TRATA DE PERSONAS
19/02/13 - FRANCO MARTíNEZ MONT
Los mínimos avances que reporta el país en materia de cumplimento de los derechos humanos se ven lúgubremente ensombrecidos por uno de los delitos más rentables del crimen organizado transnacional: la trata de personas. Guatemala es un país geoestratégico para los países del primer y segundo mundo en cuanto al posicionamiento militar extranjero -Operación Martillo-, el comercio regional -Tlcausa y Ada-, industria extractiva y explotación de recursos naturales -Goldcorp, Xalalá y Perenco-, y desde principios de los noventas especialmente en Latinoamérica se acentúa la trata de personas, donde es importante mencionar que después del tráfico internacional de drogas y de armas, este flagelo social considerado la neoesclavitud del siglo XXI, es el ilícito más incisivo que socava la incipiente institucionalidad del Estado. La trata de personas es un delito global que está regulado en el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, adoptado en Palermo en el 2000, y es un acuerdo internacional adjunto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Según este instrumento jurídico internacional, la trata de personas es definida como el “proceso de captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
Acá es importante mencionar que este ilícito cuenta con estadísticas precarias e inconsistentes —subregistro y politización de datos—, lo cual aunado a la deficiente voluntad política de los tomadores de decisión —abordar la trata de personas desde una lógica integral—, tienen como efecto desvirtuar la calidad y coordinación de las intervenciones públicas a nivel nacional e internacional, ya que es imperativo controlar las rutas fronterizas de los países del Triángulo Norte y específicamente con México, pues son corredores obligatorios, sanguinarios y corruptos que truncan el anhelado “sueño americano” de los migrantes centroamericanos.
En Guatemala, para el 2012 se registraron alrededor de 15 mil víctimas de trata de personas, muchas de ellas producto del turismo con fines de explotación sexual de menores —Antigua Guatemala, Petén, Río Dulce, alrededor del Lago de Atitlán y en Tecún Umán, en la frontera con México—, hechos inaceptables que se reproducen con una galopante impunidad, donde es urgente desde la estatalidad fortalecer los esfuerzos de alineación estratégica entre planificación y presupuestación, prevención y cultura de denuncia, investigación criminal, acceso y aplicación de justicia.
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