UN AÑO CON VARIOS ESCÁNDALOS PARA LA POLICÍA FEDERAL
Desde el 1° de enero, 300 uniformados fueron pasados a disponibilidad, según fuentes oficiales
Gabriel Di Nicola
Una investigación dejó al descubierto una presunta asociación ilícita integrada por uniformados de la comisaría 49a. Un fiscal federal denunció connivencia entre narcotraficantes y policías en una causa judicial en la que hay nueve integrantes de la fuerza imputados por apremios ilegales. Además, un subinspector y un agente están presos, procesados por secuestros extorsivos. 
Todos estos hechos ocurrieron este año y golpearon la imagen de la Policía Federal. Desde el 1° de enero pasado y hasta ayer, según fuentes oficiales, 300 uniformados fueron pasados a disponibilidad.
"La Policía Federal es una de las pocas instituciones con autocrítica y autocontrol. No se protege a nadie", argumentó a La Nacion un alto jefe de la fuerza federal de seguridad.
En promedio, según los voceros consultados, en los últimos años fueron pasados a disponibilidad 250 policías cada 12 meses. Entre los 300 policías en esta situación, en 2010, están los cinco uniformados separados por su participación en el violento desalojo del martes pasado en Villa Soldati.
En agosto pasado, el ministro Julio Alak había dicho: "Cada vez que se ha detectado alguna irregularidad, ha sido la Superintendencia de Asuntos Internos la que ha hecho la denuncia correspondiente. Se ha depurado bastante. Es la propia fuerza la que investiga". La respuesta del ministro fue la consecuencia de la preocupación de funcionarios judiciales por el aumento de casos de corrupción en la Policía Federal. Hubo episodios en los que fiscales federales, ante el poco avance de las investigaciones, decidieron delegar las causas en otras fuerzas de seguridad, como la Gendarmería o la Prefectura Naval.
Una investigación del fiscal de Instrucción José María Campagnoli terminó con el desplazamiento de la cúpula de la comisaría 49a. por integrar una asociación ilícita que, entre otros delitos, exigía dinero a comerciantes de Saavedra y de Villa Urquiza a cambio de seguridad, brindaba protección a delincuentes y "liberaba zonas". La causa se inició por la denuncia de un cabo primero de la Policía Federal cansado de ver actos de corrupción en la seccional en la que trabajaba.
En tanto, el juez Mariano Scotto tiene a su cargo otra causa sensible en la que se investiga a nueve uniformados de la Policía Federal acusados de apremios ilegales.
Entre los imputados hay una oficial ayudante acusada de obtener una confesión de un sospechoso a través del paso de corriente eléctrica con una picana portátil. Fuentes judiciales explicaron que antes de tomar una decisión sobre la situación procesal de los sospechosos, Scotto ordenó una serie de medidas de prueba.
El viernes pasado, el juez federal Norberto Oyarbide procesó con prisión preventiva al subinspector Mariano Comello Potes, de la comisaría 23a., y al agente Gastón Aragón, de la seccional 28a., acusados de haber participado del secuestro de un joven peruano por el que cobraron un rescate de 10.000 pesos.
Otros dos agentes están prófugos. Además, los suboficiales Cristian Pérez, de 32 años; Claudio Rodríguez, de 27, y Sebastián Ibáñez, de 24, serán enjuiciados acusados del delito de extorsión.
El hecho fue investigado por el fiscal Campagnoli. Según el requerimiento de elevación a juicio firmado por el representante del Ministerio Público, los uniformados les sacaron dinero a dos jóvenes que conversaban en la puerta de una iglesia de Saavedra a cambio de no llevarlos detenidos.
Sábado 11 de diciembre de 2010
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1332753