18/04/2010 - Estuvo al frente de la provincia durante la dictadura, entre 1976 y 1978 Investigan al ex gobernador Rubén Di Bello por la venta irregular de t
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El ex gobernador de facto de Entre Ríos Rubén Daniel Di Bello, un brigadier retirado de 83 años, podría ser llevado a la Justicia por la venta irregular de tierras fiscales que concretó durante su administración. Se trata de 13 mil hectáreas ubicadas en las islas Las Lechiguanas, en el departamento Gualeguay. Di Bello, quien hace quince días rompió el silencio para hablar de lo que fue su gobierno durante el período más duro de la dictadura militar, firmó un decreto en 1978 por el cual enajenó tierras de dominio público sin seguir los pasos legales previstos para desafectar bienes de la provincia. Por eso, si bien ese extensísimo predio fue vendido, y comprado y pagado por un particular, su propiedad está en dudas: los dictámenes oficiales de la administración del gobernador Sergio Urribarri dan cuenta que al no haber sido escriturados, se mantienen bajo propiedad del Estado entrerriano.
Pero para hacer valer esos derechos, la provincia deberá entablar una demanda judicial. De ese modo, Di Bello volverá a estar frente a un juez: ya lo hizo en 2009 cuando fue citado a prestar declaración testimonial en el marco de la Causa Area Concordia que se tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay que investiga la desaparición de personas durante la última dictadura militar.
El caso saltó a la luz por un hecho fortuito: un particular, Daniel Rey, socio gerente de la firma Agencia Marítima El Hauar, con domicilio en San Lorenzo, Santa Fe, inició en julio de 2009 un trámite ante la Dirección de Tierras Fiscales de la provincia con el fin de pedir en usufructo una franja costera de 100 metros de ancho por 1.000 de largo, sobre la margen del río Ibicuy, para construir un atracadero de barcazas en un sector insular de Las Lechigunas que forma una especie de península, en el sector que para los planos catastrales está identificado como F Sur.
El pedido abrió una investigación para determinar la situación fiscal del predio, su ubicación y estado de ocupación. El lote solicitado en “tenencia precaria” por el empresario forma parte del paquete de tierras fiscales puestas a la venta por el gobierno de Di Bello a través del Decreto 2.319 del 10 de julio de 1978. Un primer dictamen, firmado por Pablo Bonato, asesor legal de la Dirección de Administración de Tierras Fiscales, apunta que el predio forma parte de una superficie mayor adjudicada en aquella operación inmobiliaria a la firma Florizú SRL, a través del Decreto 1.084 del 9 de abril de 1979. Aunque con una peculiaridad: si bien el gobierno provincial autorizó su venta, nunca fue escriturado por los privados, y por lo tanto sigue bajo dominio público.
Así, el abogado Bonato concluye que la venta producida por Di Bello desatendió lo dispuesto en el Código Civil –toda enajenación de tierras de dominio público debe estar amparada en una ley del Congreso Nacional– y por tanto considera que el Decreto 2.319 “es inconstitucional” y por eso mismo recomienda “promover la declaración de lesividad”.
La abogada Alejandra Sione, asesora legal de la Secretaría de la Producción, a su vez, reforzó el criterio de que aquellas 13.037 hectáreas que Di Bello pretendió vender, y por las cuales un privado pagó, siguen perteneciendo al dominio pùblico por cuanto “a la fecha no ha sido concluido el trámite de escrituración pertinente”.
“Cuando empezamos a ver los antecedentes de la tierra fiscal que pide este señor Rey, caemos en la cuenta de que se trata de una superficie incluida dentro de una extensión mayor, 13 mil hectáreas, de la Sección F Sur de Las Lechiguanas. Esas 13 mil hectáreas habían sido vendidas por Di Bello, siendo gobernador, en 1978, por decreto”, reveló el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
Pero como no se cumplieron las formalidades que manda la ley en ese tipo de operaciones que involucra bienes del Estado provincial, lo que sigue es la sanción de un decreto, con la firma del gobernador Sergio Urribarri, que declarará lesiva aquella operación –en buen romance, la nulidad–, con una formal denuncia ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). De ese modo, la Provincia podría recuperar para el dominio público las 13 mil hectáreas que Di Bello privatizó en 1978, aunque antes mediará la apertura de una causa judicial que llevará al ex gobernador de facto a los tribunales.
Planteada así la situación, deberá obligadamente salir del ostracismo que se autoimpuso en las últimas décadas el brigadier retirado nacido en Buenos Aires pero que, concluida su gestión en la Provincia, decidió permanecer residiendo en Paraná. Aunque de su paso por la administración no guarda buenos recuerdos, según se lo confesó hace quince días al semanario Análisis. “No debía haber aceptado la Gobernación cuando ya estaba retirado”, dijo.
Depuesto el gobernador constitucional Enrique Tomás Cresto, luego del golpe de Estado de 1976 asumió la gobernación de Entre Ríos el coronel Juan Carlos Ricardo Trimarco, aunque durante un brevísimo período, ya que pronto le dejó el mando de la Provincia a Di Bello, un miembro de la Aeronáutica que se había retirado del servicio activo un año antes, en 1975, y que hasta aquí no ha sido salpicado por las causas judiciales que investigan crímenes de lesa humanidad.
Una historia de conflictos y negocios
Las islas Lechiguanas, una gran masa insular ubicada en la zona del Delta del departamento Gualeguay, han estado en los dos últimos siglos envueltas en polémicas y han también sido el eje de fuertes disputas de poder.
El nombre de las islas deriva de un vocablo quechua, lachiguana, que designa a una avispa que produce miel. Su formación es producto de los sedimentos depositados por la corriente del río Paraná, y su tamaño y formas mutan en función de la altura del río, y los caprichos de su caudal.
Las islas conforman una superficie de 250 mil hectáreas, frente a la ciudad bonaenrense de San Nicolás de los Arroyos, delimitadas por el río Paraná al sur y por uno de sus brazos al noroeste, el río Paraná Pavón, el cual luego de recibir las aguas del río Gualeguay toma el nombre de río Paraná Ibicuy, que constituye el límite noreste, convergiendo luego con el cauce principal del Paraná.
En 1888 su posesión abrió un enfrentamiento entre las provincias de Buenos Aires y de Entre Ríos. La primera dictó una ley por la cual ordenó mensurar las islas y ponerlas a la venta. Una vez conocida la medida, el gobierno de Entre Ríos reaccionó y efectuó un formal reclamo en 1891, considerándolas territorio de su jurisdicción.
Pero como las fuerzas policiales bonaerenses ya estaban apostadas en territorio entrerriano para llevar a la práctica la subdivisión de las tierras para su posterior venta, fue necesaria la intervención del Gobierno nacional en el entredicho.
El presidente Roque Saenz Peña pidió el retiro de las fuerzas de Buenos Aires y se abrió una instancia de negociación, en 1898: Entre Ríos designó como negociador a Enrique Carbó, y Buenos Aires, a Federico Pinedo. Pero aunque finalmente se determinó la jurisdicción entrerriana sobre las islas, el gobierno bonaerense continuó durante los primeros años del nuevo siglo reclamándolas como propias.
Finalmente, en 1944 el Instituto Geográfico Militar establece que el límite entre ambas provincias, y se concluye que Entre Ríos tiene jurisdicción sobre las islas Lechiguanas.
Las islas volverían a ser el centro de otra polémica, ya en la década de 1970: entonces Entre Ríos tenía un gobierno de facto, encabezado por Ricardo Fabre, quien motoriza un negocio en las Lechiguanas con participación de empresarios, tendiente a conseguir el endicamiento de unas 80 mil hectáreas de modo de ponerlas a salvo de eventuales inundaciones y destinarlas a actividades agrícolas.
Así se conformó la empresa Las Lechiguanas SA que, entre otros accionistas, tenía a William Reynal, propietario de la quebrada empresa aerocomercial Austral. El acuerdo suponía que los privados explotaban la mitad de las 80 mil hectáreas, y para el Estado quedaba el otro 50 por ciento. Aunque en 1973, cuando asume el gobierno democrático de Enrique Tomás Cresto, se deja sin efecto aquella operación, que luego es retomada por el gobierno de la dictadura que da inicio en 1976.
Pero aquel proyectó se echó a perder durante la gran inundación de 1983: Las Lechiguanas SA va a la quiebra, pero durante ese proceso aquellas 80 mil hectáreas fueron vendiéndose a distintos adquirentes, entre ellos, a la familia del actual diputado nacional Francisco de Narváez, entonces propietarios de la cadena Tía, y a uno de los terratenientes más destacados en el sur de Entre Ríos, Victorio Gualtieri, que a través de la firma Deltagro adquiere gran parte del predio, publicó El Diario.
Fuente: www.aimdigital.com.ar, 18/abril/2010