UN ACTO SUPERLATIVO DE HIPOCRESIAMiércoles 31 de octubre de 2012
Por Joaquín Morales Solá | LA NACION
Casi nueve años y medio después, el kirchnerismo se notificó de los estragos del narcotráfico en el país y de s us vinculaciones con las fuerzas de seguridad. Todo eso sucede, claro está, en una provincia gobernada por una alianza opositora, Santa Fe, donde el oficialismo nacional podría salir tercero en las elecciones legislativas del próximo año.
Un kirchnerismo escandalizado por el narcotráfico es un acto superlativo de hipocresía. Ningún integrante del matrimonio Kirchner habló nunca en sus discursos públicos del tráfico de droga. Los dos suscribieron siempre la teoría de que esa cuestión es una prioridad norteamericana, no argentina. En estos años, la Argentina se ha convertido, sin embargo, en un lugar destacado en el mundo en materia de consumo y tránsito de estupefacientes.
El caso santafecino estalló cuando el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, se enteró por el diario porteño Página 12 de que su jefe de policía, Hugo Tognoli, tenía una orden de captura por vinculaciones con el narcotráfico. En rigor, esa orden de detención la firmó varias horas después de la publicación un juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros.
Las pruebas actuales habrían sido aportadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que depende de la ministra de Seguridad nacional, Nilda Garré. Antes de la decisión del juez de detener a Tognoli, ya estaba en Santa Fe un móvil de Canal 7 y el diputado Agustín Rossi, santafecino y presidente del bloque de diputados nacionales kirchneristas, ya había hecho declaraciones sobre el potencial escándalo. Sus palabras estaban, dijo, respaldadas por "lo que le habían informado en Buenos Aires".
El gobierno de Bonfatti reaccionó tarde, es cierto, después del primer síncope que le provocó la noticia. Para peor, el comisario Tognoli se fugó durante dos días. Tognoli había sido nombrado por el ex gobernador Hermes Binner y confirmado por Bonfatti. Rossi, Garré y Julio De Vido aprovecharon esas horas de vacío político en Santa Fe para formular duras críticas contra Bonfatti y la administración socialista santafecina.
Luego, la política se trasladó a la Justicia. La causa contra Tognoli fue desvaneciéndose en manos del juez Vera Barros. Las pruebas suministradas por la Policía Aeroportuaria no aportaban nada. La causa inicial era, además, vieja. Había comenzado en 2009 por denuncias anónimas.
Nadie en el gobierno de Santa Fe está dispuesto ahora a asegurar que Tognoli es inocente, ni mucho menos, pero las pruebas que se manejaron en este caso puntual, aseguran funcionarios santafecinos, no sirven de mucho para culparlo.
La mala intención del gobierno nacional quedó expuesta cuando Rossi abandonó una reunión que Bonfatti había convocado con todos los legisladores nacionales de Santa Fe. Intentaba fijar una política provincial común sobre el narcotráfico para presentarla ante el gobierno de Cristina Kirchner. Rossi se indignó porque no se permitió el ingreso de la prensa y porque el gobernador no estaba dispuesto a hacer una "autocrítica de Binner".
"Que Binner tenga que dar explicaciones sobre su honorabilidad y que Boudou no haya dado todavía ninguna explicación es un ejemplo trágico del clima de persecución que se vive", dijeron funcionarios de Santa Fe. El kirchnerismo no tuvo en cuenta ni siquiera los muchos favores políticos y, sobre todo, legislativos que le hizo el ex gobernador de Santa Fe. La gratitud no es una atributo del kirchnerismo.
El caso Tognoli podría servir para hablar en público sobre lo que se dice en privado: existe una fuerte complicidad de efectivos de todas las fuerzas de seguridad argentinas, incluidas las que dependen de Garré, con el tráfico de drogas. El problema existe en Santa Fe, donde un 10 por ciento de la población consume drogas, pero no sólo en Santa Fe.
Ni la Policía Federal, ni la bonaerense, ni la Prefectura, ni la Gendarmería podrían acusar sin autoincriminarse.
Hubo denuncias públicas e innumerables versiones que vinculan a personal de casi todas las fuerzas de seguridad, incluidas las policías provinciales, con el tráfico y consumo de drogas.
En un reciente informe de una oficina de las Naciones Unidas, se subrayó el alarmante crecimiento del consumo y tráfico de estupefacientes en la Argentina. Según ese documento, la incautación de cocaína aumentó casi ocho veces en el país entre 2002 y 2009. La cantidad de drogas incautada suele ser un medidor eficaz del tamaño del tráfico y del consumo.
Hace poco, una delegación del gobierno español estuvo en Buenos Aires para plantear el creciente tránsito de drogas que va de la Argentina a España. De hecho, enormes cantidades de cocaína salieron de Ezeiza o de aeropuertos militares y fueron decomisadas en aeropuertos de España. Son los hechos que se conocen, aunque hay muchos más que cumplieron su criminal objetivo. Ningún escáner argentino, ningún control local funcionó en ningún caso.
El narcotráfico es un problema enorme y real en la Argentina de hoy, donde se han establecido representantes y sicarios de carteles de Colombia y Perú. El creciente conflicto es, también, un grave disparador de los muy altos niveles de violencia social y de inseguridad. Nada de eso podría hacerse sin la complicidad de parte de las fuerzas de seguridad, sin la distracción de los servicios de inteligencia y sin la indiferencia del gobierno nacional. El caso Santa Fe es, por el contrario, emblemático de la frivolidad política con que se aborda el conflicto.
La estrategia electoral del gobierno nacional consiste, a pesar de todo, en reducir en Santa Fe la potencia electoral de las dos fuerzas políticas que están en el primer lugar de las preferencias sociales. Una es la alianza socialista-radical que gobierna desde hace cinco años; la otra es la figura emergente del macrista Miguel del Sel.
Según encuestas recientes, Binner le ganaría ampliamente a Del Sel, si ambos fueran candidatos a diputados nacionales el año próximo, pero el peronismo kirchnerista quedaría relegado a un tercer y lejano lugar.
El propio Rossi deberá renovar su mandato de diputado nacional en 2013. Así estaban las cosas cuando estalló el escándalo del supuesto narcocomisario. Demasiadas casualidades para ser ciertas. El narcotráfico se convirtió en una prioridad del gobierno kirchnerista sólo cuando podría servirle para acosar y derribar a otro enemigo político..
http://www.lanacion.com.ar/1522161-viene-de-tapa-un-acto-superlativo-de-hipocresia
El caso santafecino estalló cuando el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, se enteró por el diario porteño Página 12 de que su jefe de policía, Hugo Tognoli, tenía una orden de captura por vinculaciones con el narcotráfico. En rigor, esa orden de detención la firmó varias horas después de la publicación un juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros.
Las pruebas actuales habrían sido aportadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que depende de la ministra de Seguridad nacional, Nilda Garré. Antes de la decisión del juez de detener a Tognoli, ya estaba en Santa Fe un móvil de Canal 7 y el diputado Agustín Rossi, santafecino y presidente del bloque de diputados nacionales kirchneristas, ya había hecho declaraciones sobre el potencial escándalo. Sus palabras estaban, dijo, respaldadas por "lo que le habían informado en Buenos Aires".
El gobierno de Bonfatti reaccionó tarde, es cierto, después del primer síncope que le provocó la noticia. Para peor, el comisario Tognoli se fugó durante dos días. Tognoli había sido nombrado por el ex gobernador Hermes Binner y confirmado por Bonfatti. Rossi, Garré y Julio De Vido aprovecharon esas horas de vacío político en Santa Fe para formular duras críticas contra Bonfatti y la administración socialista santafecina.
Luego, la política se trasladó a la Justicia. La causa contra Tognoli fue desvaneciéndose en manos del juez Vera Barros. Las pruebas suministradas por la Policía Aeroportuaria no aportaban nada. La causa inicial era, además, vieja. Había comenzado en 2009 por denuncias anónimas.
Nadie en el gobierno de Santa Fe está dispuesto ahora a asegurar que Tognoli es inocente, ni mucho menos, pero las pruebas que se manejaron en este caso puntual, aseguran funcionarios santafecinos, no sirven de mucho para culparlo.
La mala intención del gobierno nacional quedó expuesta cuando Rossi abandonó una reunión que Bonfatti había convocado con todos los legisladores nacionales de Santa Fe. Intentaba fijar una política provincial común sobre el narcotráfico para presentarla ante el gobierno de Cristina Kirchner. Rossi se indignó porque no se permitió el ingreso de la prensa y porque el gobernador no estaba dispuesto a hacer una "autocrítica de Binner".
"Que Binner tenga que dar explicaciones sobre su honorabilidad y que Boudou no haya dado todavía ninguna explicación es un ejemplo trágico del clima de persecución que se vive", dijeron funcionarios de Santa Fe. El kirchnerismo no tuvo en cuenta ni siquiera los muchos favores políticos y, sobre todo, legislativos que le hizo el ex gobernador de Santa Fe. La gratitud no es una atributo del kirchnerismo.
El caso Tognoli podría servir para hablar en público sobre lo que se dice en privado: existe una fuerte complicidad de efectivos de todas las fuerzas de seguridad argentinas, incluidas las que dependen de Garré, con el tráfico de drogas. El problema existe en Santa Fe, donde un 10 por ciento de la población consume drogas, pero no sólo en Santa Fe.
Ni la Policía Federal, ni la bonaerense, ni la Prefectura, ni la Gendarmería podrían acusar sin autoincriminarse.
Hubo denuncias públicas e innumerables versiones que vinculan a personal de casi todas las fuerzas de seguridad, incluidas las policías provinciales, con el tráfico y consumo de drogas.
En un reciente informe de una oficina de las Naciones Unidas, se subrayó el alarmante crecimiento del consumo y tráfico de estupefacientes en la Argentina. Según ese documento, la incautación de cocaína aumentó casi ocho veces en el país entre 2002 y 2009. La cantidad de drogas incautada suele ser un medidor eficaz del tamaño del tráfico y del consumo.
Hace poco, una delegación del gobierno español estuvo en Buenos Aires para plantear el creciente tránsito de drogas que va de la Argentina a España. De hecho, enormes cantidades de cocaína salieron de Ezeiza o de aeropuertos militares y fueron decomisadas en aeropuertos de España. Son los hechos que se conocen, aunque hay muchos más que cumplieron su criminal objetivo. Ningún escáner argentino, ningún control local funcionó en ningún caso.
El narcotráfico es un problema enorme y real en la Argentina de hoy, donde se han establecido representantes y sicarios de carteles de Colombia y Perú. El creciente conflicto es, también, un grave disparador de los muy altos niveles de violencia social y de inseguridad. Nada de eso podría hacerse sin la complicidad de parte de las fuerzas de seguridad, sin la distracción de los servicios de inteligencia y sin la indiferencia del gobierno nacional. El caso Santa Fe es, por el contrario, emblemático de la frivolidad política con que se aborda el conflicto.
La estrategia electoral del gobierno nacional consiste, a pesar de todo, en reducir en Santa Fe la potencia electoral de las dos fuerzas políticas que están en el primer lugar de las preferencias sociales. Una es la alianza socialista-radical que gobierna desde hace cinco años; la otra es la figura emergente del macrista Miguel del Sel.
Según encuestas recientes, Binner le ganaría ampliamente a Del Sel, si ambos fueran candidatos a diputados nacionales el año próximo, pero el peronismo kirchnerista quedaría relegado a un tercer y lejano lugar.
El propio Rossi deberá renovar su mandato de diputado nacional en 2013. Así estaban las cosas cuando estalló el escándalo del supuesto narcocomisario. Demasiadas casualidades para ser ciertas. El narcotráfico se convirtió en una prioridad del gobierno kirchnerista sólo cuando podría servirle para acosar y derribar a otro enemigo político..
http://www.lanacion.com.ar/1522161-viene-de-tapa-un-acto-superlativo-de-hipocresia