ASCO A LA REALIDAD
Adrián Ventura- 14 de julio de 2011
Fito Páez, con su exabrupto contra los porteños, ayudó a desnudar y hacer visible, frente a la opinión pública, una de las características esenciales del Gobierno: su constante negación a reconocer el derecho de la oposición y de los sectores independientes a pensar distinto, a disentir y a mostrar la realidad.
Sin quererlo, Páez hizo mucho más que los medios periodísticos críticos para exponer las estrecheces ideológicas de un gobierno que se niega a dar conferencias de prensa, cercena la libertad de expresión con leyes de medios o clausuras de quioscos, manipula la publicidad o persigue judicialmente a empresarios y encuestadores que no son de su agrado.
Es incuestionable que la realidad no siempre es la que señalan la oposición o los medios independientes, pero tampoco lo es la que dibuja el Gobierno. Y, más allá de cualquier diagnóstico subjetivo o interesado, la realidad siempre termina por estallar en la cara, sea a través de brotes de inflación, desengaños de cualquier calibre o por medio del voto en las urnas, expresión esta última que es anónima pero que refleja el estado de ánimo mayoritario de una sociedad.
A primera vista, puede parecer paradójico que funcionarios o gobiernos que se autodefinen como progresistas sean quienes más buscan imponer la censura. Pero ese ismo peca del mismo vicio que los otros autoritarismos: no conciben la vida como un diálogo, sino como una verdad ideología, única y excluyente.
El Gobierno, que desde hace ocho años representa la mayoría popular, siempre negó a las minorías, a los disidentes o a los independientes el derechos a pensar distinto y a expresar sus ideas. Mejor dicho, lo pueden hacer, pero corriendo el riesgo de sufrir serias consecuencias. Eso es lo que señaló la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cuando, hace tres meses, visitó la Argentina y constató el creciente clima de intolerancia.
Por eso, en muchas ocasiones el Gobierno invocó leyes contra monopolios imaginarios, armó causas contra medios críticos y levantó los derechos humanos para arruinar reputaciones de inocentes. Y también por eso el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, persigue con multas y denuncias penales a las consultoras que elaboran índices de inflación distintos a los del Indec. Por ahora no se le ocurrió perseguir a las encuestadoras de opinión pública que pronosticaron que Daniel Filmus obtendría muchos más votos que los que logró. Pero es evidente que perseguir a los economistas y no a los encuestadores es una incongruencia.
Con este contexto político, ¿se podía esperar que Fito Páez fuera más tolerante?