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Y en Argentina, indígenas sufren brutal represión por denunciar actos de corrupción

Por Jean Georges Almendras-8 de febrero de 2019

Fue un martes de violencia policial. ¿Violencia desenfrenada dispuesta por el poder?.

Fue el martes 5 de febrero: en Salta, Argentina, cerca de la localidad Cachi, policías obedeciendo órdenes del gobernador  Juan Manuel Urtubey reprimieron  brutalmente a comuneros indígenas que protestaban, siendo detenidas personas mayores, mujeres y niños;  y ese mismo día, pero en Chile, en la región de Pidima, en un contexto de militarización y Estado de Excepción (con la ocupación de militares y carabineros), dos jóvenes mapuches murieron  baleados, trascendiendo en primera instancia que el episodio trágico se habría producido en un enfrentamiento entre comuneros, hipótesis que con el correr de las horas se iría diluyendo, llegándose a la conclusión que se trataría de un cobarde asesinato cometido en circunstancias que no han podido ser dilucidadas y que están bajo investigación, sin descartarse que el contexto de ocupación militar podría no ser ajena al doble atentado.

Fue un martes de violencia policial. ¿Violencia con el sello del terrorismo de Estado?.

De acuerdo a lo informado por los familiares de los jóvenes chilenos asesinados y por organizaciones mapuches de la zona, las dos víctimas fueron baleadas en la cabeza y los tiros habrían sido certeros, habiéndose identificado a los fallecidos como Jorge Mariman Loncomilla y Matías Cariqueo Loncomilla, hermanos entre sí, de la comunidad cacique José Guiñón.

De acuerdo a lo informado en La Izquierda Diario, quien habría disparado un arma contra los dos jóvenes sería una persona identificada como Fredy  Marileo Marileo, quien se encontraba en su casa cercana a un fundo en conflicto con las comunidades mapuches, en el sector Boyen Mapu, en la región de Pidima.

La localidad de Pidima se encuentra situada en un tramo entre los pueblos Ercilla y Collipulli y los jóvenes asesinados son hijos del Lonko José Cariqueo Saravia. Se pudo saber que este doble hecho de sangre tuvo lugar cuando la zona de campos y comunas se encontraba literalmente ocupada por fuerzas militares y de carabineros en el marco de una movilización de fuerzas represivas que habría sido promovida (y solicitada) por latifundistas colonos residentes de la región.

Las primeras versiones policiales apuntan a señalar que tres personas llegaron en una camioneta hasta el interior de un predio donde el custodia del dueño de casa habría repelido la agresión con los resultados conocidos.

Obviamente el episodio, precisamente por desarrollarse en un visible contexto de militarización y de conflicto con las comunidades mapuches, se torna extremadamente confuso, lo que haría compleja la investigación que desde un primer momento dio inicio la Fiscalía. Veremos que ocurre de aquí en más.

La cuestión es que consumado el doble crimen, el sabor amargo de la pérdida de ambos jóvenes mapuches ha transformado la zona prácticamente en una zona caliente, donde las tensiones se han intensificado y donde el sentimiento de indignación y de repudio se ha ido esparciendo en diferentes direcciones.

Las dudas y las interrogantes sobran, como así también las sospechas de que el atentado no fue más que un nuevo episodio de violencia ejercida contra las comunidades mapuches, lo que sin duda resulta por demás preocupante.

Y mientras en Chile desde horas del mediodía de ese martes 5 de febrero se procura aclarar la tragedia y se trata de mitigar el dolor de la familia de los dos jóvenes mapuches asesinados, en Argentina, dos días después , es decir  en la mañana del jueves 7 de febrero, se llevó a cabo una nueva represión policial contra mapuches, esta vez de la región de Tartagal, en la provincia de Salta y  en circunstancias en que varios integrantes de comunidades de departamento de San Martín realizaban una protesta y reclamaban airadamente el punto final de corrupciones dentro del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS). El saldo de la intervención policial fue de varios detenidos y heridos.

La movilización mapuche tuvo lugar en la Ruta 34 de Salta, en la región conocida como Tartagal y los uniformados que tomaron participación habrían respondido ( una vez más) a órdenes dispuestas por el gobernador Juan Manuel Urtubey. Al respecto debemos recordar que ya el martes 5 de febrero en horas matutinas, también policías que acataban órdenes de Urtubey, reprimieron brutalmente a comuneros indígenas que reclamaron que sus tierras sean respetadas, pregonando con carteles y a viva voz que no se estaba cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 21.160 (en plena vigencia) sino que por el contrario se estaba favoreciendo a una empresa privada para construir allí un proyecto bodeguero, en el marco de negociados y violaciones de las normas jurídicas vigentes. Esta represión, como en el caso de lo acaecido en Tartagal, dejó un  saldo de personas heridas y de personas detenidas.

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Informaciones de diarios locales y de colegas de La Izquierda Diaria dieron cuenta que las comunidades reprimidas están integradas por indígenas wichi, chorote, tobas y otras étnias originarias. Uno de los pilares de la protesta se relaciona directamente con la denuncia de malversaciones de fondos del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta.

“Hay gente que vino de Santa Victoria a reclamarle a los vocales del Ippis, que representan a diferentes etnias y comunidades, y estos les responden que se vuelvan a Santa Victoria dándoles a cambio un dinero para comprarlos”, fue la denuncia de un comunero de nombre José, miembro de una de las comunidades participantes de la protesta y víctima de la represión.

Se pudo saber – también así lo consigna La Izquierda Diario- que la represión sobrevino cuando los comuneros movilizados pretendieron acceder a la ruta 34 con la idea de cortar uno de los carriles de tránsito vehicular.

Varios testigos de la represión, afirmaron a periodistas que se hicieron presentes en el lugar, que al menos unas ocho personas fueron detenidas, entre mujeres, niños y ancianos los cuales fueron brutalmente golpeados por los policías actuantes. Se vieron escenas en las cuales policías arrastraban a hombres y mujeres por el piso hasta los camiones. El saldo de personas heridas fue notorio, existiendo registros gráficos de las víctimas de la represión.

Por último trascendió que los pueblos originarios en su legítima protesta denunciaron un entramado de corrupción en el IPPIS, exigiendo además el retiro de las autoridades vigentes del Instituto, que incluso habrían actuado con la complicidad de las autoridades anteriores.

¿Solo porque se trata de pueblos originarios se debe dudar de esas denuncias, se debe responder con indiferencia y peor aún, se debe criminalizar el reclamo apelando al uso de la fuerza policial, con métodos represivos contra personas desarmadas?

¿En qué mundo vivimos? debemos hacernos la pregunta por enésima vez, a riesgo de infartarnos ante tanto despliegue de autoritarismo y de inmoralidad existente en filas de la gobernación de la provincia de Salta  y de instituciones en la que  sus autoridades (si se corroboran las denuncias aludidas)  cometen delitos incalificables, obviamente dentro de un marco de impunidad no menos criminal.

Los hechos están planteados. Los hechos no quedaron en la nada, porque salieron a la luz pública y siguen saliendo en la medida que las represiones pululan como hierba mala y como el veneno de una sociedad que se encuentra expuesta a las corrupciones que se ejercen desde sitiales de poder y desde ámbitos donde la criminalidad se viste de legalidad y de ética, y de Estado. Una legalidad y una ética falsas. Falsas de verdad.

Pero lo que no es falso, y sí es palpable y real, es que los pueblos originarios siguen soportando las consecuencias de la maldad del hombre blanco.

Lo que me hace avergonzar de ser blanco

¿ Y a usted lector no le ocurre lo mismo?

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*Foto de Portada: www.laizquierdadiario.com

*Foto 2: www.laizquierdadiario.com 

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