MONNER SANS PRESENTÓ LA CUARTA DENUNCIA CONTRA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA POR ACTOS IRREGULARES
El abogado Ricardo Monner Sans, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, realizó la cuarta presentación ante el Juzgado Nº 10, Secretaría Nº 19, por “actos irregulares” que se habrían cometido en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y que “obligan a profundizar un trabajo de investigación y eventual reproche que no puede ser parcializado”.
Se trata de la cuarta denuncia en el expediente Nº 1760/10 que tramita en ese Juzgado y en esta oportunidad es por la contratación directa Nº 138 para la refacción del 1er. piso de Balcarce 186, a los fines de la centralización de las mesas de entrada y atención al público, por un monto de 2.695.000 pesos y que se adjudicó a la empresa Clamaco SA. En la presentación judicial a la que accedió ANALISIS DIGITAL, el abogado se manifestó “convencido” de que “son demasiados los actos ilícitos que ocurren dentro de un mismo organismo estatal” y reclamó una “investigación integral” de todas sus denuncias, ya que “es la única que puede llegar a evidenciar la severa presunción en punto a la existencia de una asociación ilícita”. En el escrito al que accedió ANALISIS DIGITAL, al explicar esta cuarta presentación, el abogado manifestó: “Me he convencido que son demasiados los actos ilícitos que ocurren dentro de un mismo organismo estatal, como para desglosar cada una de las presentaciones y lesionar la posibilidad de la investigación integral. Integral investigación que es la única que puede llegar a evidenciar la severa presunción en punto a la existencia de una asociación ilícita”.
Además, resaltó que “el expediente por el que se tramitó la aludida contratación no se encuentra disponible, al igual que los demás de la “misma naturaleza”. Por razones que se ignoran los conserva bajo llave el Director de Compras y Contrataciones, Tte. Coronel Jorge Omar Alfonso. Por esta razón la documentación que se agrega fue extraída del sistema informático en el que se tramitan obligatoriamente las contrataciones, y se registra contablemente la ejecución presupuestaria del gasto y que se encuentra incorporada, con la firma de los funcionarios intervinientes, en el expediente administrativo. Este sistema informático se denomina SLU (sistema local unificado) y funciona interconectado con la Secretaria de Hacienda. En la aludida Secretaría se registra en forma centralizada la ejecución del gasto de toda la Administración Pública”.
El abogado, reconocido por materializar denuncias públicas y judiciales de resonantes hechos de corrupción de los gobiernos de Carlos Menem y Néstor Kirchner, realiza un detallado análisis de los hechos que se sucedieron a raíz de esa contratación.
A continuación se detallan los párrafos más relevantes:
“Si la contratación tiene como sustento la Ley de Obras Públicas, que evidentemente es el que corresponde al caso en cuestión por tratarse de una refacción edilicia, no correspondía la intervención previa de la SIGEN a los efectos de la determinación del Precio Testigo (Art, 2do de la Res, SIGEN Nº 79 del 5/8/05).
“¿Por qué, la Administración encuadró ilegalmente la obra aludida en el punto 3 bajo el régimen de contratación de Bienes y Servicios reglado por el Dto Nº 436/00, y por ende remitió la tramitación a la SIGEN a los efectos de la determinación del Precio Testigo?. La SIGEN –beneficiaria de un automóvil según quedó dicho en otra oportunidad- debió rechazar la solicitud manifestando que, por tratarse de una Obra Pública, no correspondía su intervención. ¿Por qué no lo hizo?
“Debió la Administración reencauzar el trámite, encuadrándolo en las disposiciones de la Ley Nº 13064 y ajustarse por tanto a sus disposiciones.
“Tanto que el encuadre legal de la contratación corresponda a una Obra Pública o a una contratación de Bienes y Servicios, el principio general es la Licitación Pública o, eventualmente, si el monto es menor a $ 300.000, debe recurrir a la Licitación Privada. Este principio solamente es soslayable en determinados supuestos previstos de manera taxativa, uno de ellos es LA URGENCIA.
“El caso que motiva esta nueva presentación judicial, es propio de la contratación por la Ley de Obra Pública no correspondiendo su encuadre en el régimen establecido por Dto Nº 436/00. Tampoco se advierte cual es la razón de urgencia (refacción de mesas de entrada). En consecuencia –quedó dicho- la SIGEN debió haber procedido al rechazo de cómo se venía tramitando el caso. Por el contrario la SIGEN habilitó al Ministerio a proseguir el trámite con encuadre en el Dto Nº 436/00, aceptando el encuadre por urgencia de la contratación de una refacción edilicia para unificar mesas de entradas… Tan groseramente evidente es lo que se viene relatando, que cabe saltear cualquier adjetivación.
“¿Es exacto que a partir de la designación como titular del Máximo Órgano de Control del Gobierno Nacional del Dr. Daniel Reposo, el Ministerio de Economía paso a tener una “situación privilegiada” ante la SIGEN? El Dr. Reposo fue designado titular de la SIGEN a propuesta de Boudou, de quien dependiera en su paso por la ANSeS, con el cargo de Gerente de Control de Prestaciones
“Habrá que estudiar los tiempos que normalmente demora la SIGEN para la emisión del informe de Precio Testigo –históricamente-más de un mes, frecuentemente entre dos a tres meses. En la actualidad, cuando el requerimiento proviene del Ministerio de Economía, el informe demora pocos días, a veces pocas horas.
“¿Hay una especial relación que podría explicar la posible ilegalidad bajo la cual se tramitan irregularmente muchas de las contrataciones, en particular las que corresponden al ámbito de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía? ¿Puede inferirse que los precios testigo “se acomodan a determinadas necesidades”? En tal caso, ¿necesidades de quién o de quiénes?
“Tampoco se advierte, independientemente del incorrecto encuadre en las normas de contratación correspondientes, la razón de urgencia invocada para eludir la licitación pública. Igual procedimiento se habría utilizad en la tramitación irregular de otras contrataciones que aún no salieron a la luz.
“El caso de la compra de autos de alta gama y de artefactos de iluminación, entre otros, hace suponer un “modus operandi” delictivo que cuenta con el beneplácito de la SIGEN. ¿Por qué ese beneplácito?
“Debe recordarse que al llegar al Ministerio de Economía, Boudou y Benigno Velez desplazaron inmediatamente de sus puestos a los funcionarios de carrera de las distintas áreas dependientes de la Secretaría Legal y Administrativa, funcionarios que habían ganado sus cargos por concurso. Fueron reemplazados significativamente por otros. ¿Ese actuar fue casual o –por el contrario- funcional respecto de lo que se viene investigando y planteando a V.S.? Porque, significativamente, a partir de ese momento, la gran mayoría de las contrataciones se tramitan como Contratación Directa, o por el aún peor procedimiento de “reconocimiento de gastos”, también llamado, “legítimo abono”. El llamado “legítimo abono” consiste en comprar, y después de la presentación de la factura por parte del proveedor, y ante el hecho consumado, dictar el acto administrativo de aprobación del gasto.
“Esta “singular” metodología (siempre Contratación Directa o Legítimo Abono) fue implementada por Benigno Vélez como si fuera el verdadero Régimen de Contrataciones, y es tramitado “sin vacilación” por los funcionarios de nivel intermedio, en su mayoría, recientemente designados. Este procedimiento sería de imposible aplicación, si Vélez no tuviera el “acompañamiento” del Subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial, Hernán Piotti López , y fundamentalmente del área legal dependiente del Subsecretario Legal, Horacio Diez, además de la Auditoría Interna y como ya se dijera de la SIGEN misma.
“Por decreto N° 194 del 3/2/2010 publicado en el B.O.el 4/2/2010, el PEN aceptó la renuncia del Secretario Legal y Administrativo, Benigno Vélez, por haber sido designado Gerente General del Banco Central a propuesta de Boudou. Resulta sumamente llamativo que habiendo transcurrido tres meses, aún no fue designado el nuevo titular de tan importante dependencia. No obstante sus importantes funciones en el Banco Central, ¿es exacto que Vélez concurre asiduamente al Ministerio? En su caso, ¿por qué?.
“En la actualidad los actos administrativos correspondientes a esta Secretaría que aprueban o resuelven “temas importantes”, los firma directamente el Ministro Boudou y los temas “menores”, los firma el Secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino por ser el reemplazante en la firma del Secretario Legal y Administrativo en caso de ausencia o impedimento”.
Las denuncias anteriores
La primera presentación judicial se realizó con fecha 15 de febrero de 2010, se vinculó con las conductas a mi juicio ilícitas seguidas dentro del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación respecto del modo de adquirir de la hoy Papelera Quilmes –fideicomiso que quiso salvar a Papelera Massuh, con dinero, entre otros aportes, de ANSeS (es decir, de los jubilados argentinos)- resmas de papel y artefactos eléctricos. Aporté toda la documentación obtenida para explicar el por qué de una rápida y urgente investigación.
La segunda lleva fecha del 22 de febrero de 2010, y se vinculó con la “incomprensible” compra de 19 automóviles de alta gama, por parte del aludido Ministerio a cargo de Amado Boudou. Aporté la documentación pertinente que demostraba que Guido Guidi S.A. había resultado el 22 de diciembre de 2009 el vendedor de dichos 19 coquetos automóviles por “virtud” de un acto administrativo ilegal que lleva la misma fecha: 22 de diciembre de 2009. Aporté también la documentación obtenida para explicar el por qué de una rápida y urgente investigación.
Ya allí tuve la convicción de que se estaba frente a la posibilidad de una asociación ilícita. V.S. parece no haberlo entendido así, porque mandó sortear esa segunda presentación desprendiéndose de ella.
La tercera presentación se vinculó con una fotografía tomada por la empresa Guido Guidi S.A., con motivo de haber visitado su presidente al Ministro de Economía. También aporté dicha fotografía.
Además, resaltó que “el expediente por el que se tramitó la aludida contratación no se encuentra disponible, al igual que los demás de la “misma naturaleza”. Por razones que se ignoran los conserva bajo llave el Director de Compras y Contrataciones, Tte. Coronel Jorge Omar Alfonso. Por esta razón la documentación que se agrega fue extraída del sistema informático en el que se tramitan obligatoriamente las contrataciones, y se registra contablemente la ejecución presupuestaria del gasto y que se encuentra incorporada, con la firma de los funcionarios intervinientes, en el expediente administrativo. Este sistema informático se denomina SLU (sistema local unificado) y funciona interconectado con la Secretaria de Hacienda. En la aludida Secretaría se registra en forma centralizada la ejecución del gasto de toda la Administración Pública”.
El abogado, reconocido por materializar denuncias públicas y judiciales de resonantes hechos de corrupción de los gobiernos de Carlos Menem y Néstor Kirchner, realiza un detallado análisis de los hechos que se sucedieron a raíz de esa contratación.
A continuación se detallan los párrafos más relevantes:
“Si la contratación tiene como sustento la Ley de Obras Públicas, que evidentemente es el que corresponde al caso en cuestión por tratarse de una refacción edilicia, no correspondía la intervención previa de la SIGEN a los efectos de la determinación del Precio Testigo (Art, 2do de la Res, SIGEN Nº 79 del 5/8/05).
“¿Por qué, la Administración encuadró ilegalmente la obra aludida en el punto 3 bajo el régimen de contratación de Bienes y Servicios reglado por el Dto Nº 436/00, y por ende remitió la tramitación a la SIGEN a los efectos de la determinación del Precio Testigo?. La SIGEN –beneficiaria de un automóvil según quedó dicho en otra oportunidad- debió rechazar la solicitud manifestando que, por tratarse de una Obra Pública, no correspondía su intervención. ¿Por qué no lo hizo?
“Debió la Administración reencauzar el trámite, encuadrándolo en las disposiciones de la Ley Nº 13064 y ajustarse por tanto a sus disposiciones.
“Tanto que el encuadre legal de la contratación corresponda a una Obra Pública o a una contratación de Bienes y Servicios, el principio general es la Licitación Pública o, eventualmente, si el monto es menor a $ 300.000, debe recurrir a la Licitación Privada. Este principio solamente es soslayable en determinados supuestos previstos de manera taxativa, uno de ellos es LA URGENCIA.
“El caso que motiva esta nueva presentación judicial, es propio de la contratación por la Ley de Obra Pública no correspondiendo su encuadre en el régimen establecido por Dto Nº 436/00. Tampoco se advierte cual es la razón de urgencia (refacción de mesas de entrada). En consecuencia –quedó dicho- la SIGEN debió haber procedido al rechazo de cómo se venía tramitando el caso. Por el contrario la SIGEN habilitó al Ministerio a proseguir el trámite con encuadre en el Dto Nº 436/00, aceptando el encuadre por urgencia de la contratación de una refacción edilicia para unificar mesas de entradas… Tan groseramente evidente es lo que se viene relatando, que cabe saltear cualquier adjetivación.
“¿Es exacto que a partir de la designación como titular del Máximo Órgano de Control del Gobierno Nacional del Dr. Daniel Reposo, el Ministerio de Economía paso a tener una “situación privilegiada” ante la SIGEN? El Dr. Reposo fue designado titular de la SIGEN a propuesta de Boudou, de quien dependiera en su paso por la ANSeS, con el cargo de Gerente de Control de Prestaciones
“Habrá que estudiar los tiempos que normalmente demora la SIGEN para la emisión del informe de Precio Testigo –históricamente-más de un mes, frecuentemente entre dos a tres meses. En la actualidad, cuando el requerimiento proviene del Ministerio de Economía, el informe demora pocos días, a veces pocas horas.
“¿Hay una especial relación que podría explicar la posible ilegalidad bajo la cual se tramitan irregularmente muchas de las contrataciones, en particular las que corresponden al ámbito de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía? ¿Puede inferirse que los precios testigo “se acomodan a determinadas necesidades”? En tal caso, ¿necesidades de quién o de quiénes?
“Tampoco se advierte, independientemente del incorrecto encuadre en las normas de contratación correspondientes, la razón de urgencia invocada para eludir la licitación pública. Igual procedimiento se habría utilizad en la tramitación irregular de otras contrataciones que aún no salieron a la luz.
“El caso de la compra de autos de alta gama y de artefactos de iluminación, entre otros, hace suponer un “modus operandi” delictivo que cuenta con el beneplácito de la SIGEN. ¿Por qué ese beneplácito?
“Debe recordarse que al llegar al Ministerio de Economía, Boudou y Benigno Velez desplazaron inmediatamente de sus puestos a los funcionarios de carrera de las distintas áreas dependientes de la Secretaría Legal y Administrativa, funcionarios que habían ganado sus cargos por concurso. Fueron reemplazados significativamente por otros. ¿Ese actuar fue casual o –por el contrario- funcional respecto de lo que se viene investigando y planteando a V.S.? Porque, significativamente, a partir de ese momento, la gran mayoría de las contrataciones se tramitan como Contratación Directa, o por el aún peor procedimiento de “reconocimiento de gastos”, también llamado, “legítimo abono”. El llamado “legítimo abono” consiste en comprar, y después de la presentación de la factura por parte del proveedor, y ante el hecho consumado, dictar el acto administrativo de aprobación del gasto.
“Esta “singular” metodología (siempre Contratación Directa o Legítimo Abono) fue implementada por Benigno Vélez como si fuera el verdadero Régimen de Contrataciones, y es tramitado “sin vacilación” por los funcionarios de nivel intermedio, en su mayoría, recientemente designados. Este procedimiento sería de imposible aplicación, si Vélez no tuviera el “acompañamiento” del Subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial, Hernán Piotti López , y fundamentalmente del área legal dependiente del Subsecretario Legal, Horacio Diez, además de la Auditoría Interna y como ya se dijera de la SIGEN misma.
“Por decreto N° 194 del 3/2/2010 publicado en el B.O.el 4/2/2010, el PEN aceptó la renuncia del Secretario Legal y Administrativo, Benigno Vélez, por haber sido designado Gerente General del Banco Central a propuesta de Boudou. Resulta sumamente llamativo que habiendo transcurrido tres meses, aún no fue designado el nuevo titular de tan importante dependencia. No obstante sus importantes funciones en el Banco Central, ¿es exacto que Vélez concurre asiduamente al Ministerio? En su caso, ¿por qué?.
“En la actualidad los actos administrativos correspondientes a esta Secretaría que aprueban o resuelven “temas importantes”, los firma directamente el Ministro Boudou y los temas “menores”, los firma el Secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino por ser el reemplazante en la firma del Secretario Legal y Administrativo en caso de ausencia o impedimento”.
Las denuncias anteriores
La primera presentación judicial se realizó con fecha 15 de febrero de 2010, se vinculó con las conductas a mi juicio ilícitas seguidas dentro del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación respecto del modo de adquirir de la hoy Papelera Quilmes –fideicomiso que quiso salvar a Papelera Massuh, con dinero, entre otros aportes, de ANSeS (es decir, de los jubilados argentinos)- resmas de papel y artefactos eléctricos. Aporté toda la documentación obtenida para explicar el por qué de una rápida y urgente investigación.
La segunda lleva fecha del 22 de febrero de 2010, y se vinculó con la “incomprensible” compra de 19 automóviles de alta gama, por parte del aludido Ministerio a cargo de Amado Boudou. Aporté la documentación pertinente que demostraba que Guido Guidi S.A. había resultado el 22 de diciembre de 2009 el vendedor de dichos 19 coquetos automóviles por “virtud” de un acto administrativo ilegal que lleva la misma fecha: 22 de diciembre de 2009. Aporté también la documentación obtenida para explicar el por qué de una rápida y urgente investigación.
Ya allí tuve la convicción de que se estaba frente a la posibilidad de una asociación ilícita. V.S. parece no haberlo entendido así, porque mandó sortear esa segunda presentación desprendiéndose de ella.
La tercera presentación se vinculó con una fotografía tomada por la empresa Guido Guidi S.A., con motivo de haber visitado su presidente al Ministro de Economía. También aporté dicha fotografía.