Por Giorgio Bongiovanni y Aaron Pettinari - 4 de abril del 2020
La muerte del jefe de Cosa Nostra Vincenzo Sucato, de más de setenta años, arrestado en diciembre del 2018 como parte de la operación Cupola 2.0, el que se cree pertenece a la familia de Misilmeri, un pueblo cerca de Palermo, reabre el debate sobre el hacinamiento de las cárceles en este delicado momento de emergencia nacional. De hecho, según se supo, murió en el hospital, donde fue internado por una serie de patologías, a causa del coronavirus.
Inmediatamente, los abogados penales, las asociaciones por los derechos de los detenidos, los políticos, tomaron la posta para volver a la carga sobre el gobierno después que, con el decreto Cura Italia, ya se había expresado sobre el tema de las cárceles, previendo arrestos domiciliarios para prisioneros que tienen una condena de "no más de 18 meses, incluso si constituye una parte residual de una pena mayor", a los fines de intervenir en la situación de emergencia y evitar el hacinamiento en las instituciones penales.
También se dijo que la norma excluía a quienes cometieron delitos particularmente graves, como los mencionados en el artículo 4 bis del ordenamiento penitenciario, los malos tratos en la familia o el acoso, los que participaron en los disturbios de los últimos días y los detenidos que no tengan un domicilio efectivo y adecuado, también en función de las necesidades de protección de las personas ofendidas por el delito.
Sin embargo, hoy es noticia que Vincenzino Iannazzo, de 65 años, jefe de la pandilla homónima de LameziaTerme, involucrado en la operación Andrómeda y ya sentenciado en apelación a 14 años y 6 meses de reclusión y ahora en espera de la Corte de Casación, saldrá de la prisión de Spoleto para arresto domiciliario.
Lo ha decidido, por resolución de fecha 1º de abril, la Segunda Sección del Tribunal de Apelación de Catanzaro, reunida por videoconferencia a través de Skype, a pedido de los abogados del jefe.
El documento especifica que la medida se emitió "en relación a la compatibilidad del régimen penitenciario, respecto a las condiciones de salud, y en consideración de la actual emergencia epidemiológica", reconociendo que se trata de un "sujeto particularmente es riesgo". La decisión se tomó aunque en la actualidad no se hayan registrado en Spoleto "casos de contagio en la cárcel y el detenido esté en parte protegido al ser colocado en una celda individual".
Obviamente, las domiciliarias, a cuya concesión se opuso el fiscal general sustituto, han sido concedidas previa aplicación del "brazalete electrónico", "también en relación con la posición de jefe ocupada por el interesado".
Por lo tanto, no estaba fuera de lugar la alarma lanzada por los magistrados Nino Di Matteo y Sebastiano Ardita en el Pleno del CSM, cuando dieron su opinión sobre el decreto del gobierno. Ambos habían destacado los riesgos que se escondían detrás de la medida, calificándola de "indulto enmascarado". Un concepto reiterado incluso hoy, en la entrevista de Gianni Barbacetto para IlFattoQuotidiano: "Se hace posible la liberación de miles de prisioneros sin permitir al magistrado de vigilancia una investigación adecuada sobre quién es liberado, sin poder evaluar si existe un peligro de fuga y reiteración del delito. Se ha creado un automatismo similar al del indulto. De hecho, esto es peor. Porque al menos el indulto es una decisión de los políticos que asumen la responsabilidad. Aquí, en cambio, lo descargan formalmente a los magistrados de vigilancia, que no pueden decidir nada". Además, el consejero togado del CSM destacó "el problema de la disolución del cúmulo". "Conducirá, inevitablemente, a la concesión del beneficio de la detención domiciliaria también a los sujetos condenados por algunos de los crímenes previstos en el artículo 4 bis -había denunciado durante el Pleno- incluidos los mafiosos y los autores de asesinatos y crímenes muy graves contra la persona".
El caso de Iannazzo se convierte en un ejemplo transparente de cómo incluso a los mafiosos se les concederán sus solicitudes. Un precedente peligroso que podría desencadenar una larga serie de solicitudes de liberación. No es sorprendente que ayer, el abogado del jefe Settimo Mineo, haya presentado una solicitud de arresto domiciliario por incompatibilidad de las condiciones de salud con la detención en prisión debido a una enfermedad cardíaca hipertensiva. El anciano jefe de Porta Nuova (81 años) no es cualquiera. Fue arrestado en la investigación del caso Cúpula 2.0 que arrojó luz sobre el intento de Cosa Nostra de rearmar la comisión provincial.
Obviamente, la salud de los detenidos es fundamental, pero un Estado serio no puede permitir que ciertos sujetos pertenecientes a las asociaciones criminales que han cometido delitos atroces (asesinatos, extorsiones, corrupción, narcotráfico, masacres...) obtengan ciertos beneficios, no es admisible.
Puede ser correcto hablar sobre el sistema penitenciario, la seguridad y la salud de todos los detenidos, y también se puede discutir, en este momento tan delicado a nivel nacional, si aplicar la domiciliaria a los delincuentes que tienen que cumplir pocos años de pena y que cometieron delitos menores (los llamados "ladrones de gallinas", que roban por unos pocos euros y que por sus acciones ciertamente no ponen en peligro la permanencia de la democracia).
Pero no se puede ceder ante los que pertenecen a Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, la Camorra y la Sacra Corona Unita. No se puede evaluar la disminución del peligro social frente a sujetos que, según lo dicho por docenas de arrepentidos y sentencias definitivas, rompen el vínculo asociativo sólo en dos casos: con la muerte o colaborando con la justicia.
Ni siquiera la tan largamente deseada "disociación" determina una ruptura real con el vínculo mafioso.
A la luz de las recientes sentencias dela CEDH y del Tribunal Constitucional sobre la cadena perpetua, en el último año por parte de algunos jefes no han faltado cartas genéricas de ruptura, o admisiones, en las salas del tribunal, sólo de sus propios delitos, sin llamar a juicio a terceras personas, ni levantar el velo sobre los asuntos del clan. Sin, por lo tanto, ofrecer ninguna contribución para determinar la verdad.
Una actitud ambigua detrás de la cual se puede ocultar la persistente adhesión al clan.
Después de la muerte del jefe Sucato, la Cámara Penal de Palermo intervino a favor de los reclamos de los detenidos, incluso reconociendo la existencia de una correspondencia entre el director de la prisión de Pagliarelli y los prisioneros en alta seguridad. Estos últimos "hicieron múltiples solicitudes para lidiar con las consecuencias negativas que surgieron después de la legislación de emergencia adoptada por el gobierno para enfrentar la pandemia".
Una vez más, por lo tanto, volvemos a los argumentos que llevaron a los disturbios de principios de marzo, nacidos en el momento en que el ministerio había decidido suspender las conversaciones con los familiares hasta el 31 de mayo del 2020, precisamente para hacer frente a la emergencia del coronavirus. Conversaciones que no habrían sido prohibidas, sino reemplazadas por entrevistas a través de un enlace de video (Skype) o por teléfono.
Después de esas protestas, el gobierno intervino con el decreto "Cura Italia". Ya Di Matteo y Ardita habían visto el riesgo de que esa apertura a la domiciliaria se tomara como una señal de debilidad.
"Esta concesión del beneficio de la detención domiciliaria de una manera sustancialmente indiscriminada, con un procedimiento que no garantiza una evaluación significativa caso por caso -dijo Di Matteo- es aún más grave cuando se esperan estos beneficios después de la violencia, presiones que yo defino como un verdadero chantaje para el Estado. Si no son el resultado de ceder ante ese chantaje, y quiero esperar que no lo sean, corren el riesgo de aparecer como tal no sólo a los ojos de la opinión pública, sino que también se corre el riesgo de parecer que el Estado se ha rendido a los ojos de la población carcelaria y de las organizaciones criminales que organizaron esos disturbios dentro y fuera de la prisión". Y hoy reiteró el concepto, sugiriendo también una alternativa a la excarcelación: "Las instituciones ni siquiera deben dar la impresión de ceder ante el chantaje violento. Deben responder a la emergencia de salud en curso garantizando el derecho de todos a la salud, pero sin fallar y sin tener un punto débil en los objetivos de certeza de la pena. Sin un indulto disfrazado. Buscar, antes de excarcelaciones en masa, otras soluciones, como el uso de pabellones no utilizados o barracones abandonados".
Incluso el Fiscal Jefe de Catanzaro, Nicola Gratteri, entrevistado ayer por IlFattoQuotidiano, había resaltado el problema: "Durante años he escuchado sobre el hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención. Bueno: ¿por qué ningún gobierno ha hecho hasta ahora un plan para construir cuatro cárceles en Italia que puedan albergar a 5.000 personas? Basta con hacer un solo proyecto y repetirlo en cuatro lugares del país y en seis meses sería posible terminar con el hacinamiento en las cárceles. Es justo que los prisioneros tengan espacios adecuados y oportunidad de trabajar y estudiar en prisión". Y de nuevo: "Un Estado moderno y europeo no puede permitirse dar un mensaje de rendición a quienes organizaron disturbios, causaron daños a millones, usaron la violencia contra los oficiales de policía de la prisión. No puede mostrar su rendición al chantaje y recompensar la violencia. Sería, en pequeña medida, repetir lo que hizo el Estado después de las masacres de la mafia, cuando muchos mafiosos fueron sacados de la prisión dura, del 41 bis". Y a la pregunta sobre el miedo al contagio en las cárceles, también a la luz de la muerte de Sucato dijo: "En las cárceles italianas hay 19 personas infectadas de 62 mil prisioneros. Es cierto que las enfermerías especiales están preparadas para los infectados por Covid-19, pero si estos son los números, creo que podemos decir que hoy San Vittore o la prisión de la Ópera en Milán son más seguros que piazza Duomo".
Frente a los números, a pesar de las presiones cada vez más insistentes que vienen de muchos lados, la política no puede ni debe retroceder.
A los italianos se les dice, justamente, que se queden en casa. Que el Estado les diga a los jefes que se queden en la cárcel.
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