Por AMDuemila-15 de abril del 2020
Con el decreto de liquidez, lanzado por el gobierno en los últimos días, que prevé la introducción de importantes sumas de dinero garantizadas por el Estado en el circuito económico para enfrentar las consecuencias de la pandemia en el tejido de producción italiano, se corre "el riesgo de favorecer a las compañías criminales". Esta es la alarma planteada por el grupo "Area" del Consejo Superior de la Magistratura y por los consejeros togados Sebastiano Ardita (A&I) y Nino Di Matteo (independiente).
La intención de los consejeros es solicitar al Comité de Presidencia del CSM la apertura de un expediente sobre la medida. Apertura que ya habían solicitado Di Matteo y Giovanni Zaccaro (Area) en la Sexta Comisión, cuya solicitud, sin embargo, fue rechazada. Ambos señalaron, de hecho, que la disposición reglamentaria "no contiene ningún mecanismo para excluir de los beneficios a las compañías relacionadas con personas involucradas en procesos criminales o que han denunciado condenas o son investigadas por delitos contra la administración pública y fiscales. Tampoco permite verificar el uso real de los fondos recibidos para enfrentar la crisis vinculada a la propagación del Covid 19. Por lo tanto, se consideran "oportunas" una serie de medidas destinadas a prevenir "fenómenos, lamentablemente conocidos en la historia judicial del país, de malversación de fondos públicos o concurrencia ilícita de compañías ilegales, respecto a las cuales la intervención de la autoridad judicial es necesariamente posterior". Como la obligación de "examinar los antecedentes penales de quienes ocupan roles relevantes en las compañías que solicitan recibir la financiación, a los fines de excluir a quienes han sido condenados por delitos del crimen organizado, delitos contra la administración pública y delitos fiscales, así como propuestas para la imposición de una medida de prevención personal o patrimonial". Además, se necesitan intervenciones para relacionar a la entidad del beneficio recibido con la facturación declarada en el año anterior, "para no recompensar las diversas formas de evasión fiscal" y permitir el "rastreo de los beneficios percibidos a los fines de llevar la cuenta de su uso compatible con la intención del legislador".
Para concluir, según los consejeros del CSM, se necesitan medidas que fortalezcan a las administraciones periféricas del Estado y de las agencias de control para que "puedan monitorear el destino de los préstamos".
En esta misma línea, en los últimos días, también los fiscales generales de Milán y Nápoles, Francesco Greco y Giovanni Melillo, plantearon sus dudas sobre el "decreto de liquidez", llegando además a describirlo como "peligroso", ya que existiría el riesgo de que los préstamos estatales a las empresas pudieran terminar, sin demasiada dificultad, en los bolsillos de las mafias.
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*Foto de Portada: © Imagoeconomica