por la posibilidad de que el juicio se detenga y la investigación nunca se realice, dada la vulnerabilidad del organismo a intereses que ya no garantizan su independencia.
Es por eso que en la semana que pasó, los sectores más representativos de la provincia exigieron, mediante un pedido expreso al jury, que la investigación se lleve hasta las últimas instancias, para que toda la verdad pueda salir a la luz. Es que Mendoza toda está estupefacta frente a lo que está sucediendo en su organismo más señero.
Los mendocinos aguardan que el jury evalúe si los actos y los procedimientos encarados por el funcionario denunciado se ajustaron a la ley, si ha causado daño o preservado la institución a su cargo o si ha cumplido con sus deberes constitucionales, legales y morales. No hay que temer que los asuntos públicos se investiguen cuando hay sospechas de irregularidades, pues la mejor manera de promover la transparencia es activar los mecanismos institucionales que despejen toda sospecha de corrupción e impunidad.
A nivel mundial el agua es cada día un bien más requerido y más escaso; por eso, su uso inteligente, medido y racional es la consigna principal de cualquier política que busque preservar en serio la naturaleza y el medio ambiente, en definitiva, la supervivencia en el planeta.
Para colaborar en esa tarea esencial, el de Mendoza es un precedente fundamental, ya que se trata de una de las pocas comunidades en el mundo donde el uso del agua se ha institucionalizado y democratizado de un modo paradigmático, lo que ha convertido a la provincia en verdadera pionera en interpretar el acceso al agua como un derecho humano.
Para dar una dimensión de la importancia que los mendocinos otorgan al titular de este organismo, es conocido como "el gobernador del agua".
Por su parte, las autoridades locales de Irrigación, que controlan la distribución del agua, son elegidas por el voto de los regantes, en lo que podría considerarse una "democracia natural" que ni siquiera se interrumpió durante los gobiernos de facto. Es decir que si existe una política de Estado permanente en esta provincia, es la que se refiere al uso del agua.
Sin embargo, en la última designación de las autoridades de Irrigación hace cuatro años se rompió con esta secular tradición, al designar a sus autoridades sobre la base de correlaciones partidarias de fuerza.
Con el transcurso del tiempo, crecieron serias dudas en torno al manejo del organismo en virtud de una serie interminable de denuncias sobre la indebida administración del agua y el uso discrecional de recursos en perjuicio de usuarios legítimos y agricultores, como, por ejemplo, otorgando permisos de uso de agua, permisos y concesiones de agua subterránea y autorizaciones para sacar agua de ríos con toma directa. Las denuncias ponen énfasis en diversas irregularidades en la autorización de la construcción de pozos de agua mediante decisiones que -por haber eludido los criterios técnicos que establecen las normas en la materia- resultan arbitrarias al determinar quiénes son los escogidos para acceder al beneficio del agua y quiénes no, abriendo un margen de sospechosas discrecionalidades que agobia a la sociedad mendocina en su conjunto.
En los últimos días, la situación llegó a un grado tal que el superintendente general de Irrigación, el propio "gobernador del agua", está siendo sometido a un jury de enjuiciamiento para investigar esas numerosas y graves denuncias.
Los mendocinos, al haberse roto la histórica autonomía que caracterizó al organismo, muestran una grave preocupación por la posibilidad de que el juicio se detenga y la investigación nunca se realice, dada la vulnerabilidad del organismo a intereses que ya no garantizan su independencia.
Es por eso que en la semana que pasó, los sectores más representativos de la provincia exigieron, mediante un pedido expreso al jury, que la investigación se lleve hasta las últimas instancias, para que toda la verdad pueda salir a la luz. Es que Mendoza toda está estupefacta frente a lo que está sucediendo en su organismo más señero.
Los mendocinos aguardan que el jury evalúe si los actos y los procedimientos encarados por el funcionario denunciado se ajustaron a la ley, si ha causado daño o preservado la institución a su cargo o si ha cumplido con sus deberes constitucionales, legales y morales. No hay que temer que los asuntos públicos se investiguen cuando hay sospechas de irregularidades, pues la mejor manera de promover la transparencia es activar los mecanismos institucionales que despejen toda sospecha de corrupción e impunidad.
A nivel mundial el agua es cada día un bien más requerido y más escaso; por eso, su uso inteligente, medido y racional es la consigna principal de cualquier política que busque preservar en serio la naturaleza y el medio ambiente, en definitiva, la supervivencia en el planeta.
Para colaborar en esa tarea esencial, el de Mendoza es un precedente fundamental, ya que se trata de una de las pocas comunidades en el mundo donde el uso del agua se ha institucionalizado y democratizado de un modo paradigmático, lo que ha convertido a la provincia en verdadera pionera en interpretar el acceso al agua como un derecho humano.